Huelga de jueces (2)

Hoy se ha producido una segunda huelga de jueces y magistrados, convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), asociación mayoritaria del colectivo, pero que ha resultado menos apoyada que el paro del pasado enero.

No tiene sentido reproducir aquí los argumentos que en su momento, con motivo de las primeras movilizaciones, ya dejamos apuntadas. En resumen, que nos parece obvio que los jueces y magistrados, como otros colectivos podrían perfectamente (y sería plenamente constitucional) ver restringido su derecho de huelga si el Parlamento así lo aprobara por medio de una ley, pero que, en ausencia de una norma limitadora, es también muy complicado entender que un derecho constitucional como es el de huelga pueda quedar por vía interpretativa excluido para los jueces.

Ahora bien, esta segunda huelga sí permite apuntar una consideración adicional. Y es que, frente a los argumentos defendidos en este blog, así como por muchas otras personas, la versión más «oficial» y «oficialista» sigue sosteniendo que los jueces no tienen derecho de huelga porque «son un poder del Estado», porque «no son empleados», porque «nadie puede hacer huelga contra sí mismo» y porque «no lo tienen reconocido». Esta doctrina es reiterada desde medios de comunicación, desde el Gobierno, desde buena parte de la doctrina y, sobre todo, desde el Consejo General del Poder Judicial.

La postura del CGPJ es especialmente interesante, porque tienen la oportunidad de demostrar que no es una posición meramente retórica. Si tienen de verdad claro que los jueces no tienen derecho de huelga, los paros de hoy debieran suponer la inmediata apertura de expedientes disciplinarios. Con la movilización de enero, dado que las normas disciplinarias de los jueces entienden que sólo comete una falta el juez o magistrado que sin justificación abandona 2 días el puesto de trabajo. Esto es, que sólo con la primera huelga, en el caso de jueces que no hubieran faltado antes al trabajo, no podían sancionar. Pero, dado que desde enero hasta hoy todavía no ha prescrito la primera ausencia, una segunda, en el caso de los jueces que hayan seguido las dos huelgas, sí habría de comportar sanción caso de que, efectivamente, los jnueces no tengan derecho de huelga en nuestro ordenamiento jurídico.

El CGPJ, si efectivamente así lo entiende, debería sancionar las ausencias. Y si no lo hace está demostrando de manera mucho más reveladora que todas las declaraciones que puedan hacer en el sentido de afirmar su convicción de que la Constitución no contemploa el derecho de huelga de jueces y magistrados que, en contra del sentido de éstas, en realidad sí creen que, en ausencia de limitación contenida expresamente en una ley, no se puede pretender que los jueces carezcan de este derecho fundamental.



Huelga de jueces

Parece ya, a estas alturas, definitivo que los jueces irán a la huelga, salvo que la cosa se arregle (que no parece), el próximo 18 de febrero. Y la cosa ha dado lugar a un debate donde, como es lamentablemente habitual en estos casos, las razones que se cruzan no se sitúan exactamente en los términos deseables en toda discusión racional. Al parecer, según opinan gobierno y oposición, los jueces no tienen derecho a la huelga «porque son un poder del Estado» y además la huelga (en esto insiste más el gobierno y en especial el Ministro de Justicia) carece de sentido y no es más que una reacción corporativa a las críticas, durísimas, con las que desde la clase política, empezando por el propio Presidente del Gobierno, se acogió la decisión del Consejo General del Poder Judicial de no sancionar más que con una leve multa al juez Tirado.

En torno a estas dos ideas gira toda el debate suscitado a raíz de la «convocatoria» de las «asociaciones» de jueces, quienes básicamente niegan el argumento de que ellos, «como poder del Estado», no puedan hacer huelga no tanto negando la mayor (argumentar que un juez no es un «poder del estado», signifique eso lo que signifique y suponga lo que suponga, no es algo que precisamente sea del gusto de los jueces, vaya Usted a saber por qué) sino aduciendo que, por muy poder del Estado que sean, en un ordenamiento jurídico moderno y en un Estado de Derecho «lo que no está prohibido está permitido» (y más todavía si estamos hablando de derechos constitucioanalmente consagrados), por lo que, no estando expresamente prohibida la huelga para los jueves, hay que entenderla admitida. Por otra parte, los jueces, formalmente, aducen motivos bien diferentes al «caso Mari Luz» para ir a la huelga, que supuestamente busca reclamar contra la falta de medios de la Administración de justicia y, de paso, más jornal y menos horas (y menos control horario sobre la organización de su tiempo).

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Varia. En la luna

– A la luna… de Valencia, aprovechando la crisis, la Navidad y la plena asunción por el consenso silencioso de la sociedad española de que los inmigrantes están ahí para hacer el trabajo duro o, a ser posible, simplemente, el trabajo, mientras nosotros nos dedicamos a nuestro sólido modelo piramidal de especulación financiera o inmobiliaria en que hemos convertido le economía española, nos ha pillado a todos el impresentable incumplimiento del Gobierno respecto de la aplicación de la conocida como «Directiva de la Vergüenza«. ¿Recuerdan que el Gobierno justificaba la aprobación de la directiva como un avance alegando que no serviría para endurecer las medidas contra los inmigrantes en España sino que sólo represetaba algo bueno, en la medida en que países que no tenían límite alguno temporal al internamiento de inmigrantes iban, al fin, a tener cierto techo? ¿No? Pues parece que los medios de comunicación y la sociedad en general, tampoco. ¿De veras es ético dar esta noticia sin recordarlo, para ayudar a que la cosa pase sin dejar demasiado rastro? De eso se trata, al parecer, de que nos olvidemos. Y parece que, lamentablemente, funciona. Si este blog sirve para que, al menos, haya más gente que tenga presete la desfachatez de semejantes afirmaciones pasadas a la luz de la actual realidad, agravada por el hecho de que van a por el sector de personas más desfavorecidas y apaleadas, con menos posibilidades de defensa, jurídica y económica, frente a este tipo de agresiones, bien está. Nuestro Gobierno, amparado por el silencio cómplice y la tácita aquiescencia de casi todos, tiene un proyecto de sociedad donde la nacionalidad española (o de cualquier país occidetal) te convierte en poseedor de todo tipo de derechos, incluyendo, en ciertos casos, un generoso riego de subvenciones y en general la posibilidad de una vida más o menos cómoda… financiada por la fuerza de trabajo inmigrante a la que cada vez apaleamos jurídicamente con mayor impunidad. Porque, claro, en tiempos de crisis no vamos a ponernos melindrosos.

Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire: Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile.
¿Quiere alguien ir comprándose un terrenito en la luna? A pesar de lo que los tratados internacionales en la materia prevén para el espacio y los cuerpos celestes (un modelo de no territorialidad y la imposibilidad por parte de los Estados de hacer declaraciones de propiedad), la lógica capitalista, tocada pero no hundida tras los recientes acontecimientos, no se resiste y hay que reconocer que, por mucho que la opinión pública en los años 60 y 70 pensara de otra manera, es difícil aventurar que nuestros sistemas jurídico e institucional, construidos y sustentados en la misma, pueda hacer frente en el futuro a las consecuencias evidentes que de los mismos se deducen. Ya hay quien empieza a hacer sonar los tambores jurídicos, por cierto. Con fuerza. Por lo demás, tampoco hay que olvidar que hace tiempo que ya se venden parcelitas en la luna. Con qué grado de razón, en Derecho, ya es otra cosa (parte todo de la base, en el fondo, de que los estadounidenses tienen per se un derecho a inscribir registralmente la propiedad de cualquier tierra en el universo conocido y, por ello, basta que una persona así lo reclame para que el Derecho estadounidense y por ende el de todos los demás países, hayan de reconocerlo). Todo esto, sin embargo, tiene bastante interés de fondo, porque en última instancia permite asistir en vivo y en directo a lo que, en realidad, no es sino el nacimiento de nuestro Derecho actual y de las pautas sociales de apropiación más básicas que luego han determinado la construcción de toda nuestra sociedad. Vamos, como decía Rousseau en el conocido Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, que en efecto fue el primer ser humano que un día llegó y, sintiéndose fuerte para defender tal tesis, afirmó que un determinado trozo de tierra le correspondía por derecho el que estableció la más importante regla de Derecho conocida. Extravagante idea que, sí, justo es reconocerlo, ¿como buenos necios que somos?, todos hemos aceptado y convalidado. La cuestión es si lo aceptaremos con la luna. Que en el fondo tampoco es tan distinto, a pesar de que pueda parecerlo, a haberlo aceptado respecto de la Tierra.

En asuntos más terrenales, es enormemente interesante, como resultado de la elección de Barack Obama como Presidente de los Estados Unidos, asistir a las consecuencias que el peculiar sistema de cobertura de vacantes en el Senado o en la Cámara de Representantes está provocando. Y no se trata ya únicamente de las directamente vinculadas a cuestiones mafiosas y cómo puedan salpicar a Obama (el pobre gobernador de Illionois da un poco de pena desde la perspectiva española, ¿alguien se imagina a un presidente autonómico español teniendo que mendigar, a cambio de un nombramiento de senador o de lo que sea, que coloquen a su mujer en un consejo de administración?). Se trata, también, de si este peculiar diseño institucional funciona bien a la hora de combatir ciertas tendencias. Frente a la exhibición propagandística indirecta, que soy el primero en haber comprado con gusto, que las elecciones presidenciales de este año en nuestra Roma imperial han proporcionado sobre el modelo de allí, conviene no perder de vista estas consecuencias.

Aunque las funciones del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y el enjuiciamiento de sentencias arbitrarias que realiza en Argentina su Corte Suprema tienen muy distinto origen y una naturaleza ciertamente dispar, parece que los problemas a los que se enfrentan allí no distan mucho de los que han propiciado la reforma de la admisibilidad del amparo aquí.

Algo se mueve en China, y puede tener su importancia desde un punto de vista político y jurídico, si no a corto plazo, sí como corriente de fondo (vía Balkinization).

Por último, en los tradicionales conflictos entre intimidad y libertad de expresión, importante cambio en la doctrina del Tribunal Supremo que venía amparando el uso de cámara oculta como instrumento legítimo dentro del llamado «periodismo de investigación».

– ¿Quiere Usted montarse una Universidad? Pues que sepa que es fácil. La cosa, gracias a Bolonia, a la ANECA y a un Gobierno impresetable (o dos, en este caso, el valenciano y el estatal). La cosa, ahora, funciona como eso de los bares de copas, que uno pasa de pedir licencia y lo abre. Luego, con los años, ya la va pidiendo uno. Y si no te la dan, tampoco pasa nada. Tú sigues a lo tuyo. Tarde o temprano, si logras consolidar de hecho la situación, acabarán autorizándote. Por supuesto, igual que ocurre con el negocio de los bares de copas, un diseño institucional así favorece que el sector quede en mano de gente de la catadura moral que todos sabemos. En este caso, las enseñanzas de Medicina en Valencia se las queda el Arzobispo que inaugura estatuas de sí mismo (pagadas con los impuestos de todos los ciudadanos). Lo más triste de esta historia, alucinante, es que su final hace tiempo que se veía venir. Y lo mucho que significa sobre la destrucción orquestada por los poderes públicos del sistema público de enseñanza. Así le va, y a sí le irá, a nuestra sociedad (eso sí, con muchos inmigrantes sin derechos para hacer el trabajo sucio a los doctorsitos «que no matan» y que, como sus papás, seguirán viviendo de rentas con mucha facilidad).



Constitución española de 1978, año 30.

La Constitución española votada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 está a punto de cumplir 30 años (en términos de vigencia lo hará el próximo día 29) y la efemérides ha permitido comprobar que, a estas alturas, es tan generalizada la sensación de que su reforma es necesaria y conveniente (lo cual, como es obvio, no significa, ni mucho menos, que la reforma sea imprescindible o urgente) como la impresión de que la misma no será fácil (y que, por ello, no es previsible que se lleva a cabo a corto plazo).

Las desleídas celebraciones oficiales, desprovistas de las otrora habituales manifestaciones de emoción y comunión orgullosa en torno al texto constitucional, han dejado prácticamente sola a Victoria Prego en su labor apostólica, cada vez que se aproxima un aniversario de este tipo, con su consabida celebración del espíritu de la transición (a cuenta, esta vez, de unos adictivos vídeos), mientras los partidos políticos desertan en masa del festejo y algunos aprovechan, en medio de la incomprensión general sobre lo que ha de significar la libertad de expresión de ideas perfectamente defendibles en una democracia madura como pueda ser la defensa del republicanismo, para atacar legítima aunque severamente el pacto constitucional. En el fondo, todo esto no deja de ser un síntoma de normalidad. Una sociedad sana, con una democracia asentada y no traumatizada por el pasado reciente tampoco se recrea en exceso en alabar el pacto constitucional. Bien está, por ello, que España se incorpore a este club.

Ahora bien, especialmente interesante es que esta suerte de crisis de edad haya dado paso a un debate centrado esencialmente en la necesidad, conveniencia, urgencia y contenidos de una posible reforma constitucional, idea en torno a la cual han girado prácticamente todos los especiales conmmorativos de medios de comunicación y casi todos los comentarios de juristas que han terciado en el asunto. Y digo que es interesante porque la maduración de esta idea va en paralelo a un creciente enroque de la clase política a la hora de ponerse manos a la obra.

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Propiedad del Jefe del Estado

De entre las muy jugosas declaraciones recogidas por Pilar Urbano en su nuevo libro, me parecen especialmente interesantes, jurídicamente, las relacionadas con reflexiones sobre la naturaleza de la Monarquía que, por venir de quien vienen, es indudable que están dotadas de cierta autoritas. Quizá sobre otros asuntos pueda haber discusión, pero en lo que se refiere a la Jefatura del Estado, sin duda, no podemos negar que esta señora ha de saber de lo que habla:

«Para los republicanos, nadie tiene derechos de cuna. Ahora bien, cuando esos republicanos son ricos, o tienen un negocio, o una casa, ¡bien que dejan las propiedades en herencia a sus hijos! Coherencia, pues».

«Hassan II a mi marido intentaba tenderle trampas: ‘Ven, ven a Ceuta o Melilla, y yo te monto allí un recibimiento por todo lo alto’. Había que decirle: ‘Pero Hassan, ¿cómo vas a recibirme en unas tierras que son mías

«El Palacio Real de Atenas era mi casa mientras viví allí. (…) Donde siempre vi al rey, veo al presidente de la República. Me repugnaba estar allí (…) Tanto, que tuve un golpe de náusea física».

Sofía Margarita Victoria Federica de Glucksburgo, Reina de España. Las negritas son mías.

Por si alguien tiene alguna duda, además, la Reina confirma también que, a su juicio, nadie puede criticar o a atacar a la Monarquía sin estar por con ello erosionando gravemente la Cons-ti-tu-ci-ón (o algo así). Eso sí, nos indica que no es partidaria de denunciar a quienes los critiquen. Cierto es que, a la vista de cómo funcionan las cosas en nuestro país, tampoco es demasiado necesario, según ha quedado demostrado, que la Corona adopte un papel activo en estos asuntos.



Entrevista con Stephen G. Breyer: sobre la visibilidad de los juristas

Tras la entrevista que enlacé hace unas semanas a Antonin Scalia, un artículo de Santiago Muñoz Machado en El Imparcial me pone sobre la pista de una reciente entrevista con Stephen G. Breyer, que también forma parte en estos momentos del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos. Nombrado por Bill Clinton, su sensibilidad jurídica es bien diferente en diversos aspectos a la exhibida por Scalia, sin que ello signifique necesariamente que un modelo de juez sea el adecuado y otro, en cambio, totalmente equivocado. Ahora bien, lo que en cualquier caso resulta apasionante es precisamente este contraste y el hecho de que convivan ambas maneras de entender su función, en cuestiones nucleares, y ambas maneras de entender el Derecho, plasmándose sus diferencias en tantos aspectos concretos, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Un órgano que, precisamente, estructuralmente, está diseñado para que este tipo de debates se produzcan de esta forma.Le entrevista Jeffrey Rosen, profesor en la Universidad George Washington y habitual pluma para cuestiones jurídicas para la revista The New Republic, una de esas publicaciones serias y profundas que tienen los estadounidenses y que desgraciadamente son totalmente ajenas a la cultura española (esperemos que por poco tiempo):

Enlace a la entrevista íntegra vía Fora.tv

Unos meses antes el propio Rosen había charlado también con Stephen G. Breyer en el marco de unas jornadas. El vídeo, asimismo, está disponible en Internet:

Enlace a la entrevista íntegra vía Fora.tv

A partir de estas entrevistas, y más allá de las interesantes reflexiones que pueda suscitar su contenido (que me gustaría desarrollar en los comentarios, a partir de comentarios vuestros, y así me evito largar un rollo que espante a todo el mundo, como ocurrió con la entrevista a Scalia), me interesa sobremanera destacar el diferente trato que jueces y juristas reciben en la sociedad estadounidense y en la nuestra, así como las también evidentes distancias en la forma y manera en que ellos afrontan su función y su actuación en el seno de la sociedad. Hay un ejercicio de la responsabilidad en un plano radicalmente diferente al que encontramos en España (y esto no es algo que simplemente se perciba en días como hoy, con la reciente renovación a toque de corneta partidista del CGPJ) del que probablemente todos debiéramos aprender. Y no sólo los jueces, como se trasluce claramente de la actuación, por ejemplo, del decano de Berkeley en este vídeo (que he encontrado gracias a esa maravillosa herramienta del «related videos»), cuyas intenciones y ambiciones son absolutamente ajenas a lo que suele ser la labor de un jurista español:

Christopher Edley, dean of Berkeley School of Law, on the secret world of the Supreme Court

Feliz regreso a todos a la rutina del curso, después de un verano que deseo haya resultado estimulante y provechoso, amén de divertido e, incluso, si ha habido suertecilla, un período que haya permitido también descansar.



Entrevista con Antonin Scalia

A partir de una pista proporcionada por Daniel Sarmiento, he llegado a la entrevista que la CBS le ha hecho al juez Antonin Scalia, miembro del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de América y principal cabeza pensante del ala que podríamos denominar «conservadora» dentro de la magistratura estadounidense. Nadie puede negar a Scalia su brillantez, su pasión por el Derecho y por una determinada forma de entenderlo y de defenderlo. Tampoco puede cuestionarse su decidido y militante alineamiento con casi todas las posiciones de la derecha conservadora, algo que es sorprendente, y contradictorio, en una personalidad tan exuberante y aparentemente poco ligada a los dogmas. Al menos, así se empeña en aparecer el juez en casi todos sus votos y pronunciamientos, construidos desde una impetuosa defensa del pensamiento jurídico independiente de prejuicios y posicionamientos previos (es más, Scalia parece estar sincera e íntimamente convencido de que así es como se ha de realizar el trabajo de un juez y de que, por supuesto, él es el primero que cumple con este imperativo). Pero ya digo que la figura de Scalia, que en muchos aspectos es atractiva, quiebra cuando uno comienza a cuestionarse hasta qué punto, en efecto, nos encontramos con alguien que de verdad cumple con su propio credo. Porque, si así fuera, ¿acaso no sería razonable pensar que, aunque fuera de vez en cuando, debiera aparecer alguna nota discordante respecto del discurso político-ideológico con el que comulga? ¿O es que la Constitución de los Estados Unidos se adapta como un guante a la agenda política conservadora por lo que, en consecuencia, nada de extraño hay en que, interpretada desde el rigor, como haría Scalia, todo cuadre a la perfección, o casi, con sus propias convicciones?

En la entrevista se nos recuerda que Scalia, en realidad, no está a favor de la quema de la bandera pero no la ve inconstitucional, que está mucho más en contra del aborto de lo que lee (o, más bien, no lee) en la Constitución respecto del tema. ¿Es suficiente para que el personaje resulte más creíble? Al menos, creo, sí debiera bastar para, al menos, tenerlo más en cuenta y no limitarnos a despachar sus opiniones presumiéndolas meramente fundadas en un sesgo ideológico muy determinado.

En cualquier caso, la entrevista entera es muy recomendable, y gracias a los tiempos que corren la tenemos colgada en youtube en cuatro partes, con Scalia echándole la culpa a Gore de lo que ocurrió en Florida en las elecciones de 2000, defendiendo con uñas y dientes sus posiciones en materia de aborto y derechos civiles (restrictivas a veces, muy amplias otras, claro, de nuevo confortable y curiosamente adaptado a la cosmovisión conservadora), con una explicación de su obsesión pretendidamente contraria al activismo judicial y favorable a una interpretación originalista de la Constitución americana y, además, justificando de alguna manera las medidas de «fuerte coerción» que se han ido introduciendo, más o menos, en nuestro Derecho, ya por la puerta de atrás, ya aceptadas por buena parte de la comunidad jurídica estadounidense, estos últimos años.

Parte 1 de la entrevista (enlace a youtube.com).

Parte 2 de la entrevista (enlace a youtube.com).

Parte 3 de la entrevista (enlace a youtube.com).

Parte 4 de la entrevista (enlace a youtube.com).



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