Indignados y desorientados

El pasado día 15, de nuevo, miles de personas desfilaron por las calles para manifestar, otra vez, nuestro disgusto e indignación. Por una crisis económica que, como siempre, se ceba con los más débiles y los menos protegidos. Por unos sistemas democráticos cada vez más formales, donde todos somos muy conscientes de que la opinión de las mayorías (si vienen de abajo) importa poco. O, al menos, importa poco cuando afecta a ciertos intereses. Por la innegable constatación de que las formas de participación política que las democracias liberales pusieron en marcha son insuficientes para canalizar los deseos de integración cívica de unas sociedades de masas muy diferentes, más profundas socialmente, complejas y heterogéneas. En resumen, porque todos tenemos la sensación de que no pintamos demasiado (por ser generosos) ni individual ni colectivamente y porque mientras ciertas elites viven muy bien, cada vez mejor, sin sufrir los costes de la transformación económica en curso, otros se llevan la peor parte sin que el reparto tenga que ver con los méritos, capacidad y trabajo de los respectivos sujetos.

El movimiento 15-M, quienes se dicen indignados y reclaman Democracia Real Ya, han puesto en marcha algo que en la breve historia democrática de España nunca se había  intentado: canalizar debates, participación, protestas, reivindicaciones… desde la base y al margen de la agenda social, mediática y política, que en nuestro país ha funcionado siempre de manera muy engrasada para generar una especie de consenso débil que servía de pasaporte democrático para desactivar cualquier atisbo de conflictividad social… y  también de discusión política. Es una novedad muy importante, y muy de agradecer. Pero tiene el problema de que si queda en la mera reivindicación y protesta, si se queda en la potente pero desarticulada expresión de indignación será un movimiento, a la hora de la verdad, inane y poco perturbador. Por eso el 85% de la población, dice el CIS, apoya sus reivindicaciones. Porque no hay nada, o casi nada, en las mismas, que sea en verdad conflictivo. Lo que desactiva su potencia renovadora. Habrá servido, eso sí, para recuperar la política para la ciudadanía, sí, pero sólo en sus primeros estadios. ¿Qué es necesario para ir más allá?

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Jobs for the boys: entre los indignidados y los colocados

En la columna que escribo hoy en El País (Comunitat Valenciana) se detecta, creo, cierta indignación. Y es que, en verdad, la escribí cabreado. Sigo así, como creo que estamos casi todos los valencianos que nos preocupamos mínimamente por nuestras instituciones, su prestigio y su función social. Los nombramientos que los distintos partidos políticos han hecho desde las últimas semanas, como quienes sigan estas cosas podrán confirmar, han supuesto cruzar varias líneas rojas de esas que alejan a una sociedad y a un entramado institucional del precipicio. ¿Por qué? Las razones son varias:

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Quién y cómo hace las leyes en este país

En el blog de Jesús Alfaro, que es un tipo de opiniones firmes y pluma afilada, nos dan la pista sobre una de estas cosas descacharrantes que pasan en este país. Que no es tanto que se hagan ciertas cosas (algo lamentablemente común a muchos otros Estados) como que, además, se aireen impunemente, en lo que es un síntoma de degradación si cabe mayor. Porque quienes funcionan así ni siquiera son conscientes, de tan habituados que están (estamos) de que, joder, lo propio sería disimular.  Así se entiende a la perfección que luego las autoridades de regulación tengan problemas a la hora de aplicar las leyes. ¡Si incluso quienes las hacen se ponen en posición de firmes a la mínima!

Les dejo con su texto (y con la recomendación de visitar su blog de vez en cuando, ya que me apropio por hoy de parte de su contenido):

El inefable Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ante la escandalosa modificación del régimen de los contratos de distribución de automóviles a través de una ¡enmienda aprobada por el pleno del Senado! a la Ley de Economía Sostenible introducida, vía aproximación a un grupo parlamentario famoso por su habilidad de «conseguidor» por parte de una asociación sectorial, se ha reunido con las partes (fabricantes y concesionarios) y ha publicado un documento de conclusiones en el que reconoce abiertamente que la aprobación de la enmienda es un escándalo y se compromete a enviar a las Cortes un proyecto de Ley de contratos de distribución que recoja, de manera equilibrada, los intereses de las partes. El texto de la enmienda es un ejemplo de mala técnica legislativa. Es ridículo que los que la patrocinaron no encontraran un buen jurista para que se la redactara. Y es ridículo que nuestros parlamentarios voten a favor de normas que ni siquiera se han mirado. Pero eso pasa porque hacemos leyes como la de la Economía Sostenible.

Tengo ganas de escuchar la reacción de la Comisión Nacional de la Competencia.



Menos tonterías y más escuela

Mi colaboración de la semana pasada con la edición de la Comunidad Valenciana de El País versó sobre un tema clásico pero que, desgraciadamente, hay que revisitar. Porque probablemente nada más tópico y ritual, desde un cierto punto de vista, que denunciar la situación de nuestro modelo público de escuela. Y es lamentable que, quizás, me temo, suene incliso tan obvia y evidente la queja como que nada hay que hacer para arreglar el problema. Que nada se puede hacer. Mientras tanto, la degradación continua. Y en la Comunidad Valencia, de manera acelerada (los ejemplos son numerosos y se suceden a toda velocidad, el último de ellos en forma de suelo público regalado de manera infame a los empresarios, y a la Iglesia, especializados en la enseñanza privada y concertada).

La escuela pública no sólo es mejor y esencial para construir una sociedad más justa, más igualitaria y más eficiente, por mucho que las dinámicas sociales de los últimos años nos cieguen y nos hagan no darnos cuenta. Es, además, la única que permite que poco a poco una sociedad avance y se desarrolle, alcance cuotas de libertad y de pluralismo modernas y, además, logre, aunque sea en parte, igualar las oportunidades de todos.  Que algo va mal en España, mucho peor que en otros países, se ve, mejor que en ningún otro sitio, en lo mal que va la escuela pública en España. Porque la educación pública no sólo es mejor, más importante y a medio y largo plazo más eficiente. Es que, si se me permite copiar la broma de un profesor de mi Facultad, es algo más. Es la única y verdadera.

Mientras no seamos plenamente conscientes de ello las cosas no mejorarán. Pero no basta ser consciente. Porque, a día de hoy, me temo, creo que casi todos lo somos. Hay, además, que rebelarse contra el sentimiento de que, aunque la cosa dé vergüenza ajena y propia, como uno solo nada puede hacer, lo mejor es seguir la corriente general y buscar, dentro del desastre, salvar a tu familia y a tus hijos. La triste realidad española es que todo el mundo, con muy contadas excepciones, es consciente del suicidio colectivo que supone fomentar que con dinero público, de todos, se incentive la enseñanza privada. Pero las clases medias, e incluso las bajas, a pesar de ser conscientes de ello, plenamente conscientes, y de sentir vergüenza por participar en el juego, piensan que el tema no tiene arreglo. Y que, por ello, lo que hay que hacer es tratar de minimizar problemas dentro de ese contexto y, si se puede, lograr que sea a ellos y a sus hijos a quienes el Estado financie, en lugar de una escuela pública de calidad e integradora (quimera a la que se renuncia por imposible), una escuela privada, pagada por todos, pero que excluya a las clases sociales más desfavorecidas. Así el niño va con las monjitas, pero sin pagar, como si esto fuera un público. Pero sin moros, ni gitanos, ni inmigrantes (o con muy poquitos, y muy seleccionados) gracias a unos apaños infames que entre todos consentimos y alentamos. El hecho de que a nadie se le escape lo asqueroso del modelo que construimos y que a pesar de eso tenga la fuerza que tiene hace que la cosa sea más deprimente si cabe.

En fin, que allá va lo que escribí. Sin mucha esperanza de que a corto plazo vayamos a asistir a un cambio, pero con la convicción de que, al menos, hay que decir estas cosas en voz alta a ir tratando de ayudar a que cambien.

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Los números del AVE

Acaba de ser inaugurada la línea de Alta Velocidad Madrid-Valencia en medio de una gran fanfarria política y periodística que contrasta enormemente con la triste realidad. En un ejemplo más de cómo las políticas públicas en este país no son en absoluto fiscalizadas desde parámetros de eficiencia (y de hasta qué punto las matemáticas más sencillas como sumar y restar son un ignoto arcano para nuestros planificadores) nos hemos gastado una millonada entre todos en una obrita de una rentabilidad más que dudosa. Los expertos lo tienen claro. Afortunadamente, me da la sensación, hay una gran parte de la opinión pública (aunque sea casi milagroso que así sea dado el modelo informativo de publicitación del tema que se ha impuesto, convenientemente «regado» por el Ministerio de Fomento) que también. Basta leer los comentarios de los lectores a las noticias donde se glosa el tema a mayor gloria de Sus Majestades (el Rey, por cierto, ha demostrado en su discurso de hoy desconocer cuál fue la primera línea férrea que se construyó en España), del Presidente del Gobierno y de quien pase por delante para darse cuenta de cuánta es la distancia entre el discurso publicado y la percepción que tiene la gente de la calle de cuáles son sus necesidades y de cómo estarían mejor servidas.

Mientras tanto, las Administraciones Públicas y los partidos políticas se están gastando millones de euros en una obscena competición por ver quién logra convencernos de que esto se lo «debemos a ellos». Da igual que haya crisis y que la indecencia de este brutal gasto publicitario sea si cabe más obvia en este contexto. Ministerio de Fomento, Generalitat Valenciana, e incluso el PSPV (aunque aquí hay que reconocer que en este caso gastan «su» dinero; que viene también de los ciudadanos, vaya, pero que al menos no son fondos estrictamente públicos) se pelean por decirnos que son ellos los que «nos traen el AVE». Así, en plan señor feudal u obispo medieval que te coge el dinero, se lo gasta en lo que le parece y, encima, te da lecciones sobre lo agradecido que has de estar. De vergüenza.

Por lo demás, conviene recordar que, para mayor escarnio, todas estas inversiones, como bien ha demostrado y documentado Germà Bel en su reciente, y fantástico, libro España, capital París, nada tienen que ver con las necesidades reales de comunicación y transporte del país. Responden únicamente a una política de construcción nacional, de refuerzo económico del centro del país frente a la periferia, nada ingenua y, sobre todo, articulada siempre con exaccciones públicas forzosas e implicación del poder estatal porque de otra forma (es decir, con inversión que aspirara a una remota recuperación de la inversión) no habría manera. Para lo cual se drenan constantemente recursos que podrían (y deberían) dedicarse a mejorar el lamentable estado en que se encuentran ejes de comunicación con mucha más demanda y estratégicamente más importantes a partir de criterios de eficiencia (al menos, si hablamos desde un punto de vista económico, no, claro, si se trata de potenciar el centralismo económico) o socialmente mucho más necesarios (cercanías, regionales) atendiendo a factores de servicio público, cohesión social o igualación territorial.

Baste un ejemplo demoledor. Desde hoy, Valencia está unida con Madrid (a unos 350 kilómetros de distancia) por dos autovías de peaje gratuitas (una en línea recta, otra por Almansa) y por hasta cinco vías de tren (las dos vías de altísimas prestaciones y carísimas del AVE hoy inaugurado, más las dos de la vía doble electrificada que va por Albacete y que permite circular a 200 km/h, más la línea única sin electrificar que hace el recorrido por Cuenca). En cambio, la conexión de Valencia con Barcelona (también unos 350 kilómetros a pesar de lo cual sigue moviendo tantos viajeros como la primera y muchísimas más mercancías) se realiza a través de una autopista de peaje (pues este eje, con mucho más tráfico, no ha recibido inversiones estatales y ha debido ser pagado por los usuarios) y por una línea ferroviaria que, en el tramo entre Castellón y Tarragona, llega a tener varias decenas de kilómetros de… ¡una vía única! Como dijo un Ministro de Transportes, ¡no sé de qué se queja esa gente de Levante, pero es que son así de pesados! ¡Si esa vía hasta está electrificada! (y quizás no le falta razón, oiga, pues la conexión con Murcia o Zaragoza sigue siendo en vía única y, efectivamente, sin electrificar). Por no mencionar el tema de las conexiones ferroviarias de cercanías y regionales de Valencia y las ciudades medias valencianas, que es un tema de echarse a llorar. Uno sale a Alemania o Francia, países a los que compramos la tecnología que nos permiten tener más AVEs radiales que nadie a precio de oro, y comprueba que allí las prioridades son otras: una red tupida, una verdadera malla de comunicación ferroviaria que permite ir a cualquier parte en tren, con cercanías y regionales mimados por la inversión pública y una red de alta velocidad reducida, construida poco a poco y sólo en tramos de altísima demanda. Debe de ser que esta gente es mucho menos inteligente que nosotros y ni siquiera saben sacar tanto prtido a su propia tecnología como aquí. En fin…

Sobre estas cuestiones escribí el artículo que esta semana me publicó El País en su edición de la Comunitat Valenciana, donde los comentarios que se produjeron son buena muestra, de nuevo, de hasta qué punto la gente empieza a estar harta de que le tomen sistemáticamente el pelo. Se lo copio a continuación:

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El urbanismo valenciano ante el espejo (y ante el Derecho de la UE)

Ayer publicó el diario El País, en su edición de la Comunidad Valenciana, una pequeña reflexión sobre las conclusiones del Abogado General en el conflicto que enfrenta al Gobierno valenciano con la Comisión Europea a cuenta de las normas urbanísticas valencianas. Copio a continuación el texto, que espero pueda contribuir al debate sobre esta cuestión, donde al menos yo detecto un enorme (y generalizado) fariseísmo social:

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¿Qué hacer cuando un Ayuntamiento protege a quienes incumplen y masacra los derechos de los ciudadanos para beneficiar económicamente a los infractores?

El pasado jueves el diario El País, en su edición de la Comunitat Valenciana, me publicaba un artículo sobre la desidia del Ayuntamiento de Valencia a la hora de atajar los problemas relacionados con el ruido nocturno generado por actividades autorizadas por el propio Ayuntamiento. Al margen de comentar cuestiones más o menos conocidas, como es el hecho, sorprendente, de que las Administraciones aprueben normas que luego no tienen el más mínimo interés en cumplir (es el caso de la propia ordenanza de contaminación acústica del Ayuntamiento de Valencia o de su normativa en materia de actividades) o de la dantesca imagen que produce la reiterada y abierta negativa de las autoridades a cumplir no ya con las leyes estatales, autonómicas o de la Unión Europea sino, incluso, ¡con sentencias judiciales que les condenan a adoptar medidas para limitar el ruido una vez constata su responsabilidad por la inacción continuada! trataba de alertar sobre hasta qué punto era preocupante la pinta que tenía la actuación del Ayuntamiento y sus claras intenciones de colaborar con los infractores para que continúen campando a sus anchas. Porque, si ni siquiera hace cumplir las normas actualmente en vigor, ¿acaso se puede esperar que se tome en serio la adopción de nuevas medidas para atajar el problema del ruido en una zona ya declarada judicialmente como acústicamente saturada? Porque, si es ya evidente a estas alturas que quien dicta las normas es la mafia del ruido y del copazo, ¿acaso podía confiar alguien en que todo este proceso de consultas y reflexión condujera a un fin diferente al de tratar de conseguir que, pese a las condenas y las leyes, todo siga igual para preservar el modelo de negocio de algunos, fundamentado en avasallar los derechos de los demás ciudadanos para llevarse un buen dinerito?

Pues con sorprendente rapidez, apenas dos días después, las peores previsiones se cumplen. Un 31 de julio, muy convenientemente (eso sí, para compensar y que no se diga, ¡dan un mes para presentar alegaciones, los tíos, en plan rumboso!), aprovechando las vacaciones y tratando de que pase inadvertido el escándalo que supone esta situación de abierta rebeldía frente a la ley y frente a las sentencias de condena (y aprovechando también, por cierto, el silencio cómplice de casi toda la prensa local, invadida de anuncios de la mafia de ruido y del copazo, muy eficaces, al parecer, para dejarles claro, también, a qué intereses han de servir), el Ayuntamiento aprueba provisionalmente las medidas con las que, según estiman sus responsables, dan cumplimiento a la orden del juez.

El resumen de las nuevas limitaciones es fácil de hacer: ninguna (porque eso de que se adelante media hora el cierre de las terrazas, «excepto de marzo a octubre y los fines de semana» y además «dando media horita para que se desmonten con calma» es, qué quieren que les diga, una burla impresentable). O bueno, sí. Hay una medida: joder a los inmigrantes. La única restricción novedosa es contra los kebabs y los chinos. Curiosamente, las bestias negras de los hosteleros de la mafia del copazo y del ruido, que llevaban un tiempo quejándose de «competencia desleal» y de que «degradaban la zona». A ellos sí les restringirán el horario mientras los otros, los responsables de la degradación y de la invasión de todo el centro con turismo basura de botellón, les dan vía libre para seguir a su bola. No sólo son los responsables de la degradación del entorno y de que el tipo de turismo que lo frecuente sean turistas borrachos buscando garrafón y un lugar donde «todo valga» para hacer el salvaje que en ningún otro lugar de Europa se autoriza. Es que, además, la autoridad municipal les va a permitir monopolizar a los que ya han creado el problema su rentabilización económica, expulsando a las alternativas adicionales de baratillo que, lógicamente, son las únicas que se sienten atraídas por un entorno de esas carcacterísticas. Porque, claro, como esa gente no es de aquí, por lo visto no sabe cómo hay que «engrasar» (por vías siempre legales, por supuesto) a las autoridades y medios de comunicación locales para que, caiga quien caiga, la ciudad te sea rendida a tus pies y puedas hacer tu buen dinero sin tener licencia, sin pagar impuestos, sin seguridad social, ocupando la vía pública, cerrando a la hora que te dé la gana e incumpliendo todo tipo de normativas y leyes sin que pase absolutamente nada. Porque lo peor de todo es que las laxas, laxísimas medidas son, además, papel mojado. Aún está por ver el barrio eso de que un local sancionado y clausurado por no tener licencia, por cerrar a la hora que más le agrade, por ocupar la vía pública, por vender alcohol a menores… (y si me lee alguien del Ayuntamiento y piensa que miento que se ponga en contacto conmigo o con la asociación de vecinos y les pasamos un listado de infractores que llevan años haciendo lo que les pluge sin tener el más mínimo problema).

No por previsible, dado el evidente secuestro de nuestras autoridades locales, que en vez de velar por los vecinos tienen como prioridad la protección de los intereses espurios de unos pocos, es menos lamentable el desenlace.

Dejo a continuación copiado el artículo de prensa publicado el jueves.

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