Derecho a informar, interés público y derecho al honor

Quien esto escribe imparte clase de Derecho de Comunicación a estudiantes de Periodismo. Durante estas semanas hemos estado explicando que la libertad de información (art. 20.1 d) de la Constitución española) ampara a los profesionales del periodismo cuando aquello que cuentan es veraz y de interés público, sin que en esos casos (y siempre y cuando se den esas dos notas) quepa oponer derechos como el honor de las personas para impedir la difusión de las noticias en cuestión. Pues bien, noticias como que han condenado a unos periodistas que han destapado un caso de corrupción en la gestión público-privada de la sanidad catalana, aparentemente por destapar toda una serie de informaciones y realizar las valoraciones anexas, en íntima relación con el caso en cuestión. Si en efecto es así, no puedo sino decir que la decisión me deja perplejo y, la verdad, me hace cuestionarme hasta qué punto lo que explico en clase tiene (o no) algo de sentido.

Pero juzguen por sí mismos. Se supone que la condena es por la intromisión en el derecho al honor del señor Via debido a este vídeo colgado por los periodistas:

He estado buscando la Sentencia en cuestión, porque sinceramente, a partir de lo que se escucha en el vídeo, es francamente llamativo que se condene y, además (lo que no siempre va de la mano), también es muy difícil comprender jurídicamente la decisión. Pero, de momento, no la he localizado (si alguien la tiene, por favor, me interesaría mucho poder leerla y rectificar en su caso lo aquí expuesto). Parece, más bien, y como publicó El País, un simple aval a la estrategia de personas implicadas en casos de posible corrupción que están siendo investigados por los Tribunales de atacar por medio de querellas a los informadores y a quienes destapan los escándalos como medio de defensa. En todo caso, no pasa nada tampoco por dar el beneficio de la duda a la sentencia. Quizás hay algún dato que no conozco o que se me escapa. De manera que, más allá de referirme a la decisión judicial, creo que tiene sentido hablar del vídeo en sí mismo. ¿Algo de esa índole ha de ser amparado por la libertad de información?

Analizando el vídeo con independencia de lo que puedan haber argumentado las partes y la sentencia, queda claro que al señor Via se le menciona sin imputarle delitos concretos, sino por su participación y comentarios públicos respecto de la situación (cómo se gestoiona la sanidad con intervención de empresas privadas en Cataluña y, sobre todo, la opacidad y falta de transparencia respecto de muchos contratos, que impiden fiscalizar el uso de dinero público), opiniones por las que es criticado, con dureza, en el vídeo. Es cierto que hay una pregunta retórica en la que, para ridiculizar y llevar al absurdo la posición defendida por Via, se lanza la hipótesis argumentativa de que quizás lo que le parecería sensato a Via es que le ingresaran directamente el dinero en las Islas Caimán. Es cierto, también, que el vídeo habla en su título de «robo» y la expresión se repite a lo largo del mismo para calificar algunos comportamientos y actitudes (pero no en referencia concreta al Señor Via). Puestos en la balanza esos, si se quiere, «excesos expresivos» (que a mí no me lo parecen, en el fondo, pues se explican a partir de la articulación del reportaje y que por esta razón nada tienen que ver con los excesos reprobables que el Tribunal Constitucional ha señalado, por ejemplo en sus Sentencias Comandante Patiño I (STC 171/1990) y Comandante Patiño II (STC 172/1990), que significan que se pierda el amparo de la libertad de información y no sea aceptable la inmisión en el honor de los ciudadanos aunque se traten asuntos veraces y de interés público pues una interpretación amplia de la exigencia de profesionalidad periodística que incluye la Constitución obliga a excluir ciertos excesos expresivos y calificativos innecesarios y que nada aportan) con el contenido material del reportaje y de la información periodística que se aporta, esto es, la denuncia de unos hechos que se han considerado no sólo de evidente interés público sino, además, veraces hasta el extremo de ser el origen de varias investigaciones judiciales, ¿tiene sentido que una democracia liberal y transparente, donde la fiscalización de los poderes públicos sea efectiva, no permita que se publique algo así?

Entender que un vídeo de estas características no debe ser amparado por la libertad de información nos lleva a una interpretación restrictiva y pacata de la manera en que un profesional ha de ejercer como tal y del modo en que puede contar las noticias en los tiempos que corren, absolutamente desconectada de la realidad. Quizás, también, un juicio restrictivo es asimismo manifestación de profunda desconfianza hacia el trabajo periodístico de pequeños medios que usan Internet, del uso del vídeo y las redes sociales… o incluso del periodismo hecho por no profesionales (puesto que los periodistas del vídeo sí lo son, pero independientes… lo que nos hace pensar qué habría pasado si esto fuera una denuncia de un ciudadano). Las consecuencias de una visión semejante son evidentes: restringir el flujo de información de interés público.

Este efecto es, justamente, lo que todos los tribunales constitucionales en la materia dicen que hay que tratar de evitar si no queremos que, ante esas exigencias y requisitos excesivos, que cargan a los periodistas y a los ciudadanos que informan con responsabilidades desproporcionadas, acabe produciéndose un efecto «silenciador», el chilling effect del que ya hablara el Tribunal Supremo de los Estados Unidos: por miedo a ser condenado a la mínima, no informo; o sólo informo cuando un grado de certeza inalcanzable, a efectos prácticos, en la mayoría de los casos en la vida real; o no informo si soy pequeño, o si uso las redes sociales; o no informo empleando un lenguaje comprensible sino usando modismos jurídicos muy prudentes pero que hacen que la información ni se entienda ni fluya… Todo lo cual es muy perjudicial socialmente, porque nos empobrece, nos hace ignorantes de muchas cosas que están pasando y, en definitiva, por emplear la expresión clásica, bloque el libre flujo de noticias imprescindible para la formación de una opinión pública libre en una sociedad democrática.

– – – – – – – – –

Actualización: aquí tienen la sentencia.

Una vez leída la sentencia, se puede confirmar que la misma es un desafortunadísimo ejemplo de cómo limitar la libertad de expresión e información de un modo que, si se generalizara, se cargaría la prensa libre tal y como la conocemos, así como la posibilidad de informar sobre asuntos públicos. La frase que la sentencia considera que supone una intromisión en el honor es «»vergonyós exemple» o «gent com voseé, com Bagó, com Manté i tanta altres que s’han enriquit a costa d’enfonsar la nostra Sanitat», que el juez entiende que no puede considerarse una «expresión de una idea o una opinió, sino más bien una atribución de hechos que no estaría, por lo tanto, amparada en la libertad de expresión sino, en su caso, en el derecho a la información» que para «prevalecer sobre el derecho al honor es necesario que cumpla con el requisito de veracidad».

La sentencia es lamentable, como confirma su lectura, desde cualquier punto de vista, pero también jurídicamente. En primer lugar porque, como resulta obvio, afirmar de un empresario de la sanidad que se ha enriquecido gestionando la sanidad pública y que el resultado ha sido hundirla tiene un contenido valorativo evidente. Un contenido que a partir de valoraciones genéricas muy semejantes se repite, día a día, en casi cualquier medio de comunicación («a base de dar dinero a sus amigos en la banca y empresas públicas en presidente del gobierno está hundiendo el país») sin que nadie en su sano juicio considere que la emisión de esas opiniones está fuera del legítimo derecho a la crítica política que pueden hacer medios de comunicación y ciudadanos. Es más, que es sano que hagan medios de comunicación y ciudadanos en una democracia normal.

En segundo lugar, porque si aceptáramos la tesis del juez, esto es, que esa frase contiene información que afecta al honor de una persona y que sólo puede emitirse legítimamente si se demuestra su veracidad, se imponen dos conclusiones:
– que el carácter genérico de la afirmación hace sencillo probar los únicos hechos sobre los que versa (enriquecerse con ese negocio y que esté relacionado con el estado de la sanidad catalana)
– que el juez, en ese caso, debería haber dejado a los imputados intentar probar esas afirmaciones, ¡algo que sorprendente les niega diciendo que el proceso no puede convertirse en un juicio a la sanidad catalana! O sea, que dice que la afirmación genérica ha de ser probada y antes, él mismo, había dicho que ese tipo de afirmaciones genéricas no tiene sentido probarlas ni pueden ser objeto del proceso. De locos.



Libertad de expresión, política editorial de medios privados y censura

Una cuestión que comentamos recurrentemente, año tras año, en las clases de Derecho de la Comunicación, siempre en animado debate con las diversas generaciones de estudiantes de periodismo que pasan por las aulas de la Universitat de València, es la diferencia entre la censura clásica, entendida en sentido estricto, y las situaciones en que un periodista o un colaborador de un diario ve cómo un texto suyo no es publicado, o es retirado, por parte de los editores o directores del mismo. En esta última situación no estamos hablando de censura, estamos hablando de otra cosa. Tampoco es un problema de libertad de expresión, porque es éste un derecho que no abarca el publicar lo que uno quiera en un medio privado. Un periódico, una radio, una televisión… cualquier medio de comunicación, tiene un política editorial y es perfectamente legítimo que la haga cumplir. O que decida quiénes han de ser sus colaboradores, como ya tuvimos ocasión de comentar a cuenta de la polémica surgida en torno a unos comentarios del cineasta Nacho Vigalondo que provocaron que El País prescindiera de él. Ahora bien, que estas decisiones puedan ser perfectamente legítimas no impiden que puedan ser, también, criticadas atendiendo a muchos otros factores. Como en su momento, por ejemplo, yo hice respecto del affaire Vigalondo por entender que ahí el diario en cuestión (en el que como es sabido publico en ocasiones colaboraciones y que además contiene también este blog, lo que comento de forma explícita para que quede claro mi vínculo con el mismo) se equivocaba al dar cancha a dinámicas infantiles y que no ayudan a construir un espacio público maduro al «castigar» a alguien por una broma que, además, lejos de ser «negacionista del holocausto» era todo lo contrario.

Recientemente, se ha producido un fenómeno parecido a cuenta de la publicación en un blog colectivo de críticas a la decisión de la empresa editora y a su consejero delegado (Juan Luis Cebrián, quien fuera el primer director del diario) de acometer un ERE muy duro que afecta a una cuarta parte de la plantilla (en un contexto donde los ejecutivos del grupo de comunicación cobran sueldos ciertamente cuantiosos). ¿Es legítimo que un diario prefiera no publicar ese tipo de contenidos? De nuevo, sin duda, tiene todo el derecho del mundo a decidirlo así si lo entiende oportuno. De nuevo, no estamos ante una cuestión de censura, pues la línea editorial y los contenidos que se publican en un medio de comunicación los deciden sus directores y editores. Tampoco es un problema de libertad de expresión, dado que los autores del blog pueden sin ningún problema exponer esas mismas ideas en otros lugares y nadie ajeno o externo a esos lugares se lo debiera poder impedir ni, por supuesto, el Estado castigarles por ello. Ahora bien, ¿significa todo ello que el asunto quede zanjado? Pues no, la verdad. Hay muchas cuestiones adicionales que conviene tener en cuenta.

Una de ellas, y la hemos comentado ya en otras ocasiones (por ejemplo, y justamente, con el affaire Vigalondo), es la creciente importancia de los medios privados a la hora de vehicular el debate público y de contribuir a la formación de una opinión pública libre y formada. Lo cual nos obliga, como ciudadanos, a ser exigentes con nuestros medios de comunicación y a presionar para que sean lo más plurales, independientes, rigurosos y abiertos que sea posible. Para hacerlo contamos con los medios que, como consumidores, compradores a los que va destinado el producto, nos ofrecen las dinámicas difusas de presión y control. Es bueno que, de una manera u otra, los medios de comunicación noten que apostar por ser valientes, por aceptar críticas, por publicar opiniones discrepantes, renta también como proyecto mercantil. Porque sólo de esa manera habrá un entorno de incentivos adecuado para que quienes gestionan medios de comunicación los abran lo más posible.

El caso del diario El País, de hecho, es un excelente ejemplo de un medio de comunicación que, además de rentable, ha contribuido a mejorar ese espacio de debate público. Y lo ha hecho durante años, en gran parte, precisamente porque ha encarnado unos valores de apertura, de crítica, de compromiso que ha generado una comunidad de lectores que sienten que el diario se debe, también, a unos valores. Probablemente por esta razón un ERE en El País (un periódico que en 2011 seguía ganando dinero, como ha hecho siempre) genera un profundo desagrado entre quienes somos su lectores y una polémica que no hemos visto en otros casos (donde la indignación y crítica de los afectados o de los colectivos profesionales eran altas pero el tema pasaba con más pena que gloria entre el público en general e incluso entre los consumidores del producto). Porque no se nos hace justo ni razonable (y menos en los términos planteados) y porque, por mucho que nada tengamos que decir al respecto desde un punto de vista mercantil y de gestión de los mejores intereses de la empresa, éstos sí nos importan. Y mucho más de lo que pudiera parecer. Nos importan porque nos preocupa cómo será el periódico del futuro y porque es inquietante pensar que no vaya a poder cumplir con la función pública y social de la que hablábamos antes.

Ahora bien, y sobre todo, ese sentimiento colectivo en torno a ciertos valores, generado por actitudes y compromisos que se remontan a muchos años en el tiempo, es un activo enorme que el diario ha tenido y todavía tiene. Precisamente por esta razón, y desde la perspectiva de la presión difusa de la que hablábamos antes, es increíble que, haya libertad de expresión en juego o no, estemos ante un caso de censura o no, nadie parezca ser consciente de que hay decisiones que, por muy legítimas que sean, rompen complicidades y, a medio y largo plazo, es dudoso que sean, desde un punto de vista editorial, rentables no sólo en términos de imagen sino, incluso, y a la postre, económicos… y a fin de cuentas, ¿no se trata justamente de que el producto, además de cumplir con sus funciones informativas y sociales, permita ganar dinero?

La libertad de expresión es importante, pero no lo es sólo cuando está claramente afectada y puesta en riesgo por los poderes públicos. También es esencial preservarla con todos los medios a nuestro alcance, indirectamente, cuando lo que está en juego es cómo acabe perfilada en la práctica a partir de esa conformación del espacio público realizada por medios privados. Cada vez, de hecho, lo es más. Ocurre, sin embargo, que las reglas del mercado son las que son. Y tenemos que acostumbrarnos a que la libertad de expresión, a veces, cuando no estamos hablando de un ámbito de autonomía y no injerencia no ya frente al Estado sino frente a empresas, tiene, lógicamente, un precio. En muchos sentidos. ¡Por eso es tan importante entender bien cómo funcionan esos mercados! Mercados donde para vender periódicos también cotizan, y es esencial recordarlo, los valores que se vehiculan con el producto periodístico que se vende. Que no es neutro. Que no puede serlo. Y que no sólo es mucho mejor sino que es más atractivo como producto cuanto más libre, crítico y plural.

Un fuerte abrazo desde aquí para los periodistas de El País y para los compañeros blogueros que, en el fondo, sintiéndose libres para hacer su trabajo, en un caso, y para hablar con libertad de lo que estiman oportuno, en el otro, nos hacen un favor a todos.



Adjudicando licencias de televisión a la española (el TS anula el reparto de TDT de Valencia)

En Sentencia de 18 de julio de 2012 (que puede consultarse íntegramente aquí) de la que ha sido ponente Vicente Conde Martín de Hijas, recientemente publicada y notificada a las partes, el Tribunal Supremo ha resuelto el recurso que una empresa que se quedó fuera del reparto de licencias de TDT local que realizó en 2006 la Generalitat Valenciana planteó contra ese proceso de adjudicación. En su resolución, el Tribunal da la razón, finalmente, a los recurrentes y anula la mayor parte de las licencias de televisión local de la Comunidad Valenciana como consecuencia de un defecto de forma (pero particularmente grave) en la valoración de las ofertas, al haberse delegado la misma en una empresa de asesoría externa a la Administración.

La decisión es extraordinariamente importante y da pie a comentar muchas cuestiones. No es, sin embargo, demasiado sorprendente. No tanto porque el Tribunal Supremo (o, en general, nuestra jurisdicción contencioso-administrativa) esté controlando con rigor los excesos de nuestras Administraciones Públicas a la hora de adjudicar con criterios más que cuestionables y de dudoso amparo legal las licencias de televisión a empresas privadas (pues no está siendo el caso) sino porque este cualificado defecto en la tramitación del procedimiento ya había sido entendido como causa de nulidad del mismo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un caso sustancialmente idéntico al ahora fallado, doctrina que fue expresamente avalada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 25 de junio de 2012 (ponente Pablo María Lucas Murillo de la Cueva).

En cualquier caso, previsible o no, la ocasión nos obliga a referirnos a una serie de cuestiones: recordar cómo se han estado adjudicando por nuestras Administraciones Públicas estas licencias, analizar los argumentos que han permitido por lo general a los distintos tribunales que han resuelto los numerosos recursos que han generado estos concursos mirar para otro lado y, en última instancia, dar algo de luz sobre la doctrina sentada por el Tribunal Supremo y sus implicaciones presentes y futuras. Vamos a ello:

Continúa leyendo Adjudicando licencias de televisión a la española (el TS anula el reparto de TDT de Valencia)…



Participación política y límites al modelo de democracia representativa español

En las dos últimas semanas he estado en dos actos de diferente naturaleza pero similar temática hablando de nuestro modelo constitucional en materia de participación política y de los límites que el modelo actual de democracia representativa, en el caso español, supone. El primero de ellos, organizado por la Coalició Compromís en el Centre Octubre de València, giró en torno a muchos temas de actualidad (las manifestaciones de los últimos meses y los diversos conflictos con la policía, la emergencia de las redes como vehículo de amplificación del espacio público….). Fue un debate muy entretenido y animado en el que, sobre todo, dijeron cosas con mucho sentido Joan Subirats (a quien siempre es un placer escuchar y que es una de las voces más lúcidas a la hora de desentrañar por dónde van los tiros en esto de las nuevas formas de participación) y Carmen Castro (activista con muchísima experiencia en redes que sabe de lo que habla). Lamentablemente, me pilló con exámenes (actividad más exigente para los profesores de lo que muchos creen) y como consecuencia de no tener apenas tiempo ni lo reseñé ni lo comenté. Un pequeño desastre porque mereció mucho la pena.

La semana pasada, en un contexto más académico (la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid) pero con un ambiente distendido, relajado y combativo, nos juntamos varios profesores para hablar de «Crisis, recorte de derechos y Estado democrático» por iniciativa de Julio González (Catedrático de Derecho Administrativo de la UCM) y de Argelia Queralt (Profesora de Derecho Constitucional de la UB). El encuentro fue de lo más intenso, con público llegado incluso desde Twitter (¡un saludo a @alfonstwr desde aquí!) y merece la pena hacer una pequeña referencia al mismo, ahora que tengo un ratito, para no cometer el mismo error del otro día. Porque como podéis comprobar simplemente echando un vistazo programa preparado, la calidad de los ponentes hizo que aprendiéramos todos mucho y que valga la pena reseñar, aunque sea por encima, algo de lo que se dijo allí.

Continúa leyendo Participación política y límites al modelo de democracia representativa español…



Sábado, sabadete, Decreto-ley y….

Escribo hoy en mi columna quincenal de El País Comunitat Valenciana sobre los recortes y cuento algo que es estrictamente cierto. Somos cada vez más los juristas que, con una mezcla de incredulidad, morbo, cierta resignación y espíritu sadomasoquista nos conectamos los sábados por la mañana al Boletín Oficial del Estado, donde con precisión de reloj suizo aparecen, semana tras semana, Decretos-ley de todo pelaje y condición consecuencia de que ahora los Consejos de Ministros del viernes se aprovechan para aprobar normas con rango de ley, semana sí, semana también.

Esto del Decreto-ley como costumbre semanal es una cosa que quizás al no iniciado no llame demasiado la atención, pero a los juristas nos preocupa, cuando no indigna, por muchas razones. Porque el Decreto-ley supone que sea el Gobierno quien redacte una ley, en lugar del Parlamento, que es quien tiene atribuida esa función en un Estado de Derecho normal. ¿Y qué más da algo así en un contexto como el actual, donde el partido que Gobierna tiene una amplia mayoría absoluta en las Cortes que le permite aprobar todo lo que le parezca?, se preguntarán algunos. Pero la verdad es que sí da, sí importa. Y mucho. Porque no es lo mismo hacer las normas sin debate y confrontación de ideas a tener que pasar por un trámite parlamentario donde todo esto se produce. No es lo mismo la publicidad que una norma y sus matices y detalles reciben, por parte de la opinión pública y de los agentes implicados, si se tramita como ha de hacerse a la atención que suscita si se aprueba Decretazo mediante. Y tampoco es lo mismo el incentivo al pacto y la conciliación que supone tener que aprobar la Ley, porque aunque tengas mayoría absoluta siempre queda un poco mal pasar el rodillo una y otra vez, comparado con lo que supone poder decretar cualquier cambio en una rueda de prensa tras un «intenso debate» entre tu partido y tu gobierno. Aunque luego el Decreto-ley deba ser convalidado por el Parlamento o tramitado como ley el efecto provocado por el fait accompli es tremendo. Las normas así aprobadas suelen pasar por las Cortes sin más pena que gloria, suscitando poca atención y menos debate y son enmendadas poco o nada.

Continúa leyendo Sábado, sabadete, Decreto-ley y…….



Normas de campaña, pluralismo y opciones minoritarias

Esta campaña electoral, poco emocionante políticamente, es interesante porque está aportando novedades muy significativas sobre el momento que vive nuestra democracia. Mientras cada vez más ciudadanos se manifiestan indignados al grito de «no nos representan»en medio de una crisis económica pavorosa, mientras la parálisis en la Unión Europea se hace cada día más patente frente a unas fuerzas económicas por lo visto imposibles de contener, mientras las líneas de fractura de los modelos democráticos saltan por los aires en Grecia (y también en España)… una batería de normas a cual más cuestionable acompañan esta nueva campaña electoral con el objetivo explícito de dificultar la presentación de candidaturas minoritarias y la visibilidad de las opciones diferentes a las mayoritarias y ya asentadas.

Dos de estas reformas son especialmente importantes y merecen un comentario más detallado: la que impone a aquellos partidos sin representación la recolección de avales para poder presentarse y la que obliga a las televisiones privadas a dar unos tiempos de cobertura informativa determinados y prefijados, durante la campaña electoral, a las diversas opciones políticas en liza.

Continúa leyendo Normas de campaña, pluralismo y opciones minoritarias…



¿Constituye delito de injurias llamar «banda terrorista» a un partido político racista y xenófobo?

Un juez de lo penal de Valencia ha condenado a un concejal de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, por injuriar a España 2000, un partido abiertamente xenófobo, calificándolo, entre otras cosas, de «banda terrorista». La sentencia, en Comic Sans (lo que es siempre un detalle simpático y de agradecer, ¡qué diablos! -un día habrá que investigar a qué se debe esa querencia de la judicatura por ese tipo de letra), la tienen aquí.

Amadeu Sanchis criticó con extrema dureza la convocatoria que realizó España 2000 a una manifestación en el barrio valenciano de Benimaclet contra «la inmigración masiva, los okupas y el paro». En medio de las muchas críticas que se sucedieron durante esos días, por parte de vecinos, comerciantes y políticos, Esquerra Unida solicitó a la Delegación de Gobierno la prohibición de la reunión alegando que se trataba de una convocatoria realizada en realidad por «bandas terroristas que amenazan, coaccionan, torturan y, ya en muchos casos, asesinan». Estas razones se difundieron, además, en una nota pública de Esquerra Unida, de la que ha derivado en condena (suponemos que si estas razones hubieran quedado circunscritas a la petición a la Subdelegación no habrían sido consideradas relevantes a efectos de lesionar honor alguno… o no).

En cualquier caso, este suuesto es interesante para analizar algunos límites de la libertad de expresión en la discusión política. Más que nada porque decir de un partido que es una banda terrorista, aunque sea en sentido figurado (y aunque lo hayamos escuchado muchas veces referido a Batasuna, PNV, Esquerra e incluso del PSOE), es probablemente ir al límite de lo que no es abiertamente injurioso. Y, sin embargo… ¿tiene en verdad sentido la condena por injurias en un contexto como el señalado, de crítica política (por mucho que sea virulenta) a una convocatoria de otro partido?

Continúa leyendo ¿Constituye delito de injurias llamar «banda terrorista» a un partido político racista y xenófobo?…



No se trata de hacer leer | RSS 2.0 | Atom | Gestionado con WordPress | Generado en 0,171 segundos
En La Red desde septiembre de 2006