Corrupción y reformas en la Administración pública española

Ayer publicaba una columna en El País (edición Comunidad Valenciana) donde explicaba por qué, a mi juicio, la corrupción en España no debe combatirse sólo con jueces y empleando el Código penal. Es un argumento que ya he empleado aquí muchas veces, y que se basa en la evidencia de que el Código penal no es muy eficaz para resolver problemas sociales, especialmente si están muy extendidos (ni llega a todos los que cometen delitos, ni es particularmente justo atribuyendo responsabilidades ni, sobre todo, puede hacer nada respecto de la cantidad de comportamientos chungos que, sin embargo, no son delito) y si, además, vivimos en un país donde la corrupción de menudeo, pequeñita, de baja intensidad, pero constante, es la regla. Y lamentablemente, entre desgobierno y astillas, como ha denunciado siempre certeramente Alejandro Nieto, se mueve este país. Toca asumirlo y empezar a asumir cómo afrontar el problema de una corrupción bastante sistémica y estructural:

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Uno de esos días…

Hoy es uno de esos días en la Universitat de València (y supongo, de hecho, que en otras muchas). O sea, uno de esos días lectivos en los que no hay apenas profesores, apenas alumnos, apenas movimiento… porque en la práctica no hay apenas clases. Ya se sabe, los puentes provocan este efecto. Es «lo normal».

Pero que sea lo normal no quita para que sea lamentable. La imagen es pésima. El ejemplo y lo que del mismo se transmite a los alumnos (porque como dicen los adalides de Bolonia, aquí estamos sobre todo para enseñar actitudes y valores), peores todavía. Y lo más increíble es que esta situación se repite de año en año sin que haya manera de cambiarla. Ni la crisis genera mayor compromiso y responsabilidad. Ni las subidas de tasas. Nada de nada. Un puente es un puente. Y parece casi sagrado.

Es cierto que para un profesor dar clase hoy es difícil. Los alumnos, en primer lugar, tienen una natural y comprensible tendencia a desear tener el menor número de clases posible (supongo que esta tendencia y el jolgorio subsiguiente a que te cancelen una clase debe de tener cierto límite y que cuando empiezas a perder muchas clases por las que has pagado un buen dinero y que son presumiblemente útiles para tu formación y superar los exámenes que te conducen al título pues te enfadas, pero lo cierto es que esta premisa parte de que, en efecto, las clases sean útiles tanto para una cosa como para la otra, lo que quizás esté lejos de ser el caso demasiadas veces). De manera que es «antipático» ser el profesor que da su clase en día de puente. Y nadie quiere ser antipático en estos tiempos que corren, no sea que cuando llegue el ERE en la Universidad se tenga en cuenta, junto con quién era un docente de más éxito (medido, por supuesto, en número de aprobados), quién es más majete. Además, ya se encargan los estudiantes de decirte que nadie más va a dar clase, que los otros profesores han dicho que suspenden las clases correspondientes a su materia y que no van a tener que venir desde no sé dónde sólo para tu asignatura. Sea esto de que hay muchos docentes que toman la iniciativa de cancelar clases cierto o no (personalmente siempre he tenido la sensación de que los alumnos, como haría cualquiera de nosotros en estos casos, exageran respecto de la cantidad de clases que les suspenden de oficio los profesores) el resultado es que, si das clase, tienes alumnos, es verdad, pero también menos asistencia de la habitual. Lo cual añade un elemento de complejidad adicional a la gestión por parte del profesor de la decisión de dar clase. ¿Qué hago con la materia explicada a siete alumnos? ¿La repito resumida otro día? ¿Paso de todo, sigo con el programa y ya se apañarán los estudiantes con los manuales? Todas estas cuestiones se solucionan mucho más fácilmente si, sencillamente, se anula la clase y ya está.

En el fondo, solucionar este tema de forma razonable no debiera ser tan difícil. La Universitat debería programar el calendario académico teniendo en cuenta festivos y puentes, compensando con clases en otras semanas las clases que se habrían tenido que dar en otros días. De este modo, si a lo largo del curso un profesor ha de impartir 90 horas en un curso de Derecho Administrativo de los Puentes y de la Gestión de los Días Festivos, el calendario debería garantizar que haya 90 horas repartidas en suficientes semanas para que ni puentes ni festivos lo dejen en 80. Por muchas razones, que empiezan en que si el curso está diseñado para durar 90 horas, pues por alguna razón será, digo yo (vamos, que se presume que esas horas son las necesarias para dar esa materia) y que acaban en que los estudiantes tienen derecho a recibir 90 horas lectivas (y pagan, cada vez más, por ese número de horas, que ya se reducirán por su cuenta y riesgo -al menos mientras la salvajada boloñesa de la asistencia obligatoria no se generalice del todo- caso de que estén hartos del profesor, de la materia o de la vida universitaria demasiado apegada a silla y pupitre). Parece sencillo, ¿verdad?

Sorprendentemente, sin embargo, esta solución no se pone en prácticas por varios motivos. El primero, como es obvio, es el que todos tenemos en mente. A una gran mayoría de profesores y estudiantes tampoco les va del todo mal esto de que los puentes acarreen pérdidas de clases. Es más, yo soy el primero en confesar sin ambages que puestos a que me paguen una cantidad de dinero por tener un número determinado de obligaciones o que me paguen lo mismo pero con menos deberes, apuesto decididamente por lo segundo. Ahora bien, institucionalmente, al margen de lo que nos venga a todos mejor, habría que asumir que se tiene una responsabilidad. Y más o menos todos los tenemos claro. Por lo que estoy casi por asegurar que si no existiera otra dificultad habría un cierto consenso para solucionar el problema en los términos señalados. Pero, por surrealista que parezca, hay otra cuestión que impide hacer este movimiento: la imagen pública de la Universidad y sus profesores, que paradójicamente queda menos dañada con la situación actual (donde oficialmente no hay puente pero las clases no se dan) que si se tomara la muy razonable medida de hacer puente oficialmente y garantizar que las clases se dan. Imaginen el escándalo: ¡la Universidad se va de puente con la que está cayendo!

En realidad, la Universidad no estaría de puente. Estos días son laborables e innumerables actividades seguirían desarrollándose: tutorías, gestión, investigación… como ocurre durante muchos otros días y semanas del año. Simplemente, no serían días lectivos. Pero socialmente esto, al parecer, es imposible de explicar. De modo que así seguimos, en «uno de esos días» de los que tantos tenemos. En gran parte porque un reconocimiento sincero de que en días como hoy no es razonable dar clase y que sería mejor que estos días no fueran lectivos aunque el año académico, a cambio, tuviera que empezar una semana antes y acabar una semana después, al parecer, es mucho más escandaloso socialmente y mucho más difícil de asumir para la imagen pública de la Universidad que tratar de explicar lo mejor sería que las clases se dieran cuando es razonable darlas, que se dieran todas y que las obligaciones de profesores (y correlativos derechos de los alumnos) se respetaran escrupulosamente. Y así seguimos. Este es el país que, para bien o para mal (personalmente creo que para mal en casi todos los casos) tenemos.



Vamos a jubilar al TEDH… y a quien se ponga por delante con remilgos

El país está, y no hace falta que se lo cuente yo, absolutamente reventado, con las costuras de la indignación popular a punto de estallar y nuestra querida Casta, mientras tanto, levitando como acostumbra con sus discusiones chabacanas e impresentables («que se jodan«, ya se sabe). Que llevamos haciendo las cosas rematadamente mal desde hace mucho tiempo es ya a estas alturas una evidencia que nadie discute. Que seguimos empeñados en no rectificar, también. Hay, sin embargo, un aspecto sobre el que no se incide demasiado. Y es el temerario desprecio con el que se hace caso omiso a los expertos y a los colectivos profesionales en aquellos (escasos) casos en que ciertos juicios son casi unánimes. Máxime cuando hay consideraciones de otro tipo (estéticas, normalmente) o intereses muy bastardos que se ponen en medio. La franqueza y exhibicionismo con el que Gobierno, intelectuales de servicio y medios de comunicación se manifiestan en rebeldía frente a cualquiera que no les baila el agua, incluyendo a la tozuda realidad muchas veces, es sencillamente hipnótica. Y si hay que estrellarse contra el muro de la realidad de las cosas, pues nos estrellamos. ¡Tanto peor para el muro y para la realidad!, parece que decimos embriagados y encantados de habernos conocido. Dentro de esta especialidad española, que tiene muchas variantes, a mí me interesa la especialidad consistente en pasar de cumplir las leyes, las normas que nosotros mismos nos hemos impuesto, o interpretarlas a la buena de Dios, siempre con ayuda de algún jurista entusiasta, pero en contra del criterio casi unánime de todos los demás. Porque yo lo valgo. O el país lo vale. O algún interés muy concreto… Y si hay que descuajaringar el ordenamiento jurídico pues se hace.

La semana pasada ha sido pródiga en sucesos de este tipo. Continúa leyendo Vamos a jubilar al TEDH… y a quien se ponga por delante con remilgos…



Historias sobre la regulación de mercados en España (III): El Banco de España y las Cajas

Previously on this blog:

– Las compañías eléctricas toreando sin complejos a los clientes, con la CNE de atenta espectadora (más detalles).

– El Banco de España y su incapacidad para defender al pequeño cliente de las múltiples trampas y trampitas que usan las entidades de crédito  (más detalles).

Y en el capítulo de hoy… las Cajas, su desaparición, los controles sobre su actuación, los desmanes varios y, sobre todo, la actuación del Banco de España.

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La burbuja universitaria

La vuelta al cole es dura para todos siempre. Pero este año es un poquito más deprimente de lo habitual, dado que cuatro o cinco años después, y tras un verano agitadito, todo el mundo se ha dado cuenta de la enorme crisis que se nos ha venido encima, proporcional a la ingente burbuja en que durante muchos años hemos vivido instalados. Administraciones públicas, medios de comunicación, empresarios e incluso el ciudadano medio español que pinta en nuestra sociedad (el que tiene entre 45 y 75 años, trabajo fijo o pensión generosa y que ha cortado el bacalao desde la Transición) se han dado cuenta de que, en efecto, algo se ha hecho profundamente mal. Todos estamos ya convencidos. ¿Todos? ¿De verdad? No, existen todavía unos irreductibles que resisten aún y siempre al pesimismo y a todas las evidencias que apuntan a la necesidad de hacérnoslo mirar. Estamos hablando, claramente, de quienes formamos parte del sistema universitario español.

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Corrupción en la España del siglo XXI

Hemos cerrado un curso en que la corrupción ha acaparado el humor social y la actividad. No es casualidad, como a nadie se le escapa, que esta omnipresencia vaya de la mano de una pavorosa crisis económica que se prolonga ya cuatro años y de la que no se avizora todavía el final. Suele ocurrir. Por ejemplo, la fase que vivió España entre 1992 y 1995, también recesiva y plagada de escándalos, repite más o menos el patrón que estamos viviendo ahora. No se trata de que en ciertos momentos haya puntas de corrupción.  Resulta obvio, en cambio, que lo que tenemos son puntas de preocupación ciudadana.

Es bueno que los ciudadanos, aunque sea periódicamente, nos ocupemos de la corrupción. Lo malo, más bien, es lo contrario: esas épocas de bonanza o de engañosas vacas gordas en las que parece casi como de mal gusto señalar ciertas prácticas y se generaliza, incluso, la percepción social de que éstas no sólo es que sean inevitables sino que pueden, llegado el caso, hasta a ser consideradas como beneficiosas, como el inevitable y deseable «engrase» que hace que la actividad económica vaya a más y mejor. Las épocas en que las cosas van mal permiten, en cambio, elevar el listón de exigencia. Aquellas en las que las cosas se ponen feas de verdad, quizás como los meses que nos pueden tocar vivir el año que viene, llegan a servir incluso, en ocasiones, para erradicar poco a poco las prácticas socialmente más destructivas. Todo es cuestión de que se hagan socialmente insoportables. Para lo cual, desgraciadamente, suele requerirse que andemos verdaderamente jodidos.

Junto a ese incremento del umbral ciudadano de exigencia derivado de que los tiempos no estén para bromas hay un elemento adicional que resulta imprescindible para poder combatir eficazmente la corrupción: identificar bien cómo, cuándo y en qué formas se produce, tratar de analizar sus causas y valorar con mesura sus implicaciones, así como el motivo de que el sistema social la haya tolerado o incluso incentivado en condiciones de normalidad. La aproximación, propia de tiempos de depresión colectiva como los que vivimos, catastrofista, generalizadora y exagerada del tous pourris! no conduce a ninguna parte, salvo a la inacción. Es, además, injusta y supone un ejercicio simplificador que conduce a plantear soluciones radicales, sencillas y habitualmente traducidas en medidas de tipo penal condenadas a la más absoluta ineficacia.

A modo de síntesis de lo que ha sido el curso político, económico y universitario 2010-2011 voy a tratar de bosquejar un mapa de actuación que permitiría declinar medidas concretas de reforma para actuar sobre los diferentes focos de corrupción propios de la España de nuestros días. Quizás el esfuerzo sea baldío, quizás peque de ingenuo o de poco informado sobre lo que se cuece en esos mundos, pero creo que vale la pena tratar de empezar aproximaciones de este estilo:

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Jobs for the boys: entre los indignidados y los colocados

En la columna que escribo hoy en El País (Comunitat Valenciana) se detecta, creo, cierta indignación. Y es que, en verdad, la escribí cabreado. Sigo así, como creo que estamos casi todos los valencianos que nos preocupamos mínimamente por nuestras instituciones, su prestigio y su función social. Los nombramientos que los distintos partidos políticos han hecho desde las últimas semanas, como quienes sigan estas cosas podrán confirmar, han supuesto cruzar varias líneas rojas de esas que alejan a una sociedad y a un entramado institucional del precipicio. ¿Por qué? Las razones son varias:

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