SITEL

No soy un experto en interceptación de comunicaciones. Tampoco conozco con detalle cómo funciona SITEL, pero sí creo que a estas alturas hay varias cosas que están claras:

– SITEL representa al mundo de las escuchas telefónicas lo que las descargas al consumo de música. La evolución tecnológica ha multiplicado las posibilidades y permite lograr mucho más con mucho menos, de modo más cómodo y mucho más rápidamente. No sólo escuchas la canción en la radio sino que te la bajas, la almacenas instantáneamente y, si quieres, tienes acceso a la carátul, a las letras, a la historia de la banda y a los extras del album. Desde casa y sin moverte de la silla. Bajo demanda y rapidito. Con darle a un botón.

– Básicamente, antes cuando se pinchaba un teléfono por orden del juez se interceptaba la comunicación y poco más. Ahora, una vez interceptada la comunicación se tiene acceso a otros muchos datos adicionales, incluyendo listados de llamados de cualquier teléfono (intervenido o no) o la localización geográfica del sujeto cuyo teléfono está intervenido (si es un móvil) y la de su interlocutor.

– Que estos datos sean accesibles y se puedan obtener con tanta sencillez es una consecuencia del desarrollo tecnológico, pero indudablemente afecta a la intimidad de los ciudadanos, en la medida en que amplían mucho las posibilidades de control por parte del aparato del Estado. Este incremento de la capacidad de control puede ser bienvenido (o no, o según los casos), pero lo que es obvio es que, dado que las viejas reglas constitucionales en materia de intimidad y secreto de las comunicaciones dicen que en principio las mismas están protegidas y sólo se podrá acceder a ellas por medio de resolución judicial, salvo que la sociedad lo decida de otra manera hay que entender que estamos ante una esfera muy protegida y sobre la que, para actuar invadiendo nuevas esferas de intimidad (aunque pueda estar justificadísimo) se requeriría inexcusablemente cumplir con ciertas normas y pautas de conducta jurídica.

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Debate sobre el sentido de la investigación universitaria en Derecho público

Continuando con la serie de jornadas centradas en el análisis de las Misiones de la Universidad para el siglo XXI que ya iniciamos el lunes pasado con un debate sobre Bolonia y los estudios de Derecho, mañana jueves se celebrará en la Facultad de Derecho de Valencia (Departamento de Derecho Administrativo) un debate-seminario más específico, referido al sentido de la investigación que realizamos desde la Universidad en materias de Derecho público y, más en concreto, si aporta algún elemento valioso y que la diferencia de la que puedan realizar otros profesionales del Derecho desde otros lugares.El seminario contará con la asistencia de varios jóvenes profesores de Derecho administrativo de diversas Universidades españolas, que desarrollarán el tema a partir de su experiencia como investigadores, analizando si, en su opinión, el hecho de haber trabajado ciertos temas desde la Universidad ha podido aportar a su visión de los mismos algún valor añadido que los haga especialmente valiosos frente al análisis de las relaciones sociales, de las normas y de los fenómenos jurídicos que pueden producir otros operadores.

Por supuesto, al seminario está invitado cualquier miembro de la comunidad universitaria que desee participar y enriquecrlo (así como, por supuesto, está también abierto a cualquier persona interesada).

EL SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA EN DERECHO PÚBLICO

Lugar y fecha de celebración: Jueves, 19 de noviembre, a partir de las 10.00 horas, en la Sala 3P12 del Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universitat de València.

Programa

10.00 horas. La labor del profesor de Derecho público
Prof. Dr. Antonio Fortes (U. Carlos III de Madrid) – La investigación en Derecho del profesor universitario: ¿obligación, devoción o negocio?
Xavier Bernadí Gil (U. Pompeu Fabra)- Yo estaría -o muchos estaríamos- en el paro. ¿A quién le interesa lo que no da dinero?

12.00 horas. Derecho público y creación doctrinal
Maria Mercè Darnaculleta (U. Konstanz) – Aportaciones de los profesores universitarios al Derecho Administrativo global
Silvia Díez (U. Autónoma de Madrid) – La autovinculación de la Administración como ejemplo de construcción doctrinal

16.30 horas. La aportación del análisis académico a la regulación económica
Luis Arroyo Jiménez (U. Castilla La Mancha) – La investigación en el Derecho público y la regulación de la economía
Juan Gutiérrez Alonso (U. de Granada) – Calificación crediticia, los paraísos fiscales y la supervisión financiera

18.30 horas: Estudio desde la Universidad de cuestiones de aplicación pública y privada del Derecho público español
Luis Medina Alcoz (U. Complutense de Madrid) – El estudio de la responsabilidad patrimonial de la Administración desde la Universidad
Eduardo Melero Alonso (U. Autónoma de Madrid) – El régimen jurídico de las operaciones militares en el exterior, visto desde fuera del conflicto

Participación en la jornada:
La jornada está destinada a un público académico y está abierta a toda la comunidad universitaria. El sistema de ponencias y posterior debate permitirá un amplio intercambio de ideas y opiniones entre todos los asistentes. No es preciso registro de ningún tipo para poder asistir a las mismas.

Otras jornadas dentro del ciclo Misiones de la Universidad para el siglo XXI:

9-XI-2009. Bolonia y los estudios de Derecho. Misiones de la Universidad para el siglo XXI (I)
[Más información]

26-XI-2009. El futuro de la Universidad de Valencia. Misiones de la Universidad para el siglo XXI (III)
[Más información]

Organización:
– Financiado por Generalitat Valenciana (Ajudes per a la organització de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic i humanístic), por el Vicerrectorado de Investigación de la Universitat de València y por la Facultad de Derecho de Valencia.
– Coordinador de la organización y actividades: Andrés Boix Palop



Apostasía

El Tribunal Supremo ha zanjado definitivamente, al menos por el momento, la cuestión respecto de la naturaleza del registro de bautismo que la Iglesia Católica históricamente ha llevado y donde, para bien o para mal, figuramos casi todos. Y lo ha hecho, por medio de una Sentencia de su Sala Tercera, siendo Margarita Robles la ponente de la misma, que considera que la inscripción del bautismo se corresponde con un archivo que atestigua un hecho histórico y no con un fichero que almacene datos personales para permitir su posterior tratamiento y consulta, de lo que se derivaría que tales datos podrían ser rectificados y cancelados por sus titulares. Esto es, el Tribunal Supremo ha dado la razón a la Iglesia Católica, que había visto cómo la Agencia de Protección de Datos y la Audiencia Nacional habían aceptado las tesis de algunos de los muchos ciudadanos que, deseosos de apostatar, y ante la imposibilidad (o enormes dificultades) planteadas por la Iglesia Católica española para hacerlo, optaron por argüir que estábamos ante un fichero con datos de carácter personal y que, en consecuencia, la legislación en materia de protección de estos datos les protegía y amparaba en sus reclamaciones, en concreto, por la vía de exigir la cancelación del registro o, al menos, la anotación junto al mismo de la intención de «darse de baja» (o como queramos llamar, en términos de «ficheros», a esta peculiar manera de apostatar).

La sentencia del Tribunal Supremo (por cierto, colgada desde ayer en su integridad en el esencial repositorio documental jurídico a cargo de Lorenzo Cotino) es, a mi juicio, muy interesante. Pone de manifiesto un par de cuestiones conflictivas de evidente actualidad sobre las que merece hacer algún comentario pero, además, permite reflexionar mínimamente sobre ciertos usos instrumentales del Derecho y de los derechos, sobre su conveniencia y sobre sus límites: en definitiva, sobre si cierto uso alternativo del Derecho (de los derechos, en este caso) ha de ser admitido, por muy nobles que sean las finalidades perseguidas con ello, o si por el contrario corremos en tales casos el riesgo de caer, más bien, en abusos, alternativos o no, en la interpretación de los mismos. Y a la larga, por muy evidente que se nos pueda antojar a corto plazo la ganancia, los abusos no traen nada bueno. Porque igual que las instituciones jurídicas pueden malearse en un sentido que nos es caro, conviene no olvidar que también lo podrán ser, en tal caso, con orientaciones diferentes, a poco que la correlación de fuerzas políticas, o que el juez de turno, tengan otro parecer. Y, si así ocurriera, ¿cómo podríamos criticar semejantes desviaciones si, cuando más o menos nos gustaba a dónde conducían en otros casos, hemos aceptado sin problemas que se funcionara, por así decirlo, de forma «jurídicamente imaginativa»?

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Google, full disclosure y protección de la intimidad

Una lectora del bloc me remitió amablemente esta interesantísima noticia que publicaba ayer El País antes incluso de que yo pudiera hacerme con el periódico (¡gracias!). Luego, lógicamente, han sido muchos los colegas que me han comentado, por una u otra vía, aspectos relacionados con esta importante resolución de la Agencia Española de Protección de Datos.

Y es que, la verdad, no es sólo porque sepan todos ellos que me interesan mucho estos temas: es que se trata de toda una revolución. Porque, por primera vez, alguien se pone manos a la obra y empieza a reconstruir un mínimo ámbito de protección de la intimidad, en estos tiempos de internética full disclosure, ya sea voluntaria o no, provocada por la puesta a disposición en abierto, en la Red, de una infinidad de documentos que directa o indirectamente hablan sobre nosotros, en comunión con la fenomenal capacidad de búsqueda y criba de los actuales buscadores, con Google a la cabeza.

La noticia de El País empieza ficcionado una serie de casos semejantes a una historia a la que yo me he referido en alguna ocasión cuando me ha tocado hablar sobre el particular (algo últimamente me ha pasado en alguna ocasión, por haberme dedicado a estos temas): una amiga mía, cuando conoce a algún chico que le gusta, se mete en Google en cuanto puede para averiguar todo lo posible sobre él y ya le ha ocurrido en algún caso que ha encontrado cosas desagradables o que, sin serlo, relacionaban aspectos no especialmente lustrosos de la vida del sujeto (del estilo de un indulto penal). Todo ello gracias a que ahora es posible, y facilísimo, detectar e identificar datos que, en principio, nuestro modelo legal no publicaba en documentos oficiales asumiendoque nadie los fuera a poder encontrar fácilmente. Piénsese, por ejemplo, en el caso referido de un indulto a una condena penal. Se publica como garantía y con la idea, justamente, de acrisolar el perdón de la sociedad frente a una condena, ya porque se entiende injusta, ya por los motivos que sean. Y, con un indulto, como es evidente, se anuda cierto derecho al olvido, a que la vida de esta persona se reconstruya sin tener que tener siempre presente el baldón que la condena puede suponer. Nada más lejos de lo que ocurre si éste es público y siempre aparece en el «perfil» que Google da de nosotros. Y nada más injusto. ¡Piénsese que incluso los antecedentes penales se cancelan porque todos tenemos derecho a que la sociedad (y las chicas, si es el caso) nos juzguen a partir de lo que somos ahora y no de los que fuimos o de un error del pasado!

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