Participación política y límites al modelo de democracia representativa español

En las dos últimas semanas he estado en dos actos de diferente naturaleza pero similar temática hablando de nuestro modelo constitucional en materia de participación política y de los límites que el modelo actual de democracia representativa, en el caso español, supone. El primero de ellos, organizado por la Coalició Compromís en el Centre Octubre de València, giró en torno a muchos temas de actualidad (las manifestaciones de los últimos meses y los diversos conflictos con la policía, la emergencia de las redes como vehículo de amplificación del espacio público….). Fue un debate muy entretenido y animado en el que, sobre todo, dijeron cosas con mucho sentido Joan Subirats (a quien siempre es un placer escuchar y que es una de las voces más lúcidas a la hora de desentrañar por dónde van los tiros en esto de las nuevas formas de participación) y Carmen Castro (activista con muchísima experiencia en redes que sabe de lo que habla). Lamentablemente, me pilló con exámenes (actividad más exigente para los profesores de lo que muchos creen) y como consecuencia de no tener apenas tiempo ni lo reseñé ni lo comenté. Un pequeño desastre porque mereció mucho la pena.

La semana pasada, en un contexto más académico (la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid) pero con un ambiente distendido, relajado y combativo, nos juntamos varios profesores para hablar de «Crisis, recorte de derechos y Estado democrático» por iniciativa de Julio González (Catedrático de Derecho Administrativo de la UCM) y de Argelia Queralt (Profesora de Derecho Constitucional de la UB). El encuentro fue de lo más intenso, con público llegado incluso desde Twitter (¡un saludo a @alfonstwr desde aquí!) y merece la pena hacer una pequeña referencia al mismo, ahora que tengo un ratito, para no cometer el mismo error del otro día. Porque como podéis comprobar simplemente echando un vistazo programa preparado, la calidad de los ponentes hizo que aprendiéramos todos mucho y que valga la pena reseñar, aunque sea por encima, algo de lo que se dijo allí.

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Fiestas populares, Fallas y estado de excepción jurídico

Valencia inmersa está de lleno desde hace ya unos días en la fiesta fallera. Locura fallera, diríamos muchos, a la vista del manifiesto descontrol en que ha degenerado la fiesta debido a la pasividad municipal (ya tuvimos ocasión de denunciar algunas situaciones el año pasado). El caso es que desde un punto de vista jurídico es interesante señalar cómo nuestro Derecho público cede ante estas situaciones con enorme facilidad. Normalmente allí donde las autoridades hacen manifiesta dejación de sus funciones, dejando a los ciudadanos a la intemperie y sometidos a la ley del más fuerte (o del más cafre) uno puede aspirar a acudir a los tribunales y que éstos remedien en algo la situación. No es el caso, empero, de las fiestas populares. Y las Fallas de Valencia son probablemente el más claro exponente de este Estado de Excepción Jurídico-Festivo, aceptado por autoridades municipales, jueces y opinión pública que consideran, por lo general, que aquél que sea molestado tiene el deber de callar y capear resignadamente el chaparrón… O emigrar por unos días (que en Valencia pueden ser, perfectamente, dos semanas).

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2012 y el festival de recortes contra la igualdad entre instalados y recién llegados

Ha comenzado 2012 y con él la catarata de recortes que, a la vista de cómo está el panorama (y con independencia de cuáles sean las razones por las que éstos se nos vienen encima), tiene pinta de ser sólo el comienzo. Como los lectores de este blog saben, nunca he sido entusiasta de la economía ladrillil-burbujística que fue monocultivo especializado en los años ye-ye y manifesté un enorme escepticismo respecto de la realidad latente en la aparente bonanza de esos años. Lo cual no quita para que, a efectos de recortar y de «redimensionar» el sector público, ahora que está todo el mundo entusiasmado con esa cantinela, signo de los tiempos, y parece que aceptamos todos como corderitos que nos vayan dando tijeretazos al Estado del Bienestar que nunca acabamos de construir en España, esté también lejos de adherirme al coro de incondicionales del sentir actual de los tiempos. No me parece que nos podamos permitir prescindir de demasiado sector público (al menos, no precisamente del que más gasto genera), con lo que habrá que pensar si unos servicios dignos, europeos, están dentro de nuestras posibilidades. Como sinceramente me da la sensación de que sí, intuyo que el problema es más bien otro: conseguir que todos tengamos claro que una cosa es que estén dentro de lo posible en un entorno rico como, más o menos, es un país como España por eso de estar en el seno de Europa y formar parte del mundo occidental avanzado y otra cosa, bien distinta, que para tenerlos hay que pagarlos. Y, a ser posible, pagar según la capacidad económica.

En todo caso, y como es obvio, el tema es complejo y tiene mucha tela que cortar. No quería hoy hablar de eso sino de algo más sencillo, más relacionado con los recortes concretos que se han aprobado e indirectamente conectado con un tema jurídico de primer nivel y de gran actualidad: la idea de igualdad y cómo la acción pública la moldea. En este sentido me ha llamado mucho la atención una serie de medidas que, englobadas todas ellas, responden a una misma idea, que no por española y tradicional deja de ser, a mi juicio, a la vez reveladora, curiosa y preocupante. Repasemos algunas de las decisiones adoptadas por el nuevo Gobierno o que promete adoptar el  el futuro (siguiendo la senda de lo que el anterior Ejecutivo ya hizo):

– Paralizar cualquier iniciativa en materia de empleo público (que si ya estaba anémico desde hace dos años ahora entra en coma) mientras, sin embargo, la promoción interna entre los que ya están dentro sigue activada a todos los niveles.

– Congelar el salario mínimo, en un marco de recortes y congelaciones generalizadas, pero del que se escapan, eso sí, las pensiones, que se revalorizan (poco, pero algo).

– Eliminar las ayudas al alquiler, pero sólo para los nuevos solicitantes (las ayudas ya concedidas siguen).

– Dejar de reconocer subvenciones por dependencia de grado medio aunque las personas que ya las tengan reconocidas seguirán disfrutando de ellas.

– Anunciar una inminente reforma laboral (recordemos en este punto que las últimas que se han producido lo han sido siempre en la misma línea, que garantizaba los derechos adquiridos de los ya contratados y reducía sensiblemente los mismos para aquellos que van a ser contratados en el futuro como medida de «incentivo para la contratación»).

Si analizamos mínimamente estas medidas, todas ellas tienen un elemento en común que casi nadie destaca y que entronca con una tradición muy española a la hora de redistribuir esfuerzos y sacrificios: dejar indemne al que «ya ha pillado» y cargar con toda la carga a los que todavía no están instalados. Ya sea en materia de pensiones (garantizadas e incrementadas incluso en los tramos más altos de renta) frente a la situación de los ciudadanos activos, ya sea en materia de contrato de trabajo (con unas nuevas generaciones que no van a disfrutar un contrato estable y con derechos en su vida mientras los ya instalados están blindados por tierra, mar y aire), ya sea incluso en la concesión de subvenciones (donde convivirán ciudadanos en una misma situación pero unos tendrán derecho legal a percibir ayudas mientras otros no simplemente porque llegan después), se trata de una tónica repetida. Y muy negativa desde todos los puntos de vista. Desde la lógica de reparto del esfuerzo (tiene mucho más sentido quitar un poquito a todos que dejar sin nada a unos para que otros continúen disfrutando de todo) pero, sobre todo, y también, desde una perspectiva de lo público y de pedagogía social. Viene a decir que a los españoles, tanto individualmente como colectivo, que lo que tenemos que hacer es blindar nuestras posiciones, llegar como sea a consolidar ciertas posiciones y derechos y, después, permitir que sean los no instalados, los no colocados, los que están por llegar, los que arreen. No tiene, la verdad, mucho sentido.

Lo más grave de todo el asunto es que esta peculiar visión de la igualdad «a la española», tan anclada en nuestro ADN, ni siquiera genera comentario algunos ya. Lo tenemos asumido. Y todos sabemos que lo que hay que hacer es «moverse» para quedar «dentro» de los agraciados. Es un país peculiar éste, donde la igualdad se tiene en cuenta dentro de grupos colectivos, pero atendiendo a factores como el temporal, el momento de llegada, sin que a nadie le parezca anómalo. Ocurre que, a este paso, los colectivos que por edad y posición pueden blindarse (y de hecho se blindan) se acabarán llevando un susto. Cuando los jóvenes productivos y formados se larguen al extranjero uno tras otro; cuando a base de mini-jobs, subempleo y sueldos donde el mileurismo ha pasado a ser una aspiración no haya manera de pagar pensiones blindadas y que tripliquen el salario de la masa trabajadora del momento; cuando las ayudas del pasado, consolidadas e irrenunciables, acaben drenando recursos esenciales porque no hay más cera ardiendo; cuando, en definitiva, un modelo basado en la desigualdad entre los asentados y los recién llegados se encuentre con que la masa de derechos, garantías, prestaciones y cantidad de destinatarios de los blindados es tan grande que no hay manera de que entre los pringados que queden se puedan hacer cargo. Y entonces, por supuesto, será tarde.



Corrupción en la España del siglo XXI

Hemos cerrado un curso en que la corrupción ha acaparado el humor social y la actividad. No es casualidad, como a nadie se le escapa, que esta omnipresencia vaya de la mano de una pavorosa crisis económica que se prolonga ya cuatro años y de la que no se avizora todavía el final. Suele ocurrir. Por ejemplo, la fase que vivió España entre 1992 y 1995, también recesiva y plagada de escándalos, repite más o menos el patrón que estamos viviendo ahora. No se trata de que en ciertos momentos haya puntas de corrupción.  Resulta obvio, en cambio, que lo que tenemos son puntas de preocupación ciudadana.

Es bueno que los ciudadanos, aunque sea periódicamente, nos ocupemos de la corrupción. Lo malo, más bien, es lo contrario: esas épocas de bonanza o de engañosas vacas gordas en las que parece casi como de mal gusto señalar ciertas prácticas y se generaliza, incluso, la percepción social de que éstas no sólo es que sean inevitables sino que pueden, llegado el caso, hasta a ser consideradas como beneficiosas, como el inevitable y deseable «engrase» que hace que la actividad económica vaya a más y mejor. Las épocas en que las cosas van mal permiten, en cambio, elevar el listón de exigencia. Aquellas en las que las cosas se ponen feas de verdad, quizás como los meses que nos pueden tocar vivir el año que viene, llegan a servir incluso, en ocasiones, para erradicar poco a poco las prácticas socialmente más destructivas. Todo es cuestión de que se hagan socialmente insoportables. Para lo cual, desgraciadamente, suele requerirse que andemos verdaderamente jodidos.

Junto a ese incremento del umbral ciudadano de exigencia derivado de que los tiempos no estén para bromas hay un elemento adicional que resulta imprescindible para poder combatir eficazmente la corrupción: identificar bien cómo, cuándo y en qué formas se produce, tratar de analizar sus causas y valorar con mesura sus implicaciones, así como el motivo de que el sistema social la haya tolerado o incluso incentivado en condiciones de normalidad. La aproximación, propia de tiempos de depresión colectiva como los que vivimos, catastrofista, generalizadora y exagerada del tous pourris! no conduce a ninguna parte, salvo a la inacción. Es, además, injusta y supone un ejercicio simplificador que conduce a plantear soluciones radicales, sencillas y habitualmente traducidas en medidas de tipo penal condenadas a la más absoluta ineficacia.

A modo de síntesis de lo que ha sido el curso político, económico y universitario 2010-2011 voy a tratar de bosquejar un mapa de actuación que permitiría declinar medidas concretas de reforma para actuar sobre los diferentes focos de corrupción propios de la España de nuestros días. Quizás el esfuerzo sea baldío, quizás peque de ingenuo o de poco informado sobre lo que se cuece en esos mundos, pero creo que vale la pena tratar de empezar aproximaciones de este estilo:

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Menos tonterías y más escuela

Mi colaboración de la semana pasada con la edición de la Comunidad Valenciana de El País versó sobre un tema clásico pero que, desgraciadamente, hay que revisitar. Porque probablemente nada más tópico y ritual, desde un cierto punto de vista, que denunciar la situación de nuestro modelo público de escuela. Y es lamentable que, quizás, me temo, suene incliso tan obvia y evidente la queja como que nada hay que hacer para arreglar el problema. Que nada se puede hacer. Mientras tanto, la degradación continua. Y en la Comunidad Valencia, de manera acelerada (los ejemplos son numerosos y se suceden a toda velocidad, el último de ellos en forma de suelo público regalado de manera infame a los empresarios, y a la Iglesia, especializados en la enseñanza privada y concertada).

La escuela pública no sólo es mejor y esencial para construir una sociedad más justa, más igualitaria y más eficiente, por mucho que las dinámicas sociales de los últimos años nos cieguen y nos hagan no darnos cuenta. Es, además, la única que permite que poco a poco una sociedad avance y se desarrolle, alcance cuotas de libertad y de pluralismo modernas y, además, logre, aunque sea en parte, igualar las oportunidades de todos.  Que algo va mal en España, mucho peor que en otros países, se ve, mejor que en ningún otro sitio, en lo mal que va la escuela pública en España. Porque la educación pública no sólo es mejor, más importante y a medio y largo plazo más eficiente. Es que, si se me permite copiar la broma de un profesor de mi Facultad, es algo más. Es la única y verdadera.

Mientras no seamos plenamente conscientes de ello las cosas no mejorarán. Pero no basta ser consciente. Porque, a día de hoy, me temo, creo que casi todos lo somos. Hay, además, que rebelarse contra el sentimiento de que, aunque la cosa dé vergüenza ajena y propia, como uno solo nada puede hacer, lo mejor es seguir la corriente general y buscar, dentro del desastre, salvar a tu familia y a tus hijos. La triste realidad española es que todo el mundo, con muy contadas excepciones, es consciente del suicidio colectivo que supone fomentar que con dinero público, de todos, se incentive la enseñanza privada. Pero las clases medias, e incluso las bajas, a pesar de ser conscientes de ello, plenamente conscientes, y de sentir vergüenza por participar en el juego, piensan que el tema no tiene arreglo. Y que, por ello, lo que hay que hacer es tratar de minimizar problemas dentro de ese contexto y, si se puede, lograr que sea a ellos y a sus hijos a quienes el Estado financie, en lugar de una escuela pública de calidad e integradora (quimera a la que se renuncia por imposible), una escuela privada, pagada por todos, pero que excluya a las clases sociales más desfavorecidas. Así el niño va con las monjitas, pero sin pagar, como si esto fuera un público. Pero sin moros, ni gitanos, ni inmigrantes (o con muy poquitos, y muy seleccionados) gracias a unos apaños infames que entre todos consentimos y alentamos. El hecho de que a nadie se le escape lo asqueroso del modelo que construimos y que a pesar de eso tenga la fuerza que tiene hace que la cosa sea más deprimente si cabe.

En fin, que allá va lo que escribí. Sin mucha esperanza de que a corto plazo vayamos a asistir a un cambio, pero con la convicción de que, al menos, hay que decir estas cosas en voz alta a ir tratando de ayudar a que cambien.

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Burka

El Senado español festejó la víspera de San Juan apoyando una moción del  Partido Popular, secundada por Convergència i Unió, que insta a la aprobación de una norma que prohíba determinadas maneras de vestir, como el burka o en niqab, en cualquier ámbito no privado, incluyendo la vía pública. Teniendo en cuenta que en el mencionado debate el PSOE presentaba una propuesta sólo levemente menos restrictiva, por cuanto si bien no entendía preciso proscribir el uso de tales prendas en la calle sí lo pretendía imposibilitar en cualquier dependencia oficial o servicio público (así como el hecho de que numerosos ayuntamientos están aprobando prohibiciones de cariz semejante con el apoyo de los concejales socialistas), podemos concluir que hay una amplia unanimidad en los representantes de los ciudadanos españoles respecto de la posibilidad constitucional, así como de la conveniencia, de prohibir determinados atuendos. Conviene dejarlo claro desde un primer momento porque, más allá de batallitas políticas, ésa esa la realidad.

Desde un plano estrictamente jurídico, hay muchas cuestiones que, a mi juicio, resultan interesantes, y que creo que conviene resaltar en medio del batiburrillo de opiniones que, en los últimos meses, venimos escuchando y leyendo, donde no suele abundar el rigor a la hora de analizar qué se puede o no hacer, en Derecho, en estos casos. Y donde tampoco abunda una hilazón lógica que permita fomentar un debate verdaderamente racional sobre el asunto (con algunas excepciones que siempre hacen muy grata su lectura y que son las que llevan a reflexionar con provecho sobre el tema). Muy sintéticamente, trataré de trazar un esquema de los pilares conceptuales fundamentales que hemos de atender ante una situación como la referida si lo que queremos es analizarla desde una óptica jurídica.

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David Souter, sobre interpretación constitucional

David Souter, que el año pasado se retiró como juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es uno de los juristas más respetados en ese país. Al mérito que cada uno le pueda otorgar por su valía como técnico del Derecho (que, en general, suele ser considerable) se une la admiración que genera una personalidad que, al menos desde la lejanía, parece absolutamente intachable. Discreto, austero, prudente, correctísimo siempre… por mucho que ello nunca le ha impedido defender con vehemencia argumental sus convicciones jurídicas. Como debe ser. Y, más todavía, si estamos hablando de un juez en una posición como la de un miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos o de nuestro Tribunal Constitucional. Frente a la cada vez más extendida tendencia a dar muchs conferencias, intervenir en los debates públicos con emisión de opiniones inevitablemente enhebradas de las convicciones políticas y de los valores de cada cual, dinámica de la que en España tenemos desgraciadamente cada vez más ejemplos, sigo pensando que ser juez requiere de una exquista prudencia. No sólo a la hora de hablar de asuntos que uno está juzgando (todavía recuerdo cómo un juez invitado por mi Facultad no hace demasiado a dar una conferencia dijo algo así como que las personas encausadas en un asunto tras una instrucción por él realizada «se iban a enterar», afirmación inmediatamente jaleada, al día siguiente por todos los medios de comunicación), sino respecto de casi cualquier otro. Es obvio, viendo cómo se comportan algunos magistrados o, por señalar dos ejemplos notables, los dos últimos presidentes de nuestro Tribunal Constitucional, que quienes así pensamos somos cada vez más una minoría. Pero quizás eso haga que tipos como Souter me caigan mejor si cabe.

El caso es que, en parte como una faceta más de ese carácter, en parte por convicción, lo cierto es que Souter ha sido también, tanto en sus días como juez como desde que dejó el Tribunal, extraordinariamente prudente y discreto incluso a la hora de expresar sus ideas sobre el Derecho y su ejercicio. Su presencia pública es u ha sido mínima y no ha tenido por costumbre hablar en público, dar lecciones sobre cómo se ha de aplicar el Derecho o participar en el debate público. Básicamente, se nota que considera que, como tenía un potentísimo instrumento para demostrar con hechos cómo entendía que había de hacerse, que eran las sentencias y sus votos en la Supreme Court, que ahí era donde debía expresarse. Y que desde sus posiciones allí expuestas debía entendérsele.

Souter ha seguido en esta línea incluso tras su retirada. Sin embargo, ha hecho una significativa excepción y ha participado en el acto de entrega de diplomas de Harvard, Universidad que a fin de cuentas fue su alma mater (tanto en el grado como en la LS). Su discurso, muy interesante, contiene una explicación de cómo entiende Souter la labor del juez constitucional, la siempre difícil y modulada tarea del intérprete constitucional. ¡Como quedaba claro en las sentencias de la US Supreme Court, no parece que Souter esté muy a favor del originalismo de Scalia! Resulta por ello muy interesante escuchar cómo un jurista moderado, prudente, siempre muy atento a mostrar la debida judicial restraint, argumenta la necesidad de ir más allá del puro texto de la Constitución. Entre otras cosas, porque es imposible hacerlo de otra manera, porque no hay más remedio. Pero conviene atender con cuidado a su exposición, pues de ello no se desprende necesariamente una voluntad de sustitución al constituyente, sino si exquisito respeto. Lo que ocurre es que, como es obvio, la interpretación de cualquier texto deja siempre posibilidades abiertas y, aun obrando con prudencia y respeto a la Constitución, ello obliga a realizar ciertos juicios que van más allá de la pura subsunción mecánica:

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