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Carles Puigdemont y la Gran Extinción

Como el dinosaurio de Monterroso, cuando el Reino de España despertó de la siesta el sábado 9 de enero de 2016, el dinosaurio del Procés catalán todavía estaba allí. La sempiterna profecía de Peret -Rey de la Rumba convertido postreramente en independentista, incómodo símbolo de un nuevo tiempo que en su momento la mayoría de los obituarios españoles coincidieron en ignorar- se hacía carne en una comparecencia de Artur Mas donde explicaba que el Procés, el artista anteriormente conocido como CDC y él mismo, lejos de estar muertos, procedían a irse de parranda, CUP mediante. El nuevo disc-jockey de la fiesta, como el avezado lector de esta su Página ya sabrá, se llama Carles Puigdemont.

Una película de animación infantil estrenada estas navidades exploraba la hipótesis de un mundo en el que el meteoro destinado a extinguir a los dinosaurios pasa de largo ante el cielo terrestre y los reptiles conservan un papel hegemónico, mientras que los mamíferos, que parecían destinados al triunfo por desgaste del contrario, quedan en una posición subordinada; aliados laterales del núcleo irradiador, que diría Errejón. La situación catalana ha quedado en términos parecidos: La promesa de nuevas elecciones, alentada tras los resultados del 20-D y fundamentalmente por las tres veces que la CUP negó a Artur Mas en cónclave, se ha esfumado como una simple ensoñación navideña.

Habían crecido los rumores de conversaciones entre los entornos de Colau y Junqueras; cantos de sirena a una CUP supuestamente en descomposición -o al menos a mitad de ella- para sumarse a un gran pacto de izquierdas para marzo, propuesta del mismo Ernest Maragall -hermano de Pasqual y eurodiputado de ERC- e incluso sueños verbalizados de un gran tri o cuatripartito de vuelta en la Plaça Sant Jaume. Pero de repente en las redes el ambiente entre los afines A ICV y Podemos se tornó de funeral; en el caso de los de ERC, aún peor, amargura disfrazada tras capas de diplomática felicidad por la salvación in extremis del Procés. Pero una vez más, a unos y otros, en tendencia ascendiente en las encuestas, la tozuda realidad les ha quitado de las manos la fruta que veían madura.

La realidad es que ERC se ha sentido muy cómoda en estos meses de bloqueo, con un triple discurso que les ha terminado por estallar en las manos, a saber 1) Mas es el único candidato posible de Junts pel Sí, no se contempla otra opción mientras 2) se critica sotto voce su personalismo y la poca generosidad de la CUP a la espera que captar votos de ambas partes en unas hipotéticas elecciones 3) se admite en privado que no están dispuestos a facilitar un relevo de Artur Mas por un candidato convergente limpio, sin pasado turbio ni mácula de corrupción. La especulación pasiva sin realizar acción alguna le ha servido a Oriol Junqueras para remontar apoyos desde el suelo del partido en 2010 al mismo tiempo que no obtenía ningún resultado político en absoluto -ninguna de las “Estructuras de Estado” pactadas con CiU en 2012 se materializó; no hubo referéndum reconocido y la presión convergente les ha reducido a una posición subordinada. Pero nada de esto ha sido óbice para que la directiva de Oriol Junqueras siga apostando fuerte por el catenaccio y que se les deje gobernar por lástima.

Por parte de Podemos y su compleja Alianza Rebelde post-Vistalegre, se ha confiado, tras la desastrosa campaña etnicista de Pablo Iglesias en el área metropolitana de Barcelona durante la campaña del 27-S, en que la defensa sin duda valiente del referéndum y la plurinacionalidad en el resto del Estado obrase un milagro en Catalunya. Así ha sido en el caso de En Comú Podem el 20-D, con mucho voto prestado por parte de opciones independentistas; el entorno de Ada Colau goza de más credibilidad en Catalunya que el clan de la Complutense, de eso no hay duda. Sin embargo, las fechas navideñas sin drogaína demoscópica han hecho olvidar al entorno de la Alianza Rebelde varios aspectos fundamentales.

1) El voto dual existe en las dos direcciones: no se puede obtener un gran resultado en las autonómicas sin tener una solución factible en el corto y medio plazo para la cuestión territorial. 2) Los resultados de las elecciones generales indican que Podemos ha sido incapaz siquiera de superar al PSOE en votos, y que es muy difícil que lo haga en escaños incluso en un escenario de repetición electoral a corto plazo. Hay una gran diferencia de votos en territorios con gran peso demográfico rural como en Andalucía, Extremadura, Castilla-la-Mancha y Castilla y León que el sistema electoral español se encarga de amplificar hasta el extremo. Algo mucho más acusado en el sistema mayoritario del Senado. El altísimo peso de los diputados de estos territorios en los grupos parlamentarios de PSOE y PP hace harto improbable una reforma electoral que les quite peso. El sistema electoral seguirá ejerciendo de cortafuegos contra el voto urbano, pesadilla de la clase dirigente española desde el mal susto de 1931. 3) PP, PSOE y C’s suman más de dos tercios de los escaños en el Congreso y el Senado. Aparte de hacer imposible a corto y medio plazo el proceso constituyente que Podemos prometía en 2014, no hay demasiado interés en abordar las cinco reformas menores en las que se ha convertido su propuesta en 2015-2016. En particular la cuestión territorial -ni tan sólo un referéndum consultivo- es línea roja para los tres partidos. Todo ello convierte la en teoría deseable y seguramente mayoritaria en Catalunya demanda del referéndum pactado y reforma constitucional en muy improbable en al menos un lustro.

La apuesta estratégica de Podemos, a la manera griega, es forzar una Grosse Koalition expresa o tácita que a la manera griega desgaste a los grandes partidos para heredar posteriormente la hacienda. Si bien es posible que sea la mejor estrategia en clave de partido -y tiene sentido en tanto que Podemos como tal no gobierna en ninguna comunidad autónoma y ningún ayuntamiento, por tanto no sufre desgaste orgánico- en las distintas sociedades ibéricas los tiempos son otros y no se pueden permitir esperar a Godot. El descuelgue de Mònica Oltra de la estrategia comunicativa negando que el referéndum fuese una línea roja para pactar indica las urgencias de partidos con responsabilidades de gobierno en comunidades intervenidas por el Ministerio de Hacienda que necesitan de un presupuesto estatal operativo y una reforma del sistema de financiación para simplemente prestar los servicios esenciales, lejos del maquiavelismo gramsciano. Cosa muy similar ocurre en Catalunya: por más que un gobierno bienintencionado y firmemente constitucionalista decidiese olvidarse mañana del Procés, la infrafinanciación y la deuda seguirían siendo una cuestión central. A la política catalana no le valen las brumas del largo plazo.

La sociedad catalana empezó a hacerse crecientemente independentista cuando empezó a comprender que el complejo entramado político-institucional de 1978 no sólo bloqueaba sus aspiraciones de autogobierno sino que convertía en casi imposible cualquier cambio profundo que la aritmética catalana si que permite, al menos sobre el papel voluble de la sociopolítica. La acción constitucionalista, al revés de lo que cree la siempre atenta progresía de Café Comercial y Radio 3, tiene efectos muy concretos a nivel social: el Gobierno español tiene recurridas -y sin efectos- ante el Tribunal Constitucional por aspectos competenciales leyes tan secesionistas como la de Pobreza Energética o la de protección contra los abusos hipotecarios. Eso ya sin entrar en el terreno más pantanoso de la legislación educativa y el modelo lingüístico: el hecho es que existen mayorías amplías en Catalunya en determinadas cuestiones sociales que mayorías amplias y rocosas de signo contrario en Madrid pueden bloquear.

Hay que situarse en este contexto para entender por qué el independentismo es ya una cuestión estructural para buena parte de la sociedad catalana, si no mayoritaria sí ya muy cerca del 50% de la población y en crecimiento; mientras el sector de la sociedad española partidario de negociar y hacer concesiones para resolver la cuestión territorial está lejos de ser mayoritario, con un sistema electoral que prima a las regiones beneficiarias del actual arreglo institucional; los grandes partidos españoles tienen grandes incentivos para no ceder ni un ápice ante los malvados catalanes. El independentismo, aunque se enquiste, no va a desaparecer del mapa.

Ante los apóstoles del catenaccio que esperaban ver caer el poder autonómico en sus manos sin demasiadas ideas concretas de qué hacer en el corto o medio plazo, el artista anteriormente conocido como Convergència Democràtica, tras separarse de Unió y una larga travesía, se ha sentido acorralado. No sólo por el destape de sus casos de corrupción, que lo identifican como un partido ranciamente español que comparte el savoir faire y hasta los porcentajes por obra del PP, el PSOE y la Casa Real, sino por el ya explicado estrechamiento del campo de juego autonómico en el que hasta entonces había jugado a placer; también del estatal, dónde ya no cuenta con el poder de partido bisagra de antaño, que aún en 2010 salvara in extremis el plan de recortes de Zapatero y en 2011 impidiese el voto en referéndum de la reforma estival del artículo 135 CE. A diferencia del PNV, cómodamente instalado -y por primera vez- en sus tres diputaciones forales con plena capacidad fiscal y acciones de control en la cuarta -Navarra- Convergència necesita luchar para sobrevivir.

Me va, me va, me va, me va, me vaaa Girona, y Barcelona, me va, me va…

Convergència debía elegir entre la casi segura pérdida del poder, y el desmantelamiento de su red clientelar autonómica en plena ofensiva centralista en Madrid, o doblar la apuesta que ya hiciera Artur Mas, que dista de ser un proyecto personalista en el seno de la órbita convergente. Para ello, ha situado a un liberal, limpio y aparentemente sin casos de corrupción a sus espaldas, independentista pata negra, alcalde de la capital catalana más europea y de gente bien, donde acabó con una larguísima hegemonía socialista. Un señor de orden, periodista y avezado en redes sociales, más parecido a un diputado de la UMP francesa -otro partido al que su veterano líder ha optado por cambiar el nombre para evitar ser relegado- que a otra cosa; con todas las ventajas e inconvenientes que ello conlleva.

Eso es de lo poco que podía elegir. El pacto de Junts pel Sí y el pacto programático (o plan de choque) con la CUP fuerzan a la nueva CDC en reconstrucción a un perfil socialdemócrata a la derecha de la CSU bávara en casi todo lo relevante pero que en España, por obra y gracia del corralito cultural patrio, pasa por centroizquierda. Es un plan de choque social harto discreto -algunos centenares de millones de euros- pero a diferencia por ejemplo de la Generalitat Valenciana y de la honda tradición de la socialdemocracia española, han tenido el detalle de no inventarse miles de millones de euros para cuadrar el presupuesto por arriba. A cambio de esto, de una agenda legislativa y para acabar con las esperanzas de Junqueras de heredar la hacienda antes de tiempo, CDC ha pedido a la CUP 18 meses de estabilidad parlamentaria y al menos mayoría simple en las cuestiones sujetas al acuerdo -recordemos que Junts pel Sí no tiene disciplina de voto para temas no relacionados con el Procés. En este período pretenden reconstruir el partido como, efectivamente, algo más parecido a la CSU que a lo que venían siendo hasta ahora.

La agenda legislativa que la CUP y Junts pel Si han acordado es algo aparentemente tan sencillo como poner en marcha las leyes e instituciones suspendidas por el Tribunal Constitucional -contra la pobreza energética, contra abusos hipotecarios, una Agencia Tributaria Catalana y un proceso participativo para elaborar un proyecto de constitución catalana. La complicación, viene, claro, por las consecuencias judiciales que esto puede acarrear a sus responsables. La “nueva” CDC de Puigdemont exige a la CUP que, de forma implícita, ligue su destino político al de la generación de políticos catalanes que parecen dispuestos a jugarse el todo por el todo -hasta inhabilitación o cárcel, está por ver- por esa agenda política y legislativa. De eso se trata el acuerdo cerrado el sábado 9; el resto son gestos en clave interna para satisfacer a sectores convergentes para los que el acuerdo resultaría más difícil de digerir. Pero a diferencia de lo que cree la izquierda española, en el entorno independentista no se ha visto como un fracaso, un fraude o una humillación, sino como una gran victoria. Especialmente en el entorno de la CUP.

La CUP ha tenido un arduo debate interno, seguramente mal gestionado a nivel comunicativo por su bisoñez en la política institucional de una organización -más bien confederación de organizaciones- poco acostumbrada a estar en el foco. Pero la política española y buena parte de la catalana leyó de forma equivocada el desacuerdo táctico sobre la figura de Mas y los pasos a seguir como un divorcio estratégico de fondo. De aquí su perplejidad cuando, desaparecido Artur Mas, la CUP ha cumplido como un reloj su compromiso de investir a cualquier otro candidato de Junts pel Si que no fuese Mas, y reiterando su apoyo al plan de choque acordado y al proceso de “desconexión”. No hay más que comparar el clima del entorno de la CUP del fin de semana pasado -honda decepción interna, cálidas felicitaciones de gente no independentista y que nunca les ha votado- con el de ayer mismo, donde los hasta ayer teóricamente irreconciliables sectores iban de la mano con el nuevo consenso inquebrantable. Simplemente, desde fuera no se había entendido nada. La CUP cree en el Procés. Seguramente mucho más que Junts pel Si.

La CUP, como CDC, tenía todos los números para quedar muy desdibujada entre ERC y EnComúPodem -o como se llamase tal coalición- en unas nuevas elecciones, un desastre muy seguro, y por tanto casi tantos incentivos como CDC para llegar hasta el fondo en el Procés. ERC, por supuesto, no puede manifestar sus preferencias en contra; y existen dos grandes entidades sociales firmemente vinculadas a los tres partidos, especialmente a CDC y ERC, como son Òmnium y ANC, que han ejercido de mediadoras para que finalmente Puigdemont sea investido presidente y participan activamente en Junts pel Si. Aunque no se parecen demasiado al concepto occidental de sociedad civil independiente, en los últimos años han demostrado una capacidad de movilización excepcional al alcance de pocos movimientos políticos. No hay que subestimarles.

Todo este plan político podría parecer una monumental huida hacia adelante por parte de unos partidos en crisis, escarmentados el 27S en su plebiscito y temerosos de un adelanto electoral, hacia una agenda sin un objetivo muy concreto más que dejar pasar el tiempo y reconstruir sus estructuras. Sí. Es exactamente eso. Pero fuera del ecosistema independentista existe un biotopo de catalanes hasta ahora no partidarios de la independencia pero tampoco del centralismo más acérrimo, con cierto amor por el estado autonómico o hasta -¡horror!- preferencia sincera por el federalismo, que pueden estar en el campo de lo que queda del PSC o Podemos-ICV-CSQEP. Y esos sectores, su decantación, van a ser la clave de qué será Catalunya en la próxima década.

Pero los independentistas cuentan con un aliado formidable que no deberíamos subestimar: la estupidez del gobierno y el stablishment español, que descartado el antisemitismo por poco estético hace medio siglo se replegó a su otro gran comodín aglutinador de masas: el anticatalanismo. Con todos los poderes del Estado clamando desde ayer mismo por una gran coalición PP-PSOE-C’s para castigar a los catalanes y ningún tipo de voluntad de negociar o ceder puesto que sería poco viril y sospechoso de connivencia con los terroristas, el nuevo gobierno catalán tiene su escenario de polarización en bandeja. Solo deben forzar el error del contrario: una sucesión de juicios políticos sonados, inhabilitar al presidente, hasta suspender la autonomía catalana por la vía del 155 CE. El progreso del interminable Procés dependerá de la sed de sangre del nacionalismo español. Parece buena apuesta.

Puigdemont y su nuevo gobierno no van a tener ni un solo día de gracia. La artillería mediática va a estar sobre ellos desde el minuto 1, en un escenario sin gobierno español operativo al menos durante algún tiempo, y por tanto van a tener un papel decisivo en definir el nuevo escenario. Sin embargo, ni Íñigo Errejón ni Pablo Iglesias han criticado demasiado fuerte la decisión de la CUP: saben que la física no perdona y por tanto el monumental meteoro que Convergència acaba de evitar se dirige a toda velocidad hacia la sede del PSOE de la calle Ferraz, a quienes los intérpretes de la voluntad de la Madre Patria llaman a sacrificarse por su integridad territorial. La paleontología quiere cobrarse su gran extinción esta década. Que les sea leve.