A propòsit de Wikileaks: llibertats d’expressió i informació vs. interés nacional en una societat en xarxa

Us deixe el vídeo de la meua intervenció en la mesa redona de dimarts de la que ja hem parlat.



A propósito de Wikileaks

Esta tarde, a partir de las 19.30, en el Club diario Levante de Valencia, participo en una mesa redonda organizada por la Asociación Ciudadanía y Comunicación (ACICOM) sobre Wikileaks, el derecho a la información y el Poder, cuyos responsables ha tenido la amabilidad de invitarme. Como el tema es importante, y una de las asignaturas pendientes (una de las muchas asignaturas pendientes) de este blog, a ver si logro grabar mi intervención y, a partir de la misma, hilvanar unas ideas sobre cuáles me parece que son las claves jurídicas de todo lo que está pasando más allá de una serie de consideraciones político-sociales muy obvias, especialmente lacerantes en lo referido a nuestro país que ya puso de manifiesto Guillermo López recientemente.

Muy sintéticamente, a mi juicio, el affaire Wikileaks revela:

1. Importantes tensiones entre los paradigmas clásicos en materia de libertad de expresión y las nuevas tendencias restrictivas amparadas en la idea de seguridad nacional. Idea (o excusa), en el fondo, muy vieja. Pero que parece haber recobrado de unos años a esta parte una inusitada vigencia. Este primer punto no deja de ser, por ello, un clásico.

2. La necesidad de adaptar nuestro esquema de intervención jurídica a una nueva realidad, Internet, y a las actividades que se desarrollan en ella. En concreto, Wikileaks, ¿merece en Estados Unidos y en el resto de países que puedan estar afectados, como España, la consideración y la protección que un medio de comunicación tradicional? ¿Le protege la primera enmienda de la Constitución americana? ¿Se puede amparar en el art. 20 CE  con todas sus consecuencias, incluyendo la invocación del secreto profesional para no revelar fuentes? Resulta obvio que la importancia de la función cívica y social que puedan realizar organizaciones como ésta requiere de un aggiornamiento de lo que consideramos jurídicamente digno de ser protegido por estos instrumentos que tradicionalmente amparaban a periodistas. Para lo que conviene no perder de vista qué es lo que, en el fondo, han tratado siempre de proteger estas normas. Que no era a una profesión. Sino las condiciones sociales que permitían garantizar que la información circularía, que se protegería a quien la suministrara, como condición imprescindible para garantizar el pluralismo en una sociedad democrática.

3. Jurídicamente, por supuesto, algo se ha de decir sobre la necesidad no sólo de proteger las profesiones o actividades que hacen de la cosa pública algo más transparente sino, como es obvio, y también, en un Estado de Derecho avanzado, de las normas públicas que obligan al propio Estado, a las propias Administraciones públicas, a ser más transparentes. Algo en lo que España desempeña desde hace años un tristísimo papel. La pretensión del Gobierno Zapatero, cuando llegó al poder, de aprobar una serie de leyes para mejorar las cosas en este aspecto ha acabado en nada y los anteproyectos que se prepararon duermen el sueño de los justos.

4. Junto a la transparencia pública, hay también que evaluar qué pueden significar Internet y una sociedad, perdonen la cursilada à la mode, 2.0 en esto de lograr una mayor transparencia y participación ciudadana en la cosa pública. En la medida en que, como es obvio, la potencia comunicativa de un instrumento que convierte a todos en potenciales emisores, no sólo receptores, de información, es enorme, conviene estar especialmente vigilantes ante posibles riesgos de cercenación injustificada de esta capacidad. Y es importante, por ello, sospechar de todas aquellas derivas que, con la pretensión aparente de proteger bienes muy preciados por todos (nuestras intimidad, por ejemplo, en forma de datos personales, o a los menores, etc.), desembocan en ejercicios de poder con repercusiones sorpredentes (recuerdo ahora, por ejemplo, a la Agencia de Protección de Datos sancionando a un sindicato por poner en su páginas web una cosa tan pública ¡como una sentencia judicial que condenaba a una empresa por prácticas contra la libertad sindical!).

5. Por último, me parece muy relevante destacar, en un plano quizás ya metajurídico, que con ser cierto que en España falta transparencia pública e información oficial, lo cierto es que hay mucha más de la que creemos y de la que se aprovecha. La gran carencia de este país no es tanto que no haya información o que ésta no se filtre como que no hay cultura de la indagación en los datos que sí se tienen. Una sociedad 2.0 evolucionada, en España, no será tanto la que logre que aparezcan muchos más datos de los que hay ahora en circulación, sino una sociedad civil activa, crítica y consciente, con colectivos y personas que analicen en serio los datos ya públicos que hoy día hay por cientos de miles. Y que logren, a partir de esa información, movilizarnos y hacer que nos demos cuenta de muchas cosas.

Son reflexiones, ya digo, muy sumarias y necesitadas de desarrollo. A ver si esta tarde, entre todos, les vamos dando más cuerpo.

Por supuesto, y como es evidente, están todos Ustedes invitados a pasarse esta tarde, en apenas dos horitas, por el Club Diario Levante.

wikileaks



El fracaso de la Ley Sinde y la respuesta del miedo: Savater «el joven» entierra a Savater «el viejo»

Hemos estado hablando de tantas cosas estos días (recordemos que, aunque Usted no lo perciba, estamos en una situación gravísima y el Gobierno tiene decretado, todavía, con la prórroga concedida por el Parlamento, un estado de emergencia) que no hemos tenido tiempo apenas de comentar el fracaso de la conocida como ley Sinde en el Congreso. Esa ley que, sintetizada con algo de demagogia, busca hacer desaparecer a los molestos jueces del proceso de cierre de webs incordiantes con apoyo ejecutivo y un procedimiento express. Se ha hablado mucho sobre el tema, sobre de qué iba la ley, sobre qué se puede hacer en el futuro y se ha explicado hasta la náusea por dónde van los tiros.  Es sabido que, en general, a los juristas no nos gusta demasiado la ley y tampoco vale la pena ya abundar más en ello (ni ésta ni, la verdad, muchas otras del sector, pero no nos hagan demasiado caso, está visto que somos de un putilloso que asusta). También en este espacio hemos tenido ocasión de comentar el tema de fondo, por extenso (si alguien no es capaz de leer el texto enlazado entero, que no se preocupe, casi nadie ha podido, pero luego no se me quejen de que esta entrada de hoy sea breve y dé muchas cosas por asumidas). Más recientemente, nos hemos hecho eco de hasta qué punto está equivocado el legislador español con una norma increíblemente rapiñadora que incluso va mucho más lejos de lo que ya un obsoleto y laxo Derecho de la Unión permite (un pronunciamiento europeo que ya ha empezado a tener consecuencias internas, por mucho que nuestro legislador sigue dilatando la respuesta y se demora en adaptar a Derecho, de una vez, la norma española). Pero es obligado decir algo más, dado que el tema va a volver y que a la ley Sinde, de una manera u otra, la van a revivir, como a un zombie inquietante del que no hay manera de desembarazarse.

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La Administración, el juez y el control de la moralidad y la decencia. ¿Nuevos Tribunales de honor en el sector de la comunicación?

En la línea de las cuestiones que ya avanzamos mínimamente hace un mes a la hora de hablar de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual y de las posibilidades de control y censura de contenidos a cago de la Administración que abría, quizá convenga retornar sobre algunas de las causas de que la regulación haya optado por  esas soluciones, así como añadir alguna reflexión adicional en torno a los problemas que puede plantear y las dudas que, legítimamente, genera la constitucionalidad de algunas operaciones. La actualidad nos demuestra que el tema tiene gran interés y no pocas repercusiones sobre la convivencia y la manera en que esta sociedad nuestra va a disciplinar una libertad tan importante como la expresiva. Así que al margen de defender en cada caso concreto la libertad de expresión y el inalienable derecho a emitir opiniones, incluso (de hecho, especialmente) cuando quienes tienen problemas por decir lo que piensan son chalados reaccionarios o tipos muy desagradables con ideas bastante estúpidas, conviene reflexionar de nuevo sobre algunas de las coordenadas jurídicas en que se sitúa el problema.

Porque en torno a esta cuestión hay puntos de interés jurídico indudable. E incluso aspectos que, en Derecho, tienen un sabor vintage que los hacen de lo más atractivos desde un punto de vista estético (si es que un análisis jurídico puede declinarse en esta vía) ¡Si hasta pudiera ser que estuviéramos asistiendo a la resurrección, con otra forma, del modelo de tribunales de honor que las corporaciones profesionales del franquismo tenían, también en el ámbito de la prensa y que la Constitución prohibió! ¡Sería tan bonito poder encontrar, por fin, una utilidad al art. 26 de la Constitución, ese gran olvidado! En cualquier caso, lo que sí parece fuera de toda duda es que es necesario seguir reflexionado sobre algo tan paradójico como es el hecho de que una ley llamada a liberalizar un sector acabe introduciendo, en la práctica, muchos más controles y cortapisas de los que ya existían antes.

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La luz del sol es el mejor desinfectante (Wikileaks y el acceso a la información pública en España)

Aunque sea muy rápido, porque no tengo ahora demasiado tiempo, hay que dejar constancia del nuevo logro de Wikileaks y de lo enfadados que están en el Gobierno de los Estados Unidos, así como preocupadísimos por tratar de controlar en la medida de lo posible la difusión a través de medios de comunicación convencionales de lo difundido por la web.

Como siempre, frente a la transparencia, se apela a la seguridad nacional, a los problemas que pueden derivarse de que se sepa la verdad, al impacto en la opinión pública de conocer detalles que podrían generar reticencias a proseguir la guerra, a lo malo que es que se sepa qué es lo que de verdad ocurre en la trastienda de guerras y operaciones de espionaje…

Sigo, a día de hoy, sin haber leído una sola explicación que me parezca mínimamente razonable de los motivos por los que pueda ser nocivo para el interés general que, si estamos en guerra (y España está en guerra en Afganistán), los ciudadanos (que somos quienes enviamos, en el fondo, las tropas allí, quienes pagamos por el «trabajo» que se lleva a cabo en el campo de batalla y quienes, de alguna manera, somos responsables de todo esto) sepamos qué está pasando exactamente y qué se está haciendo, de verdad, allí. Es lo menos que se puede exigir. Máxime cuando, en realidad, lo que revelan los papeles filtrados, según todas las crónicas, no son grandes novedades sino, más bien, la confirmación de lo que casi todos intuíamos y la demostración de algunas rutinarias mentiras de los partes de guerra que pretenden endilgarnos que, a estas alturas, tampoco colaban. Eso sí, los documentos dan muchos detalles que antes no teníamos.

Y, aunque pueda ser evidente que una mínima parte de la información haya de permanecer secreta por justificados motivos de seguridad esos casos han de ser los menos y excepcionales y, por supuesto, no tiene sentido que se refieran a operaciones militares concretas y sus resultados. Salvo si la «seguridad» que se busca no es la de la nación sino la de quienes tratan de defender su imagen y ocultar sus numerosos errores.

Hemos hablado ya antes aquí de la importancia de la libertad de expresión para controlar el poder y de hasta qué punto Internet, iniciativas como Wikileaks y la arquitectura jurídica que un sistema democrático que las proteja y ampare o, por el contrario, las ponga en el punto de mira, son importantes en un Estado de Derecho. Porque suele decirse que la luz del sol es el mejor desinfectante. Y parece claro que en asuntos como la vida y la guerra, más todavía.

Por eso es muy interesante jurídicamente que haya naciones que, al igual que otras deciden ser «paraísos fiscales» aprovechando las grietas jurídicas que el Derecho de gentes sigue dejando a efectos de posibilitar un control global unitario y uniforme de actividades con repercusión mundial, hayan decidido ser «paraísos de la información».  Los casos en los que informaciones contenidas en un servidor islandés gracias a la protección jurídica que allí se obtiene en estos momentos y difundidos por Internet a todo el mundo gracias a la financiación global que obtiene Wikileaks han servido para poner de manifiesto importantes cuestiones de interés público son numerosos.

Por cierto, hablando de la situación en España, ¿para cuándo la ley de acceso a la información adminsitrativa y a los registros oficiales?, ¿hasta cuándo seguiremos aceptando la extraordinariamente restrictiva interpretación del art. 37 de la ley 30/1992 en materia de acceso a archivos y registros?, ¿cómo es posible que estemos, en lugar de avanzando hacia una mayor transparencia, a pesar de las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy en día, retrocediendo a marchas forzadas con excusas jurídicas de todo tipo -especialmente, gracias a una errónea y sesgada interposición del derecho a la protecciónd de datos de carácter personal que se ha convertido en una justificación comodísima para que la Administración retenga todo tipo de información-?

Queremos luz del sol en la Administración española. Y la queremos ya. Porque no se puede aspirar a que siempre tenga que sacar las castañas del fuego un Wikileaks o algo equivalente. Son remedios excepcionales que pueden paliar problemas ante situaciones gravísimas. Pero no llegarán a todo. Pero, sobre todo, porque no tiene sentido que así sea para la cotidianidad del acceso a la información pública, que debiera funcionar con toda normalidad, sin mayor problema, de modo transparente. ¿Cómo es posible que sea tan complicado lograr algo tan sencillo?



Charla en directo sobre la nueva Ley del Audiovisual (19.35h)

Voy a tratar de retransmitir en directo desde aquí, desde el blog, una pequeña charla que doy en una mesa redonda, esta tarde a partir de las 19.35 horas en el marco de una jornada que organiza una compañera de departamento, Beatriz Belando Garín. Se trata de una serie de conferencias y mesas redondas sobre la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que está siendo muy interesante, de título El nuevo entorno audiovisual: regulación de contenidos y liberalización del sector.

Mi charla, que será breve, en torno a un cuarto de hora, lleva por título, en plan sintético, «El cambio de prisma en la regulación del audiovisual: del servicio  público a la liberalización sin que, aparentemente, nada cambie ni nada haya de cambiar. Algunas dudas y perplejidades».

Si todo va bien cualquier persona interesada podrá acceder a la charla a partir de las 19.00. siempre y cuando su ordenador tenga instalado Java. Deberá pulsar el link que se ofrecerá a continuación, indicar su nombre e e-mail a efectos de acceder como «Guest» y pulsar en «Log in» para entrar en un programa, Elluminate, que permitirá acceder al audio, al vídeo e incluso ir dejando comentarios y hacer observaciones que iré viendo en directo.

Como esto es un experimento es posible que algo vaya mal, pero esperemos que no. El link en el que habrá que pulsar lo más normal es que sea el siguiente:

http://elluminate.uv.es:80/join_meeting.html?meetingId=1250797796767



El IVA del libro electrónico se equipara al libro de papel

Como ya comenté en este blog hace unos meses, escribí no hace mucho un trabajo dedicado a analizar el concepto normativo de libro. Esto es, me dediqué durante 30 páginas a realizar disquisiciones sobre qué es un libro y, sobre todo, qué es un libro para nuestro Derecho.

La razón de acometer una tarea como ésa, aparentemente tan rara, es que la aparición de libros electrónicos y la decisión de la nueva ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas de adoptar como criterio legal para identificar a un libro no su pinta o soporte físico (que es la clave que ha definido, a la hora de la verdad, desde la generalización del formato códice hace unos 1.500 años, lo que entendemos por libro) sino el hecho de que se trate de un material legible, sea cual sea su formato, permitía despejar algunas dudas pero dejaba otras. Por ejemplo, ¿son libros ahora los «audilibros» que no son, de por sí, legibles, como es obvio? ¿Son libros los que recogen, sin texto alguno, fotografías o dibujos? Vamos, cosas así

Antes de que nadie me lo diga, lo hago yo mismo: Sí, ya sé que los que nos dedicamos al Derecho estamos chalados y perdemos el tiempo miserablemente en análisis cuyo sentido y utilidad práctica son más que dudosos. Ahora bien, tengo dos atenuantes que plantear. El caso es que, por extraño que pueda parecer, me lo pasé bien haciendo el trabajo ya que me permitió leerme algunas historias del libro y de su importancia cultural cojonudas (hay franceses y alemanes que han escrito verdadera virguerías llenas de erudicción sobre el tema) de las que aprendí muchas cosas. Pero, además, es que todo este asunto sirvem por increíble que parezca, para algunas cosas. No diré que para resolver cuestiones básicas, esenciales o muy importantes, pero sí para dejar claras algunas cosillas y permitir apreciar ciertos contrasentidos. Así, por ejemplo, para denunciar las incoherencias del legislador. Una de ellas, sangrante, era la siguiente, que trato de resumir a modo de pregunta de una manera que espero sea entendible por todos (así como deseo que sirva también para comprender que el asunto algo de incidencia económica tiene):

– Si la ley dice que libro es todo lo legible, con independencia del formato, y explícitamente se indica que un libro «normal» (de toda la vida de Dios) y un libro electrónico son lo mismo, ¿cómo era posible justificar que a una misma realidad, ontológicamente entendidas ambas opciones como «la misma cosa» por la ley, luego sean tratadas diferenciadamente por la misma ley -bueno, en realidad otra, pero en Derecho entendemos que el ordenamiento jurídico ha de ser unitario y coherente- que decía que una realidad había de pagar unos impuestos y otra -que se supone que era la misma- una cantidad diferente?

Pues bien, parece que esta extraña situación ha variado, al fin. El Gobierno ha decidido equiparar el IVA del libro electrónico al del libro de papel. No sé si la medida es buena o sensata. Sí sé que, jurídicamente, a la luz de que la ley del libro dice que ambas cosas son lo mismo y deberían en lógica consecuencia ser tratadas igual por el Derecho, hacía ya tiempo que la medida urgía. Ya era hora, vamos.

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Por cierto, si se me permite, allá va una coda sobre el trabajo de los juristas, la llamada «investigación jurídica» y a qué nos dedicamos en mi oficio:

Como es evidente y a nadie se le escapa, nada ha tenido que ver mi explicación de la situación en el trabajo referido con el cambio legislativo. Las dos o tres veces que una idea mía, sostenida en un artículo o libro, ha acabado siendo la solución escogida por nuestro legislador o por la Administración (me pasó sobre todo con un trabajo sobre las licencias de obras menores, que propugnaba su desaparición y sustitución por una simple notificación del inicio de las obras por parte del ciudadano, que es una solución que luego se ha ido extendiendo y generalizando) tengo la íntima convicción de que nada ha tenido que ver con lo que yo escribí, argumenté y defendí. Simplemente, es que lo que a mí se me ocurrió era tan obvio y evidente que se les ocurrió, también, a otros muchos. O que algún otro factor, por casualidad, propició el cambio (en el caso del libro electrónico, por ejemplo, tiene mucha pinta de que en el fondo es una rebaja del IVA alentada por la crisis y la presión del sector, que es cada vez más potente) en un sentido semejante a lo que yo sustuve. Pero, no me engaño sobre el particular, en ningún caso tiene que ver con que alguien haya leído lo que yo escribí y se haya convencido. Lo puedo afirmar con tanta seguridad porque conozco los datos de lectura efectiva de la mayor parte de las cosas que escribo (y sí, en efecto, cualquier entrada de este blog, que suele ser consultada por unas 500 personas a lo largo de la semana de su publicación, lo cual puede indicar que a lo mejor se la leen efectivamente unas 25-50 personas siendo optimistas, tiene más lectores que cualquier trabajo o artículo jurídico que escriba yo en libros o revistas especializadas). Asimismo, soy perfectamente consciente de que la capacidad de influencia y convicción que tenemos, incluso cuando somos leídos, es más bien escasa.

De todos modos, y por si sirve de algo, invito a leer el trabajo (o a pedírmelo por correo electrónico si no lo tienen a mano) a quien pueda interesar el tema. Hay más ejemplos de paradojas en la actual regulación y de efectivo trato jurídico diferenciado a unos y otros tipos de libro a pesar de que se supone que normativamente son lo mismo. ¡A ver si recordándolo alguien se anima a cambiar la situación!



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