¿Universidad pública para todos? Costes, demanda…

A mí me pasa muchas veces que no tengo claras las cosas. No todas, pero sí algunas. En ocasiones, además, no es simplemente una cuestión de desconocimiento. Realidades que conozco muy bien, como es la Universidad española o en general la organización de la educación superior, no siempre me permiten tener claro qué es lo mejor. Así, por ejemplo, cuando analicé en este blog la propuesta de reforma de la Universidad de los expertos de Wert, aun siendo consciente de que la propuesta era muy deficiente y que no iba a ir a ninguna parte (algo que parece ya confirmado), también dije, porque es verdad, que la tarea no es fácil y que si a mí me encargaran ponerme a proponer cómo reformar la Universidad española tendría muchas, muchas dudas sobre por dónde tirar en más de un asunto.

Pues bien, en este marco de recortes en el que estamos, una cuestión que me inquieta sin saber cómo convendría resolverla es qué hacemos con la Universidad pública en un contexto de crisis. ¿Hay que recortar grados y posgrados como masivamente pide casi todo el mundo? ¿Estamos sobredimensionados? ¿Debemos enseñar a menos gente pero hacerlo con más calidad? O, por el contrario, ¿deberíamos intentar asumir cuantos más estudiantes mejor y dar el servicio de educación pública a cuenta más gente mejor?

Los parámetros en que se enmarca el debate están, creo, claros para cualquier persona que preste un mínimo de atención:

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Sectores regulados en España: hoy, la reforma eléctrica

Publica el BOE de ayer el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico (por cierto, en el tanteo del año llevamos 9 leyes por 9 Decretos-ley, que están perdiendo fuerza, los pobres, como si esto fuera un país normal, aunque de vez en cuando aparezcan casos como éste, donde no hay NINGUNA justificación para acudir a esta forma de legislar, como queda claro por el hecho de que la reforma lleva meses preparándose, lo que hace que cualquier persona con dos dedos de frente dude de la efectiva existencia de esa supuesta urgencia que el texto del Decreto-ley tantas veces invoca). Se trata de una «pedazo de reforma», en palabras de la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que cada vez que presenta reformas supuestamente ambiciosas que en realidad vienen a ser más de lo mismo se ve obligada a hacer fuegos de artificio verbales, como lo de los famosos 40.000 millones de euros del otro día, para tratar de tapar la triste realidad de la pobre acción reformadora del Gobierno.

La reforma que ha presentado el Gobierno es muy compleja (si se van al enlace de la norma en el BOE verán que la Exposición de Motivos ocupa casi 2/3 de extensión, lo que demuestra, además, la necesidad de aclarar qué intenciones tienen algunos preceptos y cómo han de interpretarse, sentida incluso por parte del propio Ejecutivo que ha preparado el Decreto-ley) y en aras a la brevedad que siempre se me recrimina que no cuido nada en este blog voy a intentar, de la manera más sencilla posible, explicar los dos problemas esenciales que parece querer afrontar la reforma y los problemas jurídicos de fondo que plantean y que ponen de relieve algunas de las dificultades de la moderna manera de hacer ordenación económica… Boletín Oficial del Estado en la mano. Se trata de la cuestión del precio de la electricidad en España y del tema de las primas a las renovables.

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Transparencia (III): la publicación de los datos sobre financiación autonómica en España y Alemania

Hemos hablado extensamente del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en estos momentos en tramitación en las Cortes y hemos puesto de manifiesto hasta qué punto sería importante contar con un buen y suficiente despliegue de datos públicos sobre cualquier actividad administrativa (y que éstos, además, fueran desplegados de oficio, bien ordenados, fácilmente accesibles y, como es obvio, on-line para que puedan estar a disposición cómoda y efectiva de todos los ciudadanos). Los efectos sobre el debate público, sobre el control de la actividad de los gobernantes, sobre la prevención de la corrupción… de algo así serían enormes. Pensemos hoy en un sencillo ejemplo, que es el de la financiación autonómica en España, y comparemos lo que ocurre con la situación en Alemania, un país con un reparto del poder de tipo federal muy parecido al nuestro (de hecho, en muchas cosas hemos copiado de ellos nuestro modelo) a efectos de poder obtener fácilmente datos de este tipo.

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Razones para el contrato único

Con eso de que la Unión Europea ha propuesto para España, en plan informal pero que más o menos todos sabemos por estos lares de qué va el tema, que reformemos nuestro mercado laboral y sustituyamos los tropecientos modelos de contratación por uno solo, se ha vuelto a lanzar el debate en España sobre el contrato único. Afortunadamente, nuestro país ha hecho un frente común y sindicatos, patronal, Gobierno y oposición se han aprestado a decir que de eso nada, que si ellos tienen ONU nosotros tenemos dos, que nuestro modelo laboral funciona fenomenalmente (al menos, hasta que se haga necesaria la próxima reforma laboral, claro) y que no hay nada que ver aquí, circulen, circulen… Incluso desde LPD, aunque con otros argumentos mucho más atendibles (y que hay que leer), se ha alertado sobre el riesgo de que este contrato único sirva, a la postre, para hundirlos a todos.

Y, sin embargo, a mí me parece muy sensato ir hacia un contrato único. He aquí algunas razones, jurídicas y extrajurídicas:

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¿Es legal que TV3 emita en Valencia?

En la línea de lo que comentábamos el otro día, un nuevo revolcón judicial a al Generalitat Valenciana se produjo ayer mismo. El Tribunal Supremo ha anulado la primera de las sanciones que el Consell impuso a Acció Cultural del País Valencià por emitir sin la correspondiente licencia la señal de TV3 por medio de ondas terrestres (la televisión por ondas hertzianas de toda la vida, que emplea el espectro radioeléctrico como canal de transmisión). Obviamente, a nadie se le escapa que esta sentencia va a marcar la pauta, de manera que las multas restantes, a medida que lleguen al Tribunal Supremo, serán igualmente anuladas. De manera que la bofetada a la Administración autonómica valenciana es importante. Y eso por mucho que haya que reconocer que, en este caso concreto, la posición jurídica defendida por la Generalitat no era en sí misma descabellada (por muy criticable que sea su hostigamiento a las emisiones de TV3, especialmente en comparación a su dejación respecto de la multiplicación de emisiones ilegales que todos podemos comprobar simplemente pasando con el mando a distancia por las emisiones que recibe nuestro receptor y la absoluta inoperancia a la hora de hacer cumplir sus propias leyes a los operadores ya instalados). En todo caso, este hecho, el que la postura defendida por el Consell no fuera descabellada, hace que la sentencia sea más interesante todavía desde una perspectiva jurídica.

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Debate about the Euro-Crisis and Changes in the European Finance Regulation

Today, at the Faculty of Law, we will have a

Debate about the Euro-Crisis and Changes in the European Finance Regulation

At: 12.30PM (the 28th november)

Place: Sala Miaja de la Muela - Facultat de Dret (UVEG)

Contents:

– Liberalization and risk taking: Evidence from Spanish Savings Banks, by Manuel Illueca Muñoz (Economía Financiera y Contabilidad, U. Jaume I de Castelló)

[Related materials: presentation]

[Paper: Liberalization, Bank Governance and Risk taking]

– Financial Crisis and Regulatory Reform: Problems of Legal Construction, by David Ramos Muñoz (D. Mercantil, U. Carlos III de Madrid)

[Related materials]

– The transformation of financial regulation: systemic risk and the role of supervision, by Jorge García-Andrade (D. Administrativo, U. de Alcalá de Henares)

[Related materials]

The panel will be hosted by Andrés Boix Palop (D. Administrativo. U. de València)

Link to the debate in a non-professional format

 

Contact information: Andres.Boix@uv.es

This panel is made with the financial support of Facultat de Dret (Universitat de València).

 



A vueltas con la financiación autonómica

Con motivo del pasado Dia del País Valencià (9 d’octubre) escribí en Agenda Pública sobre los problemas de financiación autonómica que, como es ya evidente a estas alturas para todos, padece la Comunidad Valenciana, muy similares a los que han acabado de colmar la paciencia de tantos ciudadanos de Cataluña. No puede discutirse en estos momentos la gravedad de los efectos de un sistema que funciona muy mal y que, llegados a este punto, han empezado a provocar efectos no sólo económicos sino políticos. Por esta razón, más allá de los casos concretos de Cataluña o Valencia conviene reflexionar sobre el modelo de financiación en sí mismo, que necesita de una urgente transformación en profundidad. Es un tema sobre el que ya se ha discutido en este blog (incluso tratando de esbozar hace ya cuatro años una propuesta que ahora quedará algo rectificada en sus detalles), pero al que, inevitablemente, hay que volver.

Desde un punto de vista general y abstracto, que es como vale la pena afrontar el diseño general de un sistema si uno aspira a que tenga sentido (en lo que no deja de ser sino una burda aproximación a trabajar partiendo de una posición semejante al velo de la ignorancia del que hablara Rawls), parece importante definir qué efectos serían deseables y cómo parece más lógico intentar conseguirlos. Para ello, además, hay que definir previamente qué fines nos parecen deseables. Pero eso no parece demasiado difícil de hacer. Tenemos un sistema cada vez más complicado y, la verdad, sería mucho mejor que fuera más sencillo. Tenemos un sistema que nunca ha logrado un reparto de los recursos más o menos igualitario entre la población y, la verdad, al menos mientras seamos un único país y vivamos como ciudadanos en un mismo marco estaría bien que el resultado tendiera a asignar los mismos recursos a todos. Por último, tenemos un sistema que desincentiva la corresponsabilidad fiscal y, la verdad, estaría bien que el gasto público se hiciera por entes que, a su vez, estuvieran obligados a dar la cara democráticamente para recaudar, de modo que como sociedad las decisiones sobre esfuerzo fiscal estuvieran influidas por las repercusiones directas sobre el dinero disponible por parte de las Administraciones implicadas.

Todo ello es lo que ya traté de abordar en 2008, como propuesta sobre las cuestiones claves que debieran haber sido motivo de intenso debate político con motivo de las elecciones que se realizaron ese año. Increíblemente (o no tan increíblemente dado que el problema no se abordó) estamos casi 5 años después en las mismas. Así pues, veamos qué se proponía en ese momento y cómo tendría sentido, en su caso, matizar algo de lo dicho entonces (añadidos y matizaciones en cursiva).

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