La recentralización en clave jurídica: un manual de instrucciones sobre leyes de armonización

Un colega de mi área de esos que están muy, muy al día y con un especial olfato para detectar por dónde puedan ir los tiros futuros en nuestro Derecho nos comentaba el otro día cuán significativo era el Informe sobre garantías de cumplimiento del Derecho comunitario publicado el 15 de diciembre de 2010 por el Consejo de Estado. Básicamente, porque al margen de ocuparse de una cuestión clásica e importante (la Unión Europea es un ente cuyos miembros son los Estados, y éstos son los responsables ante la misma, por lo que serán éstos los que hayan de responder por cualquier incumplimiento que les sea imputable, aunque provenga de Comunidades Autónomas o Entes Locales que, por razón de su autonomía, no están obligados a obedecer instrucciones del Estado) tratando de disponer mecanismos de atribución de la responsabilidad y proponiendo reformas de Derecho interno para asegurar la responsabilización de los distintos sujetos, esboza algunas ideas que demuestran bien a las claras por dónde van los tiros «recentralizadores» de los que hemos tenido ocasión de hablar ya en algún otro momento de un modo más desenfadado.

En primera línea de salida asistimos a la exposición del Consejo de Estado que justifica una resurrección jurídica de las leyes de armonización, muertas y enterradas desde la STC 76/1983. Pues bien, el Consejo realiza una peculiar exégisis de esa Sentencia algo alejada de cómo se entendió en su día (interpretación más o menos compartida por todos que ha provocado que, desde ese momento, no se haya propuesto una sola norma de esas características). Así, desbroza el camino para la aprobación futura de leyes de armonización. E incluso argumenta la posibilidad de que esta argumentación se haga con carácter «preventivo» (esto es, antes de que se haya podido constatar a la luz de cómo actúan las CC.AA. que la misma es imprescindible y única solución jurídica viable, que era como se entendía clásicamente lo que dijo el TC en el 83, impidiendo de facto cualquier norma de este tipo). Vamos, lo que podríamos llamar una especie de «doctrina Bush» aplicada a las leyes de armonización, si se me permite la broma.

El tema es interesante teóricamente, pero también es importante en la medida en que supone un privilegiado indicio de cómo han empezado a pensar nuestro Estado de las Autonomías, de un tiempo a esta parte, ciertas elites jurídicas del país. Les dejo, sin más, con lo que dice el Consejo de Estado. Juzguen Ustedes mismos:

Continúa leyendo La recentralización en clave jurídica: un manual de instrucciones sobre leyes de armonización…



El Tribunal de la UE contra el canon

Un día después de haber sido confirmada por lo que suponemos es valorada por el Presidente del Gobierno como una brillante gestión al frente del Ministerio de Cultura el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma la ilegalidad del concreto canon que ese Ministerio lleva tiempo defendiendo a capa y espada. No significa que cualquier canon sea incompatible con el Derecho de la Unión, pero sí que uno generalizado e indiscriminado lo es.

Ya tuvimos ocasión en mayo, con motivo del avance de las conclusiones de la Abogada General, de dejar constancia de nuestra opinión y del juicio, en gran medida coincidente, que nos merecerían sus conclusiones. Tiene poco sentido reiterar lo escrito entonces, aunque sí conviene recordar, como siempre, dos aspectos:

– Si a la hora de la verdad una intervención pública impone un canon que, en la práctica, funciona como una exacción parafiscal obligatoria, ¿no sería mejor que fueran los poderes públicos quienes la gestionaran y distribuyeran esos ingresos, en lugar de delegar en asociaciones como la SGAE que, más allá de que tengan buena o mala prensa, de que sean más o menos opacas, de que se aprovechen de su situación o de que por el contrario actúen con una enorme prudencia, son siempre y en todo caso actores privados disfrutando de un enorme privilegio público y gestionándolo, como es lógico y no puede ser de otra manera, dada su condición, desde criterios privados en lugar de públicos?

– Si aceptamos la conveniencia de un canon por el ejercicio del derecho de copia privada, ¿no debería poder quedar excluido del canon la compra de material que pueda demostrarse que no se va a emplear para realizar tales copias? Frente a la tendencia del legislador español (que ha venido siendo más bien la de extender el canon digital a toda suerte de dispositivos que sean potenciales receptores o reproductores de copias privadas, lo que por cierto lo asemeja cada vez más a un impuesto) ¿acaso no es más sensato gravar sólo aquellos aparatos que puedan ser susceptibles de ser dedicados a ese uso con mayor frecuencia y dejar libres de canon a los que están llamados, esencialmente, a ser destinados a otros usos? Si suficientemente alucinante es que yo pague canon por grabar en un CD fotos de mi familia hechas con una cámara digital, esto es, que pague derechos de autor, por ejemplo, a Serrat o Ramoncín por haber “usado” la imagen y derechos de mis propios hijos,  más estremecedor y directamente indignante es que haya de pagar también por tener un teléfono móvil, un ordenador, un reproductor de DVDs o incluso una cámara de fotos digital. Vale que todos ellos pueden ser empleados para reproducir o realizar copias privadas. Pero, ¿es acaso éste su uso normal o más habitual? ¿Es suficiente la mera posibilidad para que haya motivos suficientes para gravar parafiscalmente, con el canon, también a todos esos productos?

Tanto la Sentencia como las Conclusiones de la Abogada General pueden consultarse aquí. En cuanto echemos un vistazo con calma a la Sentencia decimos algo más. De momento, basta con ir festejando que poco a poco se imponga cierto sentido común (jurídico) en todo este asunto.



Libre circulación de personas y libre circulación de gitanos

¡Para una vez que un comisario europeo se pone valiente y dice algo decente deletreándolo con todas las letras y va y resulta que sale en tromba todo el mundo, incluido nuestro Presidente del Gobierno, inasequible al desaliento en su compromiso por dejarse la piel defendiendo a los más débiles, a poner a parir a Viviane Redding!

Continúa leyendo Libre circulación de personas y libre circulación de gitanos…



La clínica del Rey y la sanidad pública

Las últimas peripecias de nuestro Jefe de Estado permiten deslizar algunos comentarios sobre cuestiones jurídico-públicas. Por ejemplo, la desfachatez con la que se trata de colar la especie de que estamos ante un ejemplo de funcionamiento de sanidad pública al alcance de todos los ciudadanos. O la extraña manera en que se dan las noticias sobre su estado de salud, así como el acrítico entusiasmo con el que nuestros medios de comunicación las difunden y jalean como «ejemplos de transparencia».

Porque si hemos logrado leer, creer, asumir y jalear como ejercicio de destape público absoluto la secuencia que se ha desarrollado en dos semanas según la siguiente evolución: «chequeo rutinario demuestra que todo está OK y no hay nada anormal – operación de urgencia por un nodulito poco después – nodulito convertido en tumor benigno tras una primera autopsia realizada con una celeridad, pues fue prácticamente instantánea, que ha de ser la envidia de la ciencia médica comparada – segunda autopsia definitiva, un día despúes, confirmando los resultados de la primera» (y a saber lo que nos queda por vivir de la secuencia), eso no puede sino significar que los partes médicos de Fidel Castro nos han de merecer una credibilidad igualmente máxima (recomendamos, en este sentido, disfrutar con la evolución de las crónicas de nuestra admirada Mábel Galaz, siempre al pie de la noticia, desentrañando con rigor y espíritu crítico las claves de la realidad monárquica: tienen aquí una evolución de lo que ha ido escribiendo estos días).

En cualquier caso, hay cuestiones probablemente más atractivas que ésta que han salido a la luz gracias a la atención mediática que ha merecido la intervención a que ha sido sometido el Rey. Esencialmente, el original modelo de colaboración público-privada en materia sanitaria que tiene montado el Hospital Clínc de Barcelona y que gracias a este asunto ha sido posible que salga mínimamenta a la luz. No es que haya generado demasiadas portadas el tema, pues aquí, en este país, se es muy respetuoso con estas cosas, pero no por ello el tema deja de tener bastante más miga de la que se pretende. Porque mientras los palmeros de turno se felicitaban de que Su Majestad ingresara en un centro público, «como todos los españoles» (lamentablemente, años y años de sanidad y escuela privada para la Familia Real no han merecido nunca el más mínimo comentario en sentido inverso), otros descubríamos perplejos que hay ya hospitales públicos que se han montado chiringuitos paralelos para «descremar» los mercados más interesantes y pudientes. Merece un mínimo comentario tan avanzado modelo de colaboración público-privada, la verdad.

Continúa leyendo La clínica del Rey y la sanidad pública…



¿Recortes, al fin, al abusivo e indiscriminado canon por copia privada?

Es sabido que una de las críticas más habituales (y, a mi juicio, oportuna) respecto del actual modelo de retribución a los creadores y autores, implantado y aplicado gracias a una intervención pública que altera el equilibrio del mercado privado, se refiere no tanto a esta intervención como al hecho de que la misma no parece, la verdad, que esté demasiado bien modulada. Hay, al respecto, dos cuestiones que siempre han aparecido llamativas a los críticos que van en esta línea (entre los que me cuento) y que pueden resumirse así (con mucha más extensión tienen estas cuestiones desarrolladas, por ejemplo, aquí):

– Si a la hora de la verdad una intervención pública impone un canon que, en la práctica, funciona como una exacción parafiscal obligatoria, ¿no sería mejor que fueran los poderes públicos quienes la gestionaran y distribuyeran esos ingresos, en lugar de delegar en asociaciones como la SGAE que, más allá de que tengan buena a mala prensa, de que sean más o menos opacas, de que se aprovechen de su situación o de que por el contrario actúen con una enorme prudencia, son siempre y en todo caso actores privados disfrutando de un enorme privilegio público y gestionándolo, como es lógico y no puede ser de otra manera, dada su condición, desde criterios privados en lugar de públicos?

– Si aceptamos la conveniencia de un canon por el ejercicio del derecho de copia privada, ¿no debería poder quedar excluido del canon la compra de material que pueda demostrarse que no se va a emplear para realizar tales copias? Frente a la tendencia del legislador español (que ha venido siendo más bien la de extender el canon digital a toda suerte de dispositivos que sean potenciales receptores o reproductores de copias privadas, lo que por cierto lo asemeja cada vez más a un impuesto) ¿acaso no es más sensato gravar sólo aquellos aparatos que puedan ser susceptibles de ser dedicados a ese uso con mayor frecuencia y dejar libres de canon a los que están llamados, esencialmente, a ser destinados a otros usos? Si suficientemente alucinante es que yo pague canon por grabar en un CD fotos de mi familia hechas con una cámara digital, esto es, que pague derechos de autor, por ejemplo, a Serrat o Ramoncín por haber «usado» la imagen y derechos de mis propios hijos,  más estremecedor y directamente indignante es que haya de pagar también por tener un teléfono móvil, un ordenador, un reproductor de DVDs o incluso una cámara de fotos digital. Vale que todos ellos pueden ser empleados para reproducir o realizar copias privadas. Pero, ¿es acaso éste su uso normal o más habitual? ¿Es suficiente la mera posibilidad para que haya motivos suficientes para gravar parafiscalmente, con el canon, también a todos esos productos?

Continúa leyendo ¿Recortes, al fin, al abusivo e indiscriminado canon por copia privada?…



Luz ámbar al Tratado de Lisboa

El Tribunal Constitucional Federal alemán dio a conocer ayer su decisión sobre la compatibilidad del Tratado de Lisboa con la Ley Fundamental de Bonn de 1949 (aquí, en inglés). Y, a falta de un análisis más profundo y de una lectura detenida de la sentencia, es claro que el Tribunal, en una decisión muy importante (más todavía debido a las dudas ciertas que se habían expresado en la vista), ha entendido que la Constitución alemana no contiene obstáculos insalvables a la aprobación de un texto de estas características.

El Tribunal, que además ha adoptado la decisión por unanimidad (aunque con un voto discrepante respecto de la argumentación realizada), señala que el Tratado de Lisboa es compatible con la Costitución alemana, aunque establece también una serie de salvedades y límites. Por este motivo, Alemania no puede ratificar todavía el Tratado. En concreto, entiende que para que así pueda entenderse es preciso que Alemania se dote de instrumentos legislativos que amplíen las competencias de sus Cámaras parlamentarias (Bundestag y Bundesrat) en lo referido al control de las decisiones que se adopten en la UE. Para que pueda procederse a la ratificación, el parlamento alemán está obligado a aprobar una ley con unos determinados contenidos, marcados por el Tribunal Constitucional alemán. Aunque hay poco tiempo hasta la disolución del Bundestag del próximo otoño, tanto CDU como SPD ya han asegurado que se encargarán de que un texto con las características exigidas por el Tribunal Constitucional alemán será aprobado en septiembre.

La decisión parece más política que jurídica y pretende conciliar las posiciones de euroescépticos y una clase política mayoritariamente a favor del modelo de integración europea (tarea que es imposible en sí misma con un mínimo de coherencia): salva el problema de constitucionalidad del texto de Lisboa por medio de una pirueta jurídica vacía de contenido real (porque, a efectos prácticos, la capacidad de modificación de las cámaras alemanas, por mucho que sus leyes internas les refuercen en ese supuesto poder de vigilancia y control sobre la labor legislativa de la UE, no depende de ellas sino del marco del Tratado de Lisboa, que es el que es y que no será modificado por la ley alemana que se está preparando) pero que tiene un valor simbólico innegable: el Tribunal Constitucional alemán, sin querer poner freno al Tratado de Lisboa y a la integración europea, realizada entre un enorme consenso de la clase política alemana, también aspira a dejar claro, aunque sea de esta manera extravagante, que entiende que no se cede soberanía. Y que, por ello, Alemania sigue siendo un sujeto político en sí mismo, a todos los efectos. Al menos, simbólicos.

Como es evidente, la arquitectura europea no consiente un control como el que el Tribunal Constitucional alemán ha exigido a su Parlamento que sea aprobado para entender constitucional el Tratado. Si todos los países tuvieran una efectiva capacidad de influencia a través de sus parlamentos nacionales sobre la legislación europea el sistema, simplemente, no sería viable. Así que hay que entender que la declaración del Bundesverfassungsgericht tiene mucho de actuación que busca remarcar un principio, por si acaso, de cara al futuro, cuando no meramente ad pompam vel ostentationem. Algo que, de alguna manera, tampoco es tan extraño cuando estamos hablando de soberanía, una noción que se manifiesta y exhibe ostentosamente siempre como paso previo a ser ejercida. Y el Tribunal ha dejado claro que el sujeto político soberano en Alemania es el pueblo alemán. Y nadie más. ¿Significado real de la decisión? La cuestión es si, en caso de conflicto entre la UE, alguna de sus normas y el juicio mayoritariamente expresado por el Parlamento alemán, esta decisión pudiere constituirse en el futuro en la base dogmática, teórica, expresada previamente a la ratificación por Alemania (cuya ratificación, además, está condicionada por la misma y en esos términos podrá aspirar a ser interpretada), para una hipotética negativa alemana a aceptar alguna norma impuesta por la UE. No parece que vaya a ser el caso, pero es obvio que un cierto aviso para navegantes y una mínima capacidad de acción sí que aporta.



Europa: el partido se decide aquí

Por supuesto, cuando decimos que el partido se decide aquí no hablamos de las muy desleídas elecciones europeas, que no sólo en España sino en toda Europa son uno de los más fiables indicadores respecto del descuartizamiento y secuestro del proyecto europeo. No sólo la ciudadanía lo vive como algo crecientemente ajeno, cuando no hostil, sino que el mínimo interés que pueden generar las elecciones europeas en tanto que proceso de articulación político y de la discusión en el espacio público tiene que ver con asuntos locales y dinámicas políticas internas en todos y cada uno de los países miembros de la UE. Como mucho, y de casualidad, en ocasiones, los resultados de las elecciones europeas pueden tener, eso sí, incidencia en el proyecto de construcción europea siempre y cuando supongan un condicionante de política interna de suficiente magnitud. De modo que, por ejemplo, el futuro del Tratado de Lisboa puede quedar comprometido si cae el Gobierno laborista del Reino Unido y una mayoría conservadora retira la ratificación al Tratado antes de que éste haya logrado completar, con la repetición del referéndum irlandés, la ronda de ratificaciones.

Sin embargo, desde hace unos meses, somos muchos los juristas que vivimos expectantes a la espera de una decisión del Bundesverfassungsgericht (el Tribunal Constitucional Federal alemán) sobre la admisibilidad a la luz del Derecho interno alemán, y en concreto de su Ley Fundamental de 1949, del Tratado de Lisboa. Hace apenas un par de días quedó claro que, al menos hasta que pasen las elecciones europeas, no habrá decisión. Pero es perfectamente posible que no tarde demasiado una vez hayan pasado éstas. Y, a diferencia de lo que votemos los demás el próximo domingo, lo que opinen los miembros de la Sala segunda del BVerG tendrá una incidencia directa en el proceso de construcción europea y,  en concreto, en la determinación de cómo y hasta dónde se puede llegar por las vías de integración hasta ahora empleadas.

Continúa leyendo Europa: el partido se decide aquí…



No se trata de hacer leer | RSS 2.0 | Atom | Gestionado con WordPress | Generado en 0,211 segundos
En La Red desde septiembre de 2006