Varia

Anda el oficialismo muy contento porque el Tribunal Supremo está aplicando con cierta generosidad una de esas leyes chupi-guays que menudean últimamente. En concreto, la que consagró lo que con optimismo digno de mejor causa titula el periodista «la igualdad de la mujer» en la nobleza. En realidad, lo que consagra la Ley de Igualdad en la sucesión de Títulos Nobiliarios (LITN) de 30 de octubre de 2006 es la idea de que los títulos se heredan teniendo en cuenta como único criterio la primogenitura, noción bien distinta a cualquier consideración atinente a la idea de igualdad a poco que uno se ponga pejiguero. A mí me gustaba en esta materia mucho más la clásica Sentencia del Tribunal Constitucional de 1997, quea pesar de sus limitaciones y de quedarse a medio camino era, a la vista de por dónde han ido los tiros, sin duda, un mal menor. De hecho, buena prueba de ello es que sus críticos la califican de «sentencia republicana», como si así se explicara claramente de qué tipo de fallo estamos hablando (y sus ínsitas deficiencias, al fin superadas gracias a la nueva ley de «igualdad en la nobleza»). De uno propio de un país que no cree en la nobleza. ¡Acabáramos! La Sentencia sostenía que resultaría paradójico que el título nobiliario se pudiera adquirir por vía sucesoria no tal y como ha sido históricamente según los criterios que han presidido las anteriores transmisiones, sino al amparo de nuevas fórmulas. Ya que entenderlo de tal modo conllevaría proyectar valores y principios abiertamente contradictorios con la esencia de los títulos en cuestión. Vamos, y en clarito, que se entiende mal como puede no ser discriminatoria la mera existencia de la nobleza y su reconocimiento jurídico y, en cambio, que sí lo sea la preterición de las mujeres en la sucesión dentro de la misma.

El Tribunal Constitucional turco se pone firme defendiendo la herencia de Atatürk. Habrá que seguir la pista a eso de que haya por ahí un Tribunal constitucional con capacidad para anular reformas constitucionales, porque suena a extravagancia periodística. Pero vete tú a saber. Probablemente habrá anulado una norma de desarrollo de la Constitución más que una parte de la misma. O no. A saber. A lo mejor el TC turco tiene reconocida una capacidad como «guardián de las esencias» tan amplia que incluso puede imponerse al ejercicio del poder de reforma constituyente. ¿Una versión de la Constitución turca a mano y en un idioma comprensible? La wikipedia dice algo que parece dejar claro que eso de un tribunal constitucional anulando constituciones es como bastante improbable. En lo que parece ser una explicación en inglés de sus funciones que, a pesar de sus colorines, parece ser suministrada por la web oficial queda claro que, en efecto, no enjuicia la Corte la sustancia constitucional de una enmienda constitucional sino, todo lo más, la regularidad parlamentaria de su aprobación.

The Constitutional Court also has the competence to review whether the procedural rules concerning constitutional amendments are observed. That means that the Constitutional Court has no competence to review constitutional amendments on substantive grounds. Decisions to invalidate a constitutional amendment as to the form have to be reached by a two-thirds majority of the Court (Articles 148,149/Constitution)

Menos lobos pues con eso de que se basa la corte en el principio de laicidad a la hora de anular la reforma, porque o bien la cosa nova exactamente de eso o, caso de que sí sea efectivamente así, la noticia es que el Tribunal se ha puesto por montera la Constitución que ha de defender y, entonces, lo importante es ver qué pasa con este puñetazo sobre la mesa y cómo afecta a la democracia turca.

(Actualización 15.00h del sábado 7 de junio): Parece que sí, que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional turco es un poco raro y ya informa hoy El País del conflicto institucional que se avecina.

Rosa Díez asegura que en la Comunidad Valenciana hay una situación de discriminación contra los castellanohablantes, además de cosas tan exóticas como que en Canal 9 no se emite ni una sola hora de programación en castellano. Parece ser que hay algunos casos de castellanohablantes que no pueden matricular a sus hijos en centros públicos con el castellano como lengua vehicular. Puede ser. Aunque quizás el dato es tan fiable como la afirmación sobre Canal 9, cuya programación (como cualquier ser humano con un receptor y un mando a distancia puede comprobar con facilidad) es en más de la mitad en castellano, lo que incluye todas las series y películas e incluso algunos programas de producción propia (se consigue así paliar en parte el déficit de contenidos audiovisuales emitidos en Valencia en castellano, al parecer). En cualquier caso, es más que dudoso que podamos considerar que exista la más mínima discriminación en sentido jurídico (bueno, en cualquier sentido, la verdad). Más que nada porque, por ejemplo, puestos a comparar, seguro que habrá tantos (o más) valencianohablantes con problemas para escolarizar a sus hijos en valenciano. La vida, que es muy dura. Pero bueno, todo se andará y probablemente en el futuro entenderemos que la Administración tiene la obligación de proporcionarnos enseñanza en la lengua que escojamos. Cosas de sociedades afortunadamente opulentas.

– Parece que el proceso para poner a la Universidad en el mercado es imparable. El lema «Hagamos de la Universidad un negocio» hace furor y muchos políticos y rectores están trabajando duro para que las cosas se encaucen, para bien de todos, por supuesto, en esta dirección. Auguro grandes éxitos a este tipo de esfuerzos: es lo que tiene remar a favor de corriente. Y, sobre todo, es lo que tiene dar a quienes están en el ajo lo que piden con más o menos descaro mientras quienes pagan la cuenta no se enteran demasiado Otra cosa es que haga demasiada falta que nos esforcemos en llevar a los universitarios a ese redil. Mi experiencia me dice que nada más fácil que facilitar que la lógica de mercado invada la Universidad. Porque la cabra tira al monte y, sencillamente, si nadie mira, muy pocos son los que resisten la tentación de meter mano en la despensa cuando además tienen la sensación de que todos lo hacen y de que quedarse fuera del festín sería cosa de tontoa. Y eso es lo que, sin Ministerios de campanillas dedicados a ello e incluso antes de que estuviera bien visto, ya pasaba hace años. Y cada vez más. ¡Ay, los buenos viejos tiempos en que se entendía que con dineros públicos mejor que no se montaran negocios! Quienes más contentos están, claro, son (somos) los profesores universitarios, que por fin ven (vemos) como la antaña pequeña rendija que les permitía, a medio camino entre la ilegalidad y la cara dura, montar mil y un negocietes para su lucro privado y personal aprovechando la plataforma (y medios) que supone la Universidad pública, se ha convertido en boquete y, además, respaldado con todo tipo de parabienes por parte de quienes mandan. Es el sueño de cualquiera: montar la paraeta sin asumir los riesgos, con financiación pública y con la expectativa de que lo poco o mucho que tire la cosa, eso sí, va a repercutir casi exclusivamente en tu propio beneficio. ¡Así son los emprendedores de este país!

– Qui no va treballar, en canvi, pràcticament mai a la recerca del seu propi benefici va ser Josep Vicent Marqués, que morí la setmana passada a València. Amb el respecte que mereixen les persones que lluiten per allò en què creuen i que protagonitzen mil i una activitats des del compromís i les ganes d’ajudar a la societat i el país on viuen, a la gent i a la cultura d’un poblre, cal retre hui sentit homenatge a un company de la Universitat de València que deixa llibres que continuen sent una referència, com ara l’imprescindible País perplex. Adéu, professor Marqués.



Propuestas 9-M: Batiburrillo final

A final, la idea de ir realizando propuestas de reformas con motivo del 9-M no he podido desarrollarla tanto como tenía pensado en un principio y me habría gustado. En vez de disparar muchas propuestas poco argumentadas, como la cabra tira al monte, he acabado desarrollando muy, demasiado, prolijamente sólo unas pocas. En cualquier caso, con las elecciones liquidadas, pero con la esperanza de que puedan estas ideas sobre posibles reformas del Derecho público español (pero, en realidad, sobre distintas vertientes de nuestra convivencia) contribuir al debate ciudadano y político, allá va un resumen de lo que, hasta la fecha, se ha discutido, con réplicas y aportaciones muy vivas e interesantes por parte de mucha gente:
0. Introdución a la idea.
Propuesta 1. Financiación autonómica.
Propuesta 2. Reforma de la ley electoral.
Propuesta 3. Acabar con la Seguridad Social.
Además, también me mostré a favor de permitir la publicación de encuestas electorales en los últimos días de campaña, asunto ciertamente menor, pero que tampco está de más recordar.

Quiero tratar hoy de hacer un esfuerzo, necesariamente desordenado, compendiando otro tipo de reformas de nuestro Derecho público que juzgo, claro, necesarias, pero sobre todo importante que el problema que a cada una de ellas da origen pueda ser, cuanto menos, discutido. La lista es necesariamente un batiburrillo, sin que su orden señale ningún tipo de prioridad y además, desgraciadamente, no voy a poder permitirme exponer las diferentes sugerencias con todo el detalle, argumentos, razones y apoyo jurídico que me habría gustado (y que traté de plasmar en las anteriores). Espero, si la discusión da de sí para ello, poder hacerlo al hilo de la misma. Todas las cuestiones que me dispongo a tratar (y algunas que me dejo en el tintero) me parecen importantes, sin que haya una relación entre su orden y la prioridad que les concedo. En el fondo, eso sí, no puedo evitar creer que las más inaplazables son las que se refieren a la responsabilidad ineludible que tenemos quienes vivimos juntos de permitir a los demás tener las máximas posibilidades de hacer con su vida, en libertad, lo mejor posible. Y eso incluye un compromiso con la responsabilidad económica, que es la base de todo: ser conscientes de la necesidad de asegurar que obtenemos recursos para mejorar nuestras condiciones de vida que no esquilman a nadie, ni de las generaciones presentes ni de las futuras. Como es obvio, no es algo sencillo.

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9-M: Votar en una España constitucionalmente aconfesional y otras historias sobre el art. 16.3 CE

Como supongo que a la mayoría de vosotros, a mí me encantan las elecciones y me emociona votar. Me suelo poner en día de elecciones, incluso, muy contento. Vivo con interés, excitación e ilusión los resultados electorales y, generalmente, suelo disfrutar con las noches electorales y las fiestas que para vivirlas juntos organizamos los amigos. Incluso cuando, como ayer, los resultados no es que coincidan, precisamente, con mis preferencias.

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Objeción para la ciudadanía

Más allá de lo que nos parezca o deje de parecer la asignatura de Educación para la ciudadanía, se ha suscitado respecto de ella una polémica que es interesante desde la más pura teoría del Derecho y que, sobre todo, demuestra con qué dúctil facilidad cambian las visiones respecto de la idea de imperatividad, tan consustancial a la noción de norma, cuando las preocupaciones de las sociedades, a su vez, se modifican.

No soy un entusiasta de la objeción de conciencia. Nunca lo he sido. Me parece, y en alguna ocasión lo he referido en este bloc cuando hemos tratado temas conexos, que las ideas, ocurrencias, extravagancias e incluso creencias religiosos de todos merecen un respeto (dentro de un orden, eso sí, esto es, cuando no son aberrantes, y teniendo en cuenta siempre que «respeto» no significa que no se puedan criticar o combatir, ¡faltaría más!). Que las sociedades, de hecho, para una mejor articulación de la convivencia han de tenerlas en cuenta y han de ser extraordinariamente atentas, en todos los sentidos de la expresión, con ellas. Ahora bien, el lugar de las creencias, también de las religiosas, con ser importante en la sociedad, no puede ir más allá de pretender imponerse respecto de los consensos ciudadanos que objetivizan, de una parte, las ideas a partir de las cuales se articula la mejor manera de defender los intereses de la comunidad y, de otra, el concreto umbral a partir del cual las mismas pueden ser tenidas en cuenta (y con qué extensión o intensidad) para modular esta consecución de intereses acordados por todos como relevantes. En una sociedad como la nuestra esta conformación de equilibrios se lleva a cabo por medio del ordenamiento jurídico. Con leyes.

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El voto secreto y el papanatismo

En la oceánica entrevista que Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, ha realizado al presidente del gobierno y que el diario ha publicado por partes a lo largo de esta semana, hay un momento delirante, cuando José Luis Rodríguez Zapatero, interrogado sobre sus creencias religiosas, responde ni más ni menos que:

«Sí, estoy bautizado. Me amparo en mi derecho constitucional a no responderle. ¿Me lo va a respetar?»

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Inicio de curso

Empieza en breve el curso. Es decir, que de alguna manera se nos concede (y se me concede) la posibilidad de volver a empezar, rectificar errores, aspirar a hacer las cosas mejor. Esto, claro, en lo que se refiere al curso que, para mí, empieza el lunes. Nuevas clases, nuevos grupos, nuevas materias… y todos los errores del año pasado (de alguna manera) borrados. Se llevan en la mochila, sí; se aprende de ellos, también; pero se empiea el curso con el contador a cero.

A la vez, más o menos, ha empezado en septiembre el curso para todo casi todo el mundo. Y lo ha hecho, en España, con la extraña resurrección de la asignatura de Derecho natural en forma de Educación para la Ciudadanía. O algo así, porque la verdad es que, dado que no he acabado de entender muy bien el follón, debe de ser que todavía no sé, en verdad, de qué va la cosa.

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En torno a nuestras viñetas de Mahoma

Hace un tiempo se montó una buena a cuenta de la publicación de diversos chistes sobre el profeta. Supongo que no hace falta recordarlo porque todos tenemos en mente el affaire. Lo gracioso fue contemplar el reverencial respeto occidental por las majaderías religiosas y el fundamentalismo cercenador de la libertad de expresión más incompatible con los ideales de la Ilustración. Tenemos unas democracias tan evolucionadas y tan ansiosas de ser correctas e irreprochables que, a veces, nos pasamos de frenada y no entendemos del todo bien qué significa la convivencia en libertad y cómo de importante es la libertad de conciencia y de expresión de cualquier tipo de pensamiento. A mí me gusta recordar, en estos casos, que precisamente los mensajes o ideas irreprochables y socialmente generadores de consenso no requieren de defensa alguna por el Derecho. No hace falta garantizar la libertad de expresión para amparar a quienes dicen cosas aceptadas por casi todos, de igual forma que la libertad de conciencia no es necesaria para que se respete a quienes piensan o defienden ideas más o menos del agrado del común. Las libertades, cuando son necesarias (es más, para lo que son necesarias) es cuando se trata de amparar a quienes defienden que la violencia es una herramienta útil de acción política, que a los iraquíes hay que masacrarlos para conseguir su petróleo, que los negros son inferiores o cuando uno publica viñetas haciendo burla respecto de las creencias de la mayoría.

Que quede claro, la libertad de expresión, en España, no es precisa para amparar los discursos públicos de Aznar o de Rodríguez Zapatero sobre el País Vasco. Si no existiera esta libertad, si la Constitución no la reconociera, ellos podrían seguir hablando tranquilamente y diciendo sus cositas. A quien protege la libertad de expresión es a Josu Ternera. Él sí que no podría ir diciendo por ahí ciertas cosas si la Constitución no amparara el libre discurso. A él es a quien defiende que exista un derecho a la libertad de expresión. De forma que, por ir clarificando cosas e ir quitándonos caretas, empecemos por dejar claro que quien no cree que la libertad de expresión deba amparar a quienes emiten opiniones o defienden ideas que chocan, que hieren, que ofenden en realidad en lo que no cree es en que este derecho deba reconocerse: sólo entiende aceptable que se emitan las opiniones socialmente aceptables (y para eso, recordemos, no hace falta amparo jurídico alguno, la propia sociedad ya se encarga de que esos mensajes se puedan emitir sin problemas).

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