Indignados y desorientados

El pasado día 15, de nuevo, miles de personas desfilaron por las calles para manifestar, otra vez, nuestro disgusto e indignación. Por una crisis económica que, como siempre, se ceba con los más débiles y los menos protegidos. Por unos sistemas democráticos cada vez más formales, donde todos somos muy conscientes de que la opinión de las mayorías (si vienen de abajo) importa poco. O, al menos, importa poco cuando afecta a ciertos intereses. Por la innegable constatación de que las formas de participación política que las democracias liberales pusieron en marcha son insuficientes para canalizar los deseos de integración cívica de unas sociedades de masas muy diferentes, más profundas socialmente, complejas y heterogéneas. En resumen, porque todos tenemos la sensación de que no pintamos demasiado (por ser generosos) ni individual ni colectivamente y porque mientras ciertas elites viven muy bien, cada vez mejor, sin sufrir los costes de la transformación económica en curso, otros se llevan la peor parte sin que el reparto tenga que ver con los méritos, capacidad y trabajo de los respectivos sujetos.

El movimiento 15-M, quienes se dicen indignados y reclaman Democracia Real Ya, han puesto en marcha algo que en la breve historia democrática de España nunca se había  intentado: canalizar debates, participación, protestas, reivindicaciones… desde la base y al margen de la agenda social, mediática y política, que en nuestro país ha funcionado siempre de manera muy engrasada para generar una especie de consenso débil que servía de pasaporte democrático para desactivar cualquier atisbo de conflictividad social… y  también de discusión política. Es una novedad muy importante, y muy de agradecer. Pero tiene el problema de que si queda en la mera reivindicación y protesta, si se queda en la potente pero desarticulada expresión de indignación será un movimiento, a la hora de la verdad, inane y poco perturbador. Por eso el 85% de la población, dice el CIS, apoya sus reivindicaciones. Porque no hay nada, o casi nada, en las mismas, que sea en verdad conflictivo. Lo que desactiva su potencia renovadora. Habrá servido, eso sí, para recuperar la política para la ciudadanía, sí, pero sólo en sus primeros estadios. ¿Qué es necesario para ir más allá?

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Jobs for the boys: entre los indignidados y los colocados

En la columna que escribo hoy en El País (Comunitat Valenciana) se detecta, creo, cierta indignación. Y es que, en verdad, la escribí cabreado. Sigo así, como creo que estamos casi todos los valencianos que nos preocupamos mínimamente por nuestras instituciones, su prestigio y su función social. Los nombramientos que los distintos partidos políticos han hecho desde las últimas semanas, como quienes sigan estas cosas podrán confirmar, han supuesto cruzar varias líneas rojas de esas que alejan a una sociedad y a un entramado institucional del precipicio. ¿Por qué? Las razones son varias:

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#estoesreflexión

Seguimiento de la campaña electoral valenciana (día 16) para El País Comunitat Valenciana

Bruce Ackerman, uno de los más importantes iuspublicistas del momento, profesor en Yale y conocido defensor de la causa de la democracia y los derechos humanos (por ejemplo, ha sido uno de los más significados opositores a las prácticas de tortura y restricción de derechos que la Administración Bush puso en su momento en marcha) ha publicado hace poco un libro fantástico sobre la decadencia del modelo de democracia liberal y su evolución hacia una partitocracia controlada por las grandes empresas ribeteada de populismo y tendente a ceder a las tentaciones autoritarias cada vez con mayor facilidad. El libro, con el expresivo título de The Decline and Fall of the American Republic es, sencillamente, imprescindible, porque por mucho que algunas de las cosas que allí se cuentan afecten sólo a los Estados Unidos hay otras muchas, casi todas, que de una manera u otra reflejan problemas de todas las democracias occidentales de nuestros días.

Los americanos no sólo escriben libros jurídicos muy,
muy buenos. Además ponen unas portadas chulísimas.

Ackerman no se limita a diagnosticar problemas. También aporta propuestas de solución. Y una de ellas es muy llamativa. Se trata de una figura, llamada Deliberation Day (sobre la que también ha escrito con James Fishkin otro libro, detallando la propuesta), que es esencial a juicio de Ackerman y otros muchos para mejorar la calidad democrática y lograr que los ciudadanos se impliquen en el debate público de forma más madura y responsable, como única vía para tratar de frenar los riesgos que nuestras democracias padecen como consecuencia de la extensión de discursos simplistas y populistas. Planteado de manera resumida, lo que Ackerman pide es que más o menos una semana antes de las elecciones se establezca un día festivo en los Estados Unidos, que permitiría a los ciudadanos reunirse en espacios públicos para charlar, comentar la situación política, intercambiar ideas, plantear debates… La propuesta, incluso, impone que las autoridades se impliquen en facilitar y organizar estos encuentros, no sólo decretando un día festivo sino cediendo equipamientos, instalaciones, etc. Se supone que con algo así se reforzaría la calidad democrática y aunque los resultados serían difíciles de medir es indudable que la idea es muy buena, que mal no podría hacer y que muy probablemente tendría efectos tanto tangibles como intangibles muy positivos. Tiene sólo un problema: es un proyecto muy complicado de poner en práctica, no tanto porque sea difícil establecer un día festivo, sino porque lograr que los ciudadanos lo empleen de forma masiva en discutir y debatir en lugar de en irse a pescar es cuando menos difícil.

En España, de repente, y espontáneamente, hemos montado una especie de Deliberation Day casero. Y ha funcionado. Las concentraciones que desde hace casi una semana se suceden en ciudades y pueblos son foros donde manifestar la indignación ante la esclerosis de nuestro sistema político, pero también están actuando como entornos para la reflexión y el intercambio de pareceres, para la discusión política. En las redes sociales, en Internet, vía Facebook y a través de Twitter, las ideas fluyen, la información se comparte. Se habla de participación política y de derechos sociales, aparecen muchas preguntas y hay quienes las van resolviendo. Han sido muy distribuidos vídeos y explicaciones sobre cómo funciona nuestro sistema electoral y se han comentado propuestas de reforma… La gente que ha estado en las concentraciones, y se cuentan ya por decenas de miles en toda España los que hemos pasado al menos unas horas por ahí con otros ciudadanos brindando por la democracia, ha disfrutado de un entorno reivindicativo pero festivo, donde el debate y el compromiso cívico han sido la norma.

Sorprendentemente, la Junta Electoral Central ha decidido que algo así es incompatible con la jornada de reflexión que determina nuestra ley electoral. Una jornada respecto de la que la única restricción explícitamente recogida en la ley electoral es la prohibición de que los partidos que se presentan a las elecciones pidan el voto se ha convertido, a partir de una interpretación muy restrictiva y retrógrada de cómo es una sociedad democrática, en un día en el que, al parecer, los derechos de participación política y de expresión de los ciudadanos pasarían a estar severamente limitados. De una norma que parece aspirar, con la visión proteccionista pasada de moda que es propia de nuestra norma electoral (por ejemplo, prohibiendo la publicación de encuestas estos últimos días), a proteger a los ciudadanos de la ofensiva publicitaria de los partidos, que éstos se retiren y dejen espacio a la sociedad civil para que «reflexione» sin interferencias externas e interesadas guiadas por el interés y el dinero, hemos pasado a convertir este día en un espacio hipócritamente virginal en lo político donde se limitan derechos de los ciudadanos y se pretende protegerlos… ¿de sí mismos?, ¿del debate?, ¿de la discusión cívica?

La fiesta en Valencia. ¿Hace falta que nos protejan de esto?
(el enlace a la foto nos lo ha pasado orayo en el anterior post)

No nos hace falta una jornada de reflexión destinada a protegernos, como si fuéramos menores de edad, de nuestra capacidad de reflexionar en grupo. Porque, como dicen los concentrados, #estoesreflexión. Precisamente esta es una de las maneras (obviamente, hay otras muchas) de reflexionar, de participar, de comprometerse cívicamente. De hecho, una tan interesante que hay quien aspira a tratar de generar algo semejante, como comentábamos. Aquí, en cambio, como somos así, consideran las estructuras de poder dominantes que lo que hay que hacer es prohibirlo. ¡Los americanos más listos de sus mejores Universidades suspirando por tener algo como esto y a nosotros nos aparece como caído del cielo y nos lo queremos liquidar! Que a chulos no nos gana nadie es indudable.

Afortunadamente parece que el sentido común se va a imponer y el civismo ciudadano, la falta de incidentes, la manifiesta desproporción de emplear violencia para acabar con estos espacios ciudadanos espontáneos… va a conducir a una reacción pausada por las fuerzas de orden público. Aunque sean ilegales, las concentraciones no parece que vayan a ser disueltas. Lo que demuestra desde muchos vectores que sí, que #estoesreflexión y que hay que protegerla, no liquidarla. ¡Ha logrado incluso que cierta dosis de sentido común se introduzca en nuestra vida política y que nadie con dos dedos de frente esté pidiendo que se disuelvan a palos a quienes están de fiesta democrática!

Al contrario, lo que está pasando es que los ciudadanos han hecho suyas las protestas y las concentraciones. Es de prever que el día de hoy sean muchos miles los que se aproximen a las plazas de nuestras ciudades y pueblos a tratar el debate sobre asuntos públicos como una fiesta. Que es lo mejor que le puede pasar al debate público, la verdad.



Vota contento, vota calladito, vota sin rechistar…

Seguimiento de la campaña electoral valenciana (día 15) para El País Comunitat Valenciana

Un día más sin campaña electoral. Y van… Bueno, en realidad, sí hay campaña. Alarte está de marathon 24 horas por mercados, pueblos y fábricas tratando de que alguien le conozca y pueda desentrañar las alternativas que ofrece el PSPV mientras Rita Barberá con su desparpajo habitual responde a las condenas judiciales y el espectáculo laxista que es Valencia en temas de ruido prometiendo que si gana se pondrá seria con los excesos. Vamos, nada que logre apartar el foco de la movilización ciudadana que, a estas alturas, tiene ya histerizados a los partidos políticos. Cuando el pasado lunes dediqué este seguimiento a tratar el tema, hubo un par de personas que me comentaron por los pasillos de la Facultad que era un error dar cancha a los «perroflautas» y que quienes tenemos un blog perdemos la pespectiva de las cosas, cegados por los que leemos por aquí, pero que la cosa no tenía ninguna importancia en el mundo real. No tenían razón.  Porque en una democracia de verdad nada hay más importante que atender a lo que la gente dice. ¿Incluso en campaña electoral? Especialmente en campaña electoral.

Los partidos políticos que dominan la escena, PP y PSOE, están nerviosos. No tanto porque piensen que todo lo que está ocurriendo pueda tener efectos electorales profundos a corto plazo, que de momento no lo creen. Aunque resulta evidente que en el PP de Madrid sí andan muy preocupados por si de resultas de todo esto IU sube mucho, UPyD recibe voto de los descontenos y logra entrar en el Parlamento de Madrid y al final de la película ello se traduce en una dolorosísima pérdida de la mayoría absoluta que, si bien es una perspectiva poco probable, supondría todo un terremoto político. De una manera semejante, aunque por motivos algo distintos, quienes están preocupados en Valencia son los responsables del PSOE local, pues temen que el efecto incontrolado de las protestas pueda drenarles votos en favor de Esquerra Unida o de Compromís, llegando incluso a facilitar que los dos obtengan representación, lo que se traduciría en un batacazo del PSOE mucho mayor del ya de por sí doloroso e importante bajón que está previsto. Pero, como decía, no es éste el motivo esencial de los nervios de los grandes partidos. No. Ellos, simplemente, están nerviosos porque, acostumbrados a controlarlo todo, es una desagradable novedad que haya un vector, por muy inocuo que pueda ser, que se escape a tus designios. Aquí llevamos muchos años acostumbrados, con una democracia de muy mala calidad, a que todo esté atado y bien atado. Y de repente una serie de ciudadanos revoltosos lo ponen todo patas arriba y los muy díscolos no atienden al sistema de incentivos y palos que de ordinario garantiza el control del cotarro. Por mucho que la lógica diga que el efecto electoral será más bien mínimo reconocerán que la cosa es molesta. Introduce incertidumbre. Y la incertidumbre es un fastidio. Sobre todo si estás acostumbrado a despejarla expeditivamente empleando para ello el Boletín Oficial del Estado. Recordemos, por ejemplo, que vivimos en un país en el que incluso se ha sentido la necesidad de obligar por ley a las televisiones públicas y también a las privadas, por si faltaba algo, a informar unos tiempos tasados para cada partido político, de manera proporcional a los resultados pasados. Da igual que hagan algo o no, que sean noticia o no, que  digan cosas de interés o no… nuestras leyes se encargan de disciplinarnos el consumo mediático de información con unas dosis predeterminadas de PP y de PSOE al por mayor, salpimentadas con mínimas referencias a los demás que logran colarse dentro (del resto de opciones, directamente, pues ni informamos).

De diseño, moderno y occidental en las formas, pero esto no deja de ser un embudo.
Los españoles nos merecemos más y podemos hacerlo mejor. 

Este modelo de democracia de muy baja calidad, muy impermeable a las demandas de los ciudadanos, muy fortificada frente a la aparición de alternativas y ante la posibilidad de que gente de fuera del sistema de partidos dominantes pueda llegar a pintar algo, una democracia con unos déficits participativos enormes, es precisamente lo que están criticando los acampados. Porque quienes critican a los que protestan por la heterogeneidad de sus reivindicaciones no se han dado cuenta todavía (y es que, caray, hay que repetirse, pero es que sí, es que no se enteran) de que sí hay un potentísimo hilo conductor en la protesta: queremos una democracia de verdad, una en la que cuente la opinión de los ciudadanos y no la de unas minorías supuestamente benévolas que nos dicen lo que es mejor para nosotros. La idea, nada descabellada, que late en toda la acción del movimiento #15M, desde su génesis a su desarrollo actual, es la misma y es muy unitaria. Muchas de las cosas que pasan, de las barbaridades contra colectivos como jóvenes, inmigrantes o trabajadores que hemos visto recientemente, se han producido y están produciendo, sencillamente, porque no tenemos mecanismos particpativos reales que permitan influir en la toma de decisiones y porque además el sistema institucional democrático ordinario (eso de votar cada cuatro años y tal) está diseñado de manera tal que bloquee la aparición de contrapoderes y para asentar a las oligarquías sociales y económicas que llevan el timón. No se trata de definir qué políticas queremos en economía, pensiones, derechos sociales, medio ambiente… No. Se trata de definir qué derechos políticos y de participación real pensamos que es bueno que tengan a su disposición los ciudadanos. Porque esas reglas del juego son básicas y esenciales para articular mayorías de verdad legítimas desde un punto de vista democrático. Que nuestro modelo, diseñado hace casi 40 años en un determinado contexto, está totalmente esclerotizado y ha dejado de funcionar de manera satisfactoria hace mucho tiempo que es una evidencia de la que la generalización de la corrupción de baja intensidad en el país es sólo un síntoma más.

A los ciudadanos los poderes públicos españoles nos quieren callados y poco protestones porque consideran que la política no es cosa nuestra, sino de una serie de personas que ya sea por casta o por dedicación son las que tienen derecho a participar del debate público. Nos dejan votar, sí, cada equis tiempo, pero esencialmente entre una serie de opciones precocinadas previamente gracias a un sistema electoral, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico que necesitan urgentísimas reformas porque tienen como vocación fortificar a los partidos hegemónicos antes que representar los votos de los ciudadanos. Tenemos reconocidos algunos derechos de participación en la toma de decisiones públicas que se violan sistemáticamente sin sanción, pues obviarlos es, en realidad, lo que el modelo de tomas de decisiones español aconseja.

Esto es lo que ha prohibido la Junta Electoral: concentración ayer noche en Valencia de
peligrosos ciudadanos reuniéndose y protestando, algo inaceptable en democracia

Y por si hay alguna duda respecto de todo lo dicho, ahí tenemos lo que pasó ayer. Estuvimos aquí durante todo el día discutiendo sobre la legalidad de las concentraciones y manifestaciones en campaña electoral, en la jornada de reflexión e incluso en día de elecciones. Y tratamos de explicar qué dice nuestra Constitución, aparentemente, así como las implicaciones de entenderla de una manera o de otra. Porque resulta obvio, como por otra parte ha declarado el Tribunal Constitucional, que los ciudadanos no perdemos en campaña nuestros derechos. Y debiera resultar también evidente que precisamente en campaña electoral, porque la política la hacemos todos, los ciudadanos, y no sólo los partidos, no sólo es que los mantengamos. Es que en ese contexto los derechos de partipación política son más importantes que nunca. Una democracia participativa no prohíbe las manifestaciones en una jornada de reflexión. Sólo lo hace si hay serios y evidentes riesgos para la seguridad de las personas o de los bienes, con el objetivo de evitar la coacción o la violencia. Porque una democracia no funciona bien con violencia o con coacciones. Pero tampoco  funciona bien sin debate. Y sin que en el mismo estemos todos. Por esta razón resulta abiertamente delirante la decisión de ayer de la Junta Electoral Central prohibiendo, declarando fuera de la ley, que los españoles nos reunamos el sábado y el domingo para hablar de política, para protestar o para lo que sea por muy cívico y pacífico que sea nuestro comportamiento. Los argumentos de la resolución son de lectura obligada y espeluznada. Se los resumo de forma no jurídica: nuestra más alta institución electoral nos está diciendo que los ciudadanos votemos calladitos, contentos, sin rechistar… a lo que hay, pero que además mejor que no hablemos, que no nos juntemos, que no debatamos en público y que nos abstengamos, por supuesto, de protestar, porque todas esas son actitudes potencialmente peligrosas y disruptivas en una democracia.

Precisamente contra esa visión de la vida política está protestando hoy en España tanta gente. Afortunadamente no es la única manera de organizarnos como sociedad. Ni siquiera la que a juicio de muchos, como es mi caso, se desprende de nuestra Constitución. Lo que ocurre es que unas estructuras rancias, rígidas, burocratizadas, oligárquicas, representativas de una España generacional, social y económicamente hegemónica han secuestrado nuestra democracia y la manejan de la manera más restrcitiva posible, para que no haya sustos. Lo que pasa es que, a este paso, cualquier día tendremos uno bien gordo.

Miguel Ángel Presno ha analizado con urgencia la resolución de la JEC. Me permito enlazar su texto y copiarlo aquí (dado que muy amablemente ya nos lo dejó ayer en los comentarios de la anterior entrada):

(…) la Junta Electoral Central ha decidido que no se pueden celebrar las concentraciones previstas para el sábado. La prohibición se fundamenta, según dicha resolución, en que nuestra legislación prohíbe actos de campaña electoral el día de reflexión y el de las elecciones; también trata de evitar que se formen grupos de personas que impidan el ejercicio del sufragio y, asimismo, no se puede pedir el voto para ninguna de las candidaturas concurrentes ni tampoco la exclusión de cualquiera de ellas.  La Junta ignora la propia Ley Orgánica de cuya intepretación es actor autorizado: primero, la finalidad de estas convocatorias no es captar sufragios para las diferentes candidaturas, por lo que no hay un motivo constitucionalmente válido para impedir el ejercicio del derecho fundamental de reunión; segundo: en un Estado democrático el debate político no se reduce al debate electoral ni los únicos legitimados para expresarse políticamente son los concurrentes a unas elecciones; tercero: tal cosa debe ser así incluso en la jornada de reflexión, como declaró el Tribunal Constitucional el año pasado cuando anuló, por inconstitucional, una resolución que había impedido conmemorar el Día Internacional de la Mujer por estar convocada el día previo a unas elecciones autonómicas; cuarto: la Junta Electoral ignora también que en democracia no hay un día del derecho de reunión o de la libertad de expresión; todos los días son días para el ejercicio de los derechos fundamentales, salvo, como ocurre precisamente con el sufragio, que se trate de derechos que por la propia previsión constitucional se ejercen cada cierto tiempo. Pero la democracia -y el ejercicio de derechos fundamentales como la convocatoria de una concentración o la expresión colectiva de una expresión son parte esencial de un sistema democrático-, no se paraliza un día al año; la reflexión política no existe si no se puede expresar de manera pública en cualquier momento y lugar. ¿Dónde está la incompatibilidad entre ejercer, o no, el sufragio y poder ejercer otros derechos? En la mayoría de los Estados democráticos del mundo el debate político prosigue hasta el momento mismo de la votación porque se presume que los ciudadanos son libres y ejercen sus derechos sin miedo.  ¿Dónde están esos “grupos susceptibles de entorpecer el acceso a los locales electorales” de los que habla la Junta? ¿Quién, en palabras de esa Junta, ha dificultado o coaccionado el libre ejercicio del derecho de voto? ¿Es que la Junta Electoral Central considera que los ciudadanos que pueden votar el domingo no son libres y necesitan ser protegidos de sí mismos? ¿Es que la Junta Electoral Central le ha perdido el respeto a los ciudadanos?

No tengo nada que añadir en Derecho. Porque además este tema, a día de hoy, ya no es esencilamente jurídico sino político. Probablemente las manifestaciones no serán disueltas dado que, aun siendo ilegales según la JEC, mientras no generen problemas de orden público no tendría sentido disolverlas arriesgando, con ello, mucho, pues dispersar por la fuerza a varios miles de personas entraña un riesgo evidente en materia de seguridad pública. Por no mencionar que es dudoso, por mucho que nuestras autoridades se estén cubriendo de chapapote democrático con sus decisiones (disolución a palos de la concentración de Sol el pasado lunes, peticiones de ilegalización, una JEC que se pone en mode liberticida on en cuanto se excitan sus bajas pasiones…), que alcancen ciertos niveles. Como comenta hoy Guillermo López, no parece fácil que lleguemos a presenciar cómo nuestras fuerzas de seguridad desalojan plazas por la fuerza en una actuación que ni el mismísimo régimen militar de Mubarak se atrevió a acometer.

Pero el mal ya está hecho. Nos están diciendo que ir a la concentración mañana es ilegal e incluso delictivo. Con ello, qué duda cabe, pretenden parar las manifestaciones y que mucha gente, como es lógico ante la ilegalización, deje de ir. Pero basta pasear por cualquier plaza española hoy para comprobar qué es lo que hemos prohibido y sentir una enorme vergüenza. Esa es la vergüenza que anima a muchos, cada vez a más, a exigir unos cambios que son, a día de hoy, sencillamente inaplazables. Porque yo quiero votar y voy a votar. Pero quiero hacerlo libremente, discutiendo, hablando y quejándome por las cosas que no me gustan, respetando que los demás lo puedan hacer también y dándonos unos cauces de participación que garanticen que la voluntad de quienes son más porque logran convencer con sus ideas a una mayoría será después articulada a través de leyes y acción política.

Porque hoy nos liquidan prácticamente el derecho de reunión. Pero a saber qué viene después.

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Bonus track jurídico: La Sentencia del Tribunal Constitucional 96/2010, ya comentada ayer, que certifica que los ciudadanos no perdemos el derecho de reunión en campaña electoral o día de reflexión.



Debate 73.000

Seguimiento de la campaña electoral valenciana (día 3) para El País Comunitat Valenciana

En la noche del viernes al sábado, pasadas las 23.30 horas, RTVV programó el debate entre los candidatos de los diferentes partidos que actualmente cuentan con representación en les Corts Valencianes. Camps (PP), Alarte (PSOE), Marga Sanz (EU) y Enric Morera (Compromís) estuvieron debatiendo, si se puede llamar así a la sucesión de monólogos que nos fueron endilgando a los espectadores, ante 73.000 valientes que sin embargo acabamos por lograr disfrutar con el show, a medio camino entre el patetismo y el absurdo, e irnos a la cama con buen sabor de boca allá hacia la una de la madrugada.

Es legítimo que quien lea esto se pregunte a santo de qué una persona normal se dedica un viernes por la noche a ver un debate como el que preparó Canal 9, con intervenciones en bloques, rígidas, sin posibilidad alguna de interpelar o argumentar a partir de lo dicho por otros candidatos (es cierto que también la docilidad con la que los políticos aceptan estas reglas absurdas ayuda mucho a que la cosa sea así de aberrante). Pero no crean. No es tan descabellado platearse visionar el debate como una alternativa de ocio más de las que ofrece una noche de viernes con su variada oferta de entretenimiento intrascendente. En la política valenciana hemos llegado a un punto tal que puede afirmarse que de entre los 73.000 valencianos que nos dispusimos a tragarnos el esperpento una gran mayoría lo hacíamos, sin duda, con la vocación de reírnos ante lo que prometía ser un espectáculo patético y surrealista. De hecho, el que la red social Twitter acabara identificando como una tendencia de moda durante el día de ayer (trending topic) en toda España el tema #debatcanal9 a propuesta de La Paella Rusa confirma que los 73.000 seríamos pocos pero estábamos tan entusiasmados como decididos a pasárnoslo bien.

La lectura de los comentarios que a lo largo de la noche iban haciendo los espectadores permite no sólo confirmar el cachondeo generalizado con que se vivió el debate, sino también establecer varias conclusiones respecto de cuál es el estado de opinión más o menos mayoritario de esta minoría entretenida e interesada con la política:

– Se tiene claro que al PP le interesa bien poco el debate y una campaña activa, con discusión, con intercambio de ideas y propuestas, por lo que se programa el debate con un formato absurdo y en un horario y día que imposibilita que pueda tener la más mínima incidencia social y política.

– Sorprendentemente, el resto de partido, y especialmente el PSOE, ayudan enormemente a que este planteamiento estratégico del PP pueda convertirse en realidad, pactando formatos de este estilo y asumiéndolos con entusiasmo, sin salirse lo más mínimo del guión.

– Camps y el PP van a lo suyo. Pasan de lo que se les pueda decir y tienen clara su estrategia de comunicación: ellos son Valencia y por definición se dedican en cuerpo y alma a defender esta Comunidad. Todo el discruso de Camps se basó a lo largo del debate en obviar cualquier debate con sus contrincantes y centrarse en cantar las excelencias de los valencianos, castellonenses y alicantinos, maravillosos en sí mismos y en dificultades por culpa de una serie de agresiones exteriores. Es una especie de discurso zombie, realizado por un boxeador con pinta de noqueado, un mártir doliente, que a veces da risa y otras veces da miedo. Sobre todo cuando uno constata que concluida la emisión del debate es este peculiar «Manifiesto Populista» lo que probablemente más ha «llegado» a los espectadores, más que nada a la vista de lo que ofrecía el resto del menú.

– Alarte genera entre poco y nada de entusiasmo, pasotismo que se está convirtiendo poco a poco en cachondeíto. El debate de ayer fue un ejemplo más de esta tendencia inquietante para el PSOE. Llama la atención el espectacular grado de desapego entre la población y el principal partido de la oposición en un contexto como el actual, con la que está cayendo. Pero es que ves la actuación de su líder en el debate y entiendes que la gente se chotee de ese hombre más que otra cosa. Entre que habla mal valenciano (peor que Camps, de hecho, que ya es decir) y se dedica a sobreactuar con una serie de gestos ridículos que dan bastante grima la cosa ya pinta mal de inicio. Peor todavía es la lacerante ausencia de discurso, de alternativa política, de construcción de un proyecto diferente que ofrece. Alarte se dedicó a mendigar el perdón ante la audiencia asegurándoles que es valenciano y que los socialistas no están contra Valencia, en una excusatio non petita muy poco comprensible, para acabar con una serie de pildoritas memorizadas muy poco naturales y rematar con un discurso sobre la dignidad y la decencia que le hacía parecer algo a medio camino entre un curita y un iluminado. El resumen de su mensaje sería algo así como «votadnos porque pensamos más o menos como el PP y no tenéis nada que temer, pero somos más majillos y más honrados«.

– Marga Sanz dejó patente que entre sus muchas virtudes (es una mujer sin duda trabajadora e inteligente) no se encuentra la elocuencia. Hablar en público, al menos ante las cámaras de televisión, le acojona. No parecía una profesional. Sus nervios resultaban tan patentes que estabas casi preocupado durante sus intervenciones, como un padre viendo una obra de teatro de un hijo que sabes que se suele quedar en blanco. El hecho de que su discurso pudiera tener cierta coherencia, estar bien construido, o de que planteara una alternativa sólida y de izquierdas es casi una cuestión menor ante el desastre en términos de imagen televisivo provocado por su locución robotizada (siempre en castellano, por cierto).

– Con todo lo expuesto no es de extrañar que la amalgama de folklore y reivindicación nacional-regional (o lo que sea), dura con el PP y más o menos bien presentada por Enric Morera fuera de lo más potable del debate. No se entiende muy bien la obsesión de la gente de Compromís por jugar cierta baza popular, incluso rebajando el nivel lingüístico de su discurso de forma consciente, pero al menos Morera estaba suelto y hablaba con naturalidad. No se le veía superado por las circunstancias. Los contenidos políticos se asemejaban a un popurrí de greatests hits de oposición al gobierno, pero bueno, algo es algo.

– El resumen de todo lo dicho, la verdad, es que a partir de lo visto el viernes por la noche poco o nada en claro sacamos los espectadores desde una perspectiva política. Monólogos interpretados con mejor o peor fortuna y nada de debate. Todo muy incoloro, inodoro e insípido, para satisfacción de Camps y el PP. Satisfacción acrecentada todavía más cuando Sanz y Morera se dedicaron a arrear estopa no sólo al PP sino al PSOE. Entre que no hay intercambios y que casi se cuestionó más a Alarte que al propio Camps, el objetivo marcado por los estrategas del PP, con horarios, normas y planteamientos, se cumplió sobradamente. No pasó nada. Un éxito de la campaña popular.

Aunque también un incuestionable logro de todos aquellos que, temiéndose que el tema iba a declinarse en esta línea, se acercaron al espectáculo televisivo con la vocación de pasar un rato de diversión intrascendente con humor surrealista del bueno.



El fin de semana de Bildu

Este fin de semana se resuelve la impugnación que Abogacía del Estado y Fiscalía, con base en unos al parecer infalibles informes policiales, han hecho respecto de las candidaturas de Bildu, coalición entre Eusko Alkartasuna, Alternatiba y los restos de la izquierda abertzale que quedan por ahí y no habían participado en listas ni mesas ni juntas de las sucesivas marcas de esta franquicia que han ido siendo ilegalizadas.

El Tribunal Supremo tiene que decidir si decide seguir la línea que ya ha iniciado con Sortu o se modera un poco. De momento, no ha tenido problemas en ilegalizar partidos sin base en la actual legislación vigente sino a partir de juicios de intenciones y de una extravagante (y carente de soporte normativo) idea, defendida por muchos, incluso por el Presidente del Gobierno, de que para poder presentarte a las elecciones has de haber acreditado durante cierto tiempo (sin que se precise cuánto, por otro lado) «pureza democrática» (condenar la violencia, decir que crees en el sistema, etc…). Además, al parecer, al Tribunal Supremo ya no le tocaría aplicar las leyes sino, cual confesores de la vieja escuela, escudriñar en el alma de los ciudadanos y determinar si son demócratas de corazón o sólo lo aparentan. Sólo quienes pasan por esa prueba y la superan, al parecer, son acreedores de derechos fundamentales que la Constitución, ingenuamente, parecía querer que todos disfrutáramos, como el de sufragio (activo y pasivo).

Como la escalada de locura jurídica ha llegado ya a niveles inquietantes, el show respecto de Sortu hizo aflorar las primeras grietas en el Supremo.  Cabe esperar, y de hecho yo confío en ello, que cierta sensatez impere y que los 9 magistrados que se dejaron llevar por la corriente liberticida no sean un reducto de sinrazón absoluta y sean los primeros en darse cuenta de que todo tiene un límite. Porque probablemente llegar al extremo de ilegalizar Eusko Alkartasuna empieza a lindar ya con lo que ni siquiera el más radical de los radicales, si conserva sangre de jurista en las venas, puede tragar sin sentir náuseas.

Disculpen el lenguaje de hoy. Pero un blog también acaba sirviendo para dar salida a desahogos personales. Y la situación en España empieza a ser tal que éstos se hacen imprescindibles.

Esperemos, en cualquier caso, tener buenas noticias durante el fin de semana y que el Tribunal Supremo ponga en su sitio los delirantes recursos de la Abogacía del Estado. Pero, sobre todo, a quienes los han encargado desde el Gobierno y los han exigido desde la oposición y medios de comunicación. Porque nos jugamos mucho todos en esta batalla. Los mismos derechos fundamentales que nuestra Constitución reconoce y su sistema de garantías. No conviene olvidar que cuando quiebran para alguien están quebrando para todos.



El Día de la Pitada

Un día, cualquiera, hoy por ejemplo, en España, te levantas y te vas enterando de cosas como ésta:

– Como el año pasado va y resulta que pitaron a Su Majestad El Rey en un partido que se llama Copa del Rey y que se inicia con los acordes del Himno Nacional pero respecto del que se pide a los asistentes que no lo «ensucien» politizándolo, pues lo vamos a remediar. Al margen de que ya se intentó en su momento, al perseguir a los responsables de la pitada de 2009 por delito de injurias al Rey, en uno de esos episodios de charlotada jurídica tan propios de nuestro país (aunque a veces pasan a mayores, recordemos cómo acabó lo de El Jueves) para este año hemos decidido adoptar medidas preventivas: megafonía a toda mecha con 12.000 vatios de sonido, previsión de himno a 120 dB y, en fin, toda una serie de medidas estúpidas, contraproducentes y antidemocráticas… Pero además, en plan liberticida, la Policía Nacional tiene órdenes de requisar pasquines, pancartas, banderas o lemas que inciten a la pitada o la independencia de Cataluña porque, según la explicación oficial, «incitan a la violencia». Acusación jurídicamente impresentable por vaporosa y laxa (máxime cuando supone una restricción de derechos fundamentales), pero claro, muy cómodamente interpretable por estos mismos motivos según le convenga a cada cual. Lo que hace que ciertas banderas sí puedan entrar en los campos y otras no, que ciertas pancartas políticas tengan derecho a ser exhibidas y otras no… y todo este tipo de cosas que hoy estamos viendo a 10.000 vaios de sonido que debieran producir sonrojo democrático a cualquiera con una mínima sensibilidad.

– Una serie de jueces dan la razón a la Delegada del Gobierno en Madrid, que prohibió una manifestación laica porque, ajena a que la Constitución y la ley sólo permitan restringir el derecho de reunión en público cuando haya serio peligro para personas y bienes, la progresista de turno decidió que el hecho de que a los católicos les pueda sentar mal que alguien diga en público que Dios no existe es motivo suficiente para liquidar un derecho fundamental. ¡Total, con lo larga que es la lista de derechos de las personas, tampoco se me pongan así por quedarse con uno menos, oiga! Esta mañana el TSJ de Madrid ha convalidado la peculiar doctrina de que si una manifestación atea pasa por calles con nombres de santos y frente a varias iglesias ha de ser prohibida en un auto que parece salido del siglo XVIII. La argumentación da la razón a la autoridad gubernativa alegando que la manifestación comunicada no es admisible en democracia. Porque «molesta», porque puede «ofender» a algunos y porque, en definitiva, supone un «peligro para la libertad religiosa». Estas razones son de risa, como ya hemos tratado de explicar con más detalle y, sobre todo (y eso es lo más grave) totalmente ajenas a lo que prescribe nuestro ordenamiento jurídico. Si a partir de ahora entendemos que el que alguien critique nuestras creencias pone en riesg nuestras libertad de conciencia, la verdad, nos lo vamos a pasar muy bien proscribiendo manifestaciones públicas de todo tipo. ¡Ahhh, no, que aquí la regla sólo juega si es para proteger a la religión católica! Bueno, pues nada, nos callamos. Calladitos,  eso  sí, recordaremos con cariño a la juez Doña María del Coro, la que ha aceptado la querella contra los manifestantes por 4 delitos en modalidad preventiva, entre ellos un delito de genocidio. Es la jueza, también, que mantiene abierta la causa del 11-M y confunde el Titadyne con el Betadyne. A lo mejor es que esta vez también se ha confundido y está imputando por delito de genocidio cuendo lo que de verdad está haciendo es iniciar diligencias por un verdadero gilicidio (o algo así, y disculpen la broma).

– Por lo demás el Gobierno de la Nación, tras haber logrado que se anularan las listas de Sortu, partido surgido de la izquierda abertzale que se ha dedicaco a condenar el terrorismo y la violencia desde su nacimiento con una pasión que la deleznable ley de partidos que se aprobó en su día no merece, la verdad, ha decidido dar un paso más y ya nos ha comunicado que la Fiscalía y la Abogacía del Estado tienen órdenes de ir ahora a por Bildu, la coalición que el mundo de la izquierda abertzale ha montado con Eusko Alkartasuna. Cada día está más claro que aquí no se trata de combatir el terrorismo y a quienes le ayudan sino unas ideas. Cada día está más claro que estamos consintiendo que, sencillamente, se deje sin voz a una parte importante de la población por sus ideas políticas, no porque colaboren con ETA. ¡Ni siquiera porque apoyen la violencia! No, aquí hemos decidido que ciertos colectivos, personas e ideas no tienen derecho a participar en la vida política. Y ya está. Ahora van incluso a por EA, un partido de intachable trayectoria democrática. Como nos carguemos también el derecho a participar en política de esta gente, ¿cuál será el próximo paso? ¿El PNV? Porque, joder, al ritmo al que vamos…

– Mientras tanto, la Audiencia Nacional recula a marchas forzadas, a golpe de periódico ultraderechista y de clamor político que, acojonado por parecer «débil con el terrorismo», exigen que a los terroristas los tengamos en la cárcel hasta que se pudran en la cárcel o el Madrid gane 15 Copas de Europa, lo menos. Da igual lo que diga la ley sobre tiempos de estancia en prisión. Da igual que hayan cumplido condena. Da igual todo. Esto es un cachondeo. Y si ni siquiera la impresentable «doctrina Parot» (una interpretación ilegal y retroactiva in peius que se sacó de la mano el TS en un contexto de presión pública similar, con una bajada de pantalones histórica y vergonzosa) nos sirve, pues ningún problema: nos inventamos una interpretación si cabe más restrictiva, coreamos todos juntos el «a por ellos, oeeeee» y al Estado de Derecho que le den. La última novedad de ese sumidero de derechos y garantías que es la Audiencia Nacional ha sido considerar, ojito, que el tiempo que un sujeto ha pasado en prisión provisional no descuenta respecto del tiempo total que uno ha de estar en la cárcel sino condena por condena. Vamos, que te condenan a x años y no estuviste en prisión provisional en su día y puedes acabar cumpliendo, como mucho, los 30 años de turno. En cambio, como te hayas tirado 8 años en prisión provisional (como es el caso del ciudadano que ha generado esta nueva doctrina; sí, por alucinante que parezca, ¡¡¡8 años!!!! en prisión provisional, sin condena firme, ahí, en la cárcel, hala, pero, oiga, esto, ¿qué es?) pues entonces va y resulta que la nueva doctrina puede acabar haciendo que cumplas… ¿33?, ¿35 años? Y eso de momento, claro. Que la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo o quien sea, como la prensa monte una nueva campaña cuando toque excarcelar a saber qué se sacan de la manga.

En fin, yo no sé que les parece a ustedes. Pero yo creo que en este país tenemos un problema, y bastante grave, en materia de libertades. Un problema que va a peor y con un ritmo de degradación que es preocupante por trepidante.

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Me llega un e-mail de un lector que me dice que la recopilación de enlaces es acojonante y muy recomendable. Pues vaya, que yo se la recomiendo también (que para algo la he ido haciendo a medida que escribía, para que vayan pinchando en los enlaces y leyendo sobre cada tema). Aunque les advierto desde ya que también es muy, muy deprimente. Porque pinta un panorama muy sombrío sobre todas estas cosas que están pasando y a las que no estamos sabiendo ponerles freno.



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