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¿Un contrato para hundirlos a todos?

Al menos desde los años 70, ante cualquier análisis de la situación económica española, la respuesta de ese ente abstracto llamado Europa pasa siempre, entre otros, por dos mantras: contención salarial y reforma del mercado laboral. El sindicalismo combativo durante el franquismo unido a la peculiar cultura laboral falangista legó un modelo laboral relativamente estable que en la crisis de los 70 se vio la posibilidad de atajar: España debía competir vía precios, ése era su sitio en la arquitectura europea. Ésta política ha sido un rotundo éxito: el economista y diputado Alberto Garzón explica que la historia estatal desde la Constitución es la del desplome de los salarios reales. [1]

Nada de ello habría sido posible, por supuesto, sin la activa colaboración de los sindicatos mayoritarios. No en vano el Ser Superior Florentino Pérez los citaba como artífices máximos del consenso del modelo productivo español [2]. Ya desde los Pactos de la Moncloa los sindicatos han pedido a gritos participar en la mesa de negociación de cada recorte de derechos, rubricado como Pacto de Estado, alabado por los medios y otros yonkis del BOE [3]. A cambio, han apostado a fondo por el modelo alemán: participar en la gestión de las entidades, deplorando los problemillas judiciales de los gestores como Blesa y arrimando el hombro.

Aún así, hay algo que ni las centrales sindicales han podido cambiar: en el contexto de un entorno de trabajo con múltiples trabajadores con cierta seguridad de no ser despedidos por un precio irrisorio o simplemente no renovados a final de mes, el hecho de bajar los salarios o despedir trabajadores para mantener o mejoras los beneficios se sigue viendo como una fuente de conflicto y se afronta de forma conflictiva, por medio de ocupaciones, huelgas y boicots; a parte de apostar porque un aumento de los beneficios redunde, vía convenio colectivo o como se tercie, en un aumento de los salarios o condiciones de los trabajadores. Es algo que acostumbra a pasar desde el siglo XIX: cierta seguridad laboral y la sindicación redundan en un aumento, o al menos no disminución brusca y unilateral, de los salarios.

No es nada casual que las sucesivas reformas de la legislación laboral hayan dado a la patronal herramientas, en forma de contratos de fomento y contratos temporales, hasta llegar al extremo de las llamadas ETT, para incorporar mano de obra de forma cómoda con una escasa o nula capacidad de negociación, y así hundir progresivamente los salarios desde la base. Los trabajadores ya consolidados antes de las sucesivas reformas laborales, con salarios dignos y altas indemnizaciones por despido, constituían, aún así, un fuerte obstáculo. Los ERE han sido la última vuelta de tuerca, puesto que permiten en la práctica reducir a la mitad los costes de despido -y por tanto, dinamitar la capacidad de negociación- con una sencilla argucia contable.

Es en éste contexto donde debemos entender la propuesta del contrato único. Puesto en primera plana por la Comisión Europea aparece por primera vez en la esfera pública con el planteamiento de la reforma laboral del PSOE. FEDEA, un sólido think tank financiado por grandes empresas como BBVA, Santander, Repsol, Iberdrola o Abertis, [4] promovía un manifiesto de 100 economistas por un contrato único con indemnización creciente y sistema de “mochila austríaca” que supone incorporar el coste de despido de forma fija en forma de cotización a una “hucha” disponible por el trabajador en caso de despido. Un sistema que ha dado en llamarse “flexiseguridad” y que supone una mayor movilidad en el ámbito laboral y menos problemas de tesorería para las empresas en caso de despido, con facilidad para ajustar plantillas. Partidos como UPyD han incorporado esta propuesta en su programa y blogs colectivos como Politikon han hecho campaña activa por la cuestión. [5]

Rodrigo Rato. Antonio Basagoiti. Salvador Alemany. Antoni Brufau. Isidre Fainé. Emilio Botín. Francisco González. César Alierta...: les piden que congelen sus salarios y circulen. Gracias

En defensa de ésta medida se ha esgrimido el hecho de que constituye una medida en cierta medida “neutra” puesto que no predetermina cual será la indemnización final, que puede ser desde prácticamente despido libre hasta los hasta hace poco imperantes 45 días por año trabajado. Por tanto, no es una medida “ni de derechas ni de izquierdas” sino simplemente un marco neutro para las relaciones laborales que permitiría en cierto modo acabar con la dualidad entre temporales e indefinidos, donde caben muchos equilibrios de preferencias, haciendo aumentar o disminuir la aportación de las empresas al fondo de despido de cada trabajador.

Digamos que decidimos obviar por completo qué tipo de motivaciones pueden llevar a la Comisión Europea a abogar por esta propuesta -no creo que a estas alturas y visto el historial de rescates alguien crea ya que les importa algo que no sea garantizar el pago de las deudas- y que el despido libre contradice la Constitución Española y la carta de la soviética OIT (Organización Internacional del Trabajo) que prescribe que cada despido ha de tener una causa. Presuponemos un largo período de interinidad donde convivirán indemnizaciones muy altas -los actuales indefinidos- y muy bajas, las de los nuevos. Pero supongamos que aún así nos gusta la propuesta porque termina con la dualidad, y, en cierto modo, hace tabula rasa con el actual modelo, ofreciendo nuevas oportunidades para la contratación.

Pero hay algo que los promotores de la propuesta, que vienen casi exclusivamente de la academia, no se han molestado en explicar; no sabemos si por mala fe, o, más probablemente, porque han demostrado reiteradamente ser ya no miopes, sino hipermétropes, para detectar el conflicto social no explícito. Trasplantar un sistema de despido sin causas objetivas en un entorno con un elevado paro estructural, como el español -y por extensión las economías mediterráneas, que han tenido su propio ritmo de desarrollo- supone hacer volar por los aires el poder de negociación sindical. Elimina todo incentivo para el empresario para negociar salarios al alza o integrar a los trabajadores díscolos: puede configurar las plantillas a su medida y, en la práctica, acabar con la sindicación con muy pocas complicaciones.

El despido prácticamente libre puede funcionar bien en sociedades con un estado de bienestar muy desarrollado -recordemos que España estaba, aún antes de los recortes, muy por debajo del gasto social UE-15- y un sistema productivo con un paro a lo sumo friccional, como el caso danés, o que no llegan al 10% ni en la peor de las crisis, como en el caso austríaco, [6] con un modelo laboral (antes del de “la mochila”) muy parecido al español. El hecho que la economía austríaca o la danesa no se basen, al menos en las últimas décadas, en sectores de mano de obra intensiva y baja productividad como turismo y construcción también tiene un efecto en el tipo de empleos ofrecidos y el comportamiento del mercado de trabajo.

Sobre esta relación vienen a colación los ejemplos del País Vasco y Navarra, que presentan la mitad de paro que la media estatal con exactamente la misma legislación: no tiene ningún sentido suponer que una nueva legislación laboral va a tener efecto sobre el sistema productivo si no contemplamos expresamente el desplome del coste efectivo del trabajador. De forma implícita -o más explícita para el caso de la Comisión Europea- el contrato único viene de regalo con el mantra de la devaluación interna de la que ya hablamos aquí anteriormente. [7]

Así, ni una medida justificada abundantemente por ser neutra y no conflictiva, producto de un supuesto consenso automático en nombre de la razón, ofrece elementos de conflicto, aunque sea subyacente: es obvio que no existe una racionalidad pura como la soñaban Voltaire o Diderot. El statu quo no tampoco, en sí mismo, neutro, sino la cristalización de una relación de fuerzas. Las vías para “salir de la crisis”, sea eso lo que sea, han de tener por tanto una mínima dimensión conflictiva. La pregunta es quién va a perder: si los trabajadores “con salarios demasiado altos”, “privilegiados insiders” o va a ser quién de hecho provoca el 70% del fraude fiscal -las grandes empresas- y se lleva el dinero en crudo al extranjero.

Parece que “con la que está cayendo” la vieja máxima de la economía socialdemócrata de apostar por el aumento de la productividad y la diferenciación del producto en vez de la competencia vía precios con los países asiáticos, se ha ido inodoro abajo. Absolutamente nadie en Europa que no sea Die Linke apuesta en serio por una subida de salarios en los países del norte, fortalecer el consumo interno y apostar por una Europa rica con una moneda fuerte, de forma parecida al modelo brasileño. Y es que con un aumento generalizado de los salarios, las grandes empresas creen -y quizá saben a ciencia cierta- que lo tienen todo que perder.

Por todo ésto, las grandes empresas van a seguir sepultando dinero en pagar a Fundaciones y centurias de economistas que digan que lo único científico y racional es hundir los salarios, congelarlos indefinidamente y desligarlos de la inflación [8], intentando hacer pasar por conocimiento objetivo lo que es un eficaz trabajo de lobby, o, viendo los resultados económicos, simples publirreportajes.

El gran problema es que, a grandes rasgos, la izquierda -y, lo siento, desvinculemos definitivamente de la categoría de izquierda a los entusiastas de hundir los salarios y aumentar la desigualdad- no está haciendo absolutamente nada en el plano intelectual, es decir, con números. No sabemos nada del coste real, más allá de amenazas apocalípticas, de salir del euro en comparación con el coste real de la devaluación interna; de la viabilidad de una moneda PIGS o de a quién podríamos comprar petróleo y gas el día después, a qué precio y a cambio de qué. Ni hay en el horizonte nada que se asemeje a una hoja de ruta en alguna dirección. Huelga decir que un proceso constituyente sin petróleo, gas o diamantes bajo el suelo poco responde a la pregunta de qué comer.

En definitiva, que mientras nada se plantee nos seguiremos comiendo las propuestas interesadas de parte -de la Comisión Europea o de FEDEA- con patatas. Buen provecho.