Apostasía

El Tribunal Supremo ha zanjado definitivamente, al menos por el momento, la cuestión respecto de la naturaleza del registro de bautismo que la Iglesia Católica históricamente ha llevado y donde, para bien o para mal, figuramos casi todos. Y lo ha hecho, por medio de una Sentencia de su Sala Tercera, siendo Margarita Robles la ponente de la misma, que considera que la inscripción del bautismo se corresponde con un archivo que atestigua un hecho histórico y no con un fichero que almacene datos personales para permitir su posterior tratamiento y consulta, de lo que se derivaría que tales datos podrían ser rectificados y cancelados por sus titulares. Esto es, el Tribunal Supremo ha dado la razón a la Iglesia Católica, que había visto cómo la Agencia de Protección de Datos y la Audiencia Nacional habían aceptado las tesis de algunos de los muchos ciudadanos que, deseosos de apostatar, y ante la imposibilidad (o enormes dificultades) planteadas por la Iglesia Católica española para hacerlo, optaron por argüir que estábamos ante un fichero con datos de carácter personal y que, en consecuencia, la legislación en materia de protección de estos datos les protegía y amparaba en sus reclamaciones, en concreto, por la vía de exigir la cancelación del registro o, al menos, la anotación junto al mismo de la intención de «darse de baja» (o como queramos llamar, en términos de «ficheros», a esta peculiar manera de apostatar).

La sentencia del Tribunal Supremo (por cierto, colgada desde ayer en su integridad en el esencial repositorio documental jurídico a cargo de Lorenzo Cotino) es, a mi juicio, muy interesante. Pone de manifiesto un par de cuestiones conflictivas de evidente actualidad sobre las que merece hacer algún comentario pero, además, permite reflexionar mínimamente sobre ciertos usos instrumentales del Derecho y de los derechos, sobre su conveniencia y sobre sus límites: en definitiva, sobre si cierto uso alternativo del Derecho (de los derechos, en este caso) ha de ser admitido, por muy nobles que sean las finalidades perseguidas con ello, o si por el contrario corremos en tales casos el riesgo de caer, más bien, en abusos, alternativos o no, en la interpretación de los mismos. Y a la larga, por muy evidente que se nos pueda antojar a corto plazo la ganancia, los abusos no traen nada bueno. Porque igual que las instituciones jurídicas pueden malearse en un sentido que nos es caro, conviene no olvidar que también lo podrán ser, en tal caso, con orientaciones diferentes, a poco que la correlación de fuerzas políticas, o que el juez de turno, tengan otro parecer. Y, si así ocurriera, ¿cómo podríamos criticar semejantes desviaciones si, cuando más o menos nos gustaba a dónde conducían en otros casos, hemos aceptado sin problemas que se funcionara, por así decirlo, de forma «jurídicamente imaginativa»?

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El BOE y la economía de mercado

El bochornoso espectáculo a cuenta de la OPA sobre Endesa de Gas Natural primero, de la alemana E.ON después y al final (de momento) de la italiana ENEL escoltada por algunos de los nuevos ricos españoles de la cofradía del Santo Ladrillo, ha permitido visualizar, al menos, la vigencia de algunas ideas de toda la vida respecto a la influencia pública en la economía de mercado, regulación mediante. De paso, también, hemos asistido a un show de lo más triste a todos los niveles (la actitud de los ricachones a los que les fue concedida Endesa, la actitud de los ricachones a los que les querían dar Endesa, la falta de capacidad del Gobierno para solventar estas cositas del reparto de las joyas del antiguo sector público español entre ricachones sin levantar demasiadas ampollas, la lamentable connivencia de medios de comunicación con los intereses de bandería de unos y otros y sus implicaciones económicas, la actitud falsamente patriótica de todos, el doble rasero demostrado por la moral económica de mercado patria a la hora de enjuiciar la injerencia regulatoria y, por último, el triste papel de la CNMV). Pero, aunque un día habrá que comentar la cuestión esencial de la que se deriva toda esta porquería (a saber, el mayor escándalo económico de la segunda mitad del siglo XX en España: el gracioso donativo a ciertas elites económicas y sus familias, con la guinda de algunos políticos reconvertidos, del patrimonio público empresarial acumulado por toda la sociedad española), no es hoy el día de hacerlo. Y tampoco de detenernos en las minucias referidas que, en el fondo, tienen mucho que ver con esa cuestión.

Desde el Derecho público, la evolución de todo este follón deja una serie de pleitos complicados y técnicos, para jolgorio de casi todos los grandes bufetes del país, de los que los tribunales, en su mayor parte, nunca conocerán. Porque la primera lección de todo el sainete es que un Gobierno, a día de hoy, por muy capitidisminuido que haya quedado por la evolución de los mercados y por muy incompetentemente que haya actuado (como es el caso), sigue teniendo una gran capacidad de intervención. Conviene, pues, no estar a malas con el Gobierno. Incluso en estos tiempos que corren de Unión Europea, de desregulación, de poder de las grandes corporaciones, pueden tumbarte una operación por muy bien montada que la tengas. E.ON lo sabe muy bien porque lo ha sufrido en sus propias carnes. El hecho de disponer del Boletín Oficial del Estado sigue siendo muy importante. Como administrativista no puedo evitar que me suponga su constatación una íntima satisfacción.

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