La batalla de la opinión pública (y III)

Conflicto de legitimidades y prospectiva

Aunque parezca increíble la tercera parte es aún más larga y aburrida que sus antecesoras

La crisis política vivida en España a lo largo de los últimos meses ha puesto de manifiesto la existencia de un conflicto de legitimidades entre el poder político emanado de las instituciones y, en última instancia, del voto, y el poder de la opinión pública visualizado en sus distintas representaciones (que, recordemos, junto al propio sufragio serían sondeos, medios de comunicación y manifestaciones).

Las múltiples interpelaciones de la opinión pública a sus supuestos representantes políticos a través de sus distintas vías de expresión recibieron una frustrante indiferencia como respuesta, e incluso generaron reacciones peores, intentando mostrar a los opuestos al conflicto como una banda de “amigos de los violentos” manipulados por la “oposición de pancarta”, utilizando para ello el Gobierno todos los resortes de su poder, que los tiene, y muchos, no sólo en el Parlamento sino mediante la movilización de su electorado más fiel (que comenzó a alzar la voz en la última fase del conflicto quejándose del “intolerable acoso” a que era sometido su partido, no dio muestras consistentes de discrepancias con la cúpula del partido y tendió, en el caso del electorado políticamente activo, a mirar con ojos de preocupación la poltrona) y, en particular, de los resortes mediáticos a los que tenía acceso el Gobierno.

Todo esto, junto a la finalización victoriosa de la guerra en sí, ha creado una serie de efectos en el medio plazo que es arriesgado definir en la víspera de unas elecciones, pero como los tenemos igual de bien puestos que Ánsar, lo haremos:

¿La guerra que nunca existió?

Las diversas representaciones de la opinión pública han tendido a reubicarse en su “posición de partida” anterior al conflicto, al menos en apariencia:

– El poder político, aunque ha seguido (gracias, entre otros, al propio Ánsar) refiriéndose continuamente a la guerra y sus consecuencias en su discurso electoral, ha tendido a moderar su postura y, en el caso del PP, acrecentar su confianza de que “lo peor ya ha pasado”.

– Los sondeos, o al menos las ridículas muestras efectuadas por los medios de comunicación que nos han presentado como tales, tienden a mostrar también la supuesta minimización de los efectos electorales del conflicto. En apariencia, la gente se ha olvidado de la guerra en menos de un mes, o en todo caso no la tendrá en cuenta al depositar su voto. La guerra, en este sentido, no tendrá efectos, o al menos así lo aseguran los sondeos, casi todos menos, paradójicamente, el sondeo del CIS, único digno de tal nombre, que sí muestra un desgaste importante del Gobierno, pero que por haberse realizado en plena guerra, y al darse por supuesto que el chapapote bélico se ha ido de la memoria de los ciudadanos con la misma virulenta velocidad con la que, supuestamente, llegó, no tendría ningún valor.

– Los medios de comunicación, obedientes, han vuelto a su situación de partida, abandonando la crispación informativa y centrándose en otros asuntos: más que en la guerra en sí, en cómo la guerra impacta en el discurso de campaña electoral, constatando, al mismo tiempo, que la guerra ha terminado y su presencia mediática, por tanto, también lo ha hecho, pese a que sus efectos se nos antojen en realidad aún más alucinantes que el propio desarrollo del conflicto (expolio cultural, integrismo religioso como nuevo poder representativo de Irak, fracaso total en el descubrimiento de los famosos “Detergentes de Destrucción Masiva de Gérmenes”, impúdico reparto de beneficios, esplendoroso fracaso de los gestores “de transición a la democracia” nombrados por EE.UU., etc).

– Las manifestaciones sociales, por último, han sido barridas del mapa, algo totalmente lógico a la luz del final de la guerra pero que tiene un efecto devastador en lo tocante a su representación, y sobre todo peso político, ante los medios de comunicación, los políticos y los propios ciudadanos, estén o no a favor de Ánsar y sus hazañas bélicas.

Lo sorprendente es que se esté tan seguro de que, a los efectos de su impacto en la opinión pública, “la guerra ha terminado”. Vivimos en una cultura de la velocidad (la guerra duró menos de dos semanas pero se vivió con tanta intensidad que parece que haya durado mucho más tiempo, y terminó hace apenas un mes, pero se recuerda como un evento ya remoto, o eso nos dicen al menos). Como ya no hay guerra, tampoco hay efectos que lamentar / desear / temer. Se acabó, todo vuelve a la normalidad. En tres o cuatro semanas parece, sólo parece (pues quizás el entorno más inmediato de cada uno no lo refleje así), diciéndolo con claridad, que Ánsar puede salir indemne del chapapote en el que él mismo se metió, y encima haciendo alarde a lo largo de toda la campaña electoral de cómo los tuvo suficientemente bien puestos para meternos en él.

Personalmente creo que podemos estar asistiendo a un proceso de “espiral del silencio”, en virtud del cual se convence al público, a través de diversas vías pero sobre todo de los medios de comunicación, de que la opinión mayoritaria ha cambiado y por tanto la suya también debería hacerlo. Exactamente lo mismo que justificó la oposición a la guerra en su momento (como explicamos en el Apartado I de este ladrillo) pero en sentido contrario y de efecto más difuminado. Es más, de efecto indemostrable, pues no sabemos si los ciudadanos votarán al final en función de la guerra o no y tampoco sabemos en qué sentido lo harán. Sólo tenemos meros indicios que no aclaran demasiado y, en la práctica, se justifican como forma de influir de alguna manera en “lo importante”, el voto, única representación de la opinión pública que cuenta, al menos, en nuestro país.

La postura que defendemos aquí es, recuerden, que la virulenta oposición a la guerra forma parte de una tendencia electoral de fondo, que la ciudadanía no es imbécil ni tan olvidadiza como se cree (con lo que, vote lo que vote, sí que tendrá en cuenta el chapapote de la guerra, y también el otro) y que en una situación de conflicto con mayúsculas entre Gobierno y opinión pública como la que hemos vivido es una cuestión de buen funcionamiento del sistema democrático que se pase factura al Gobierno por su “mal comportamiento”. En estos momentos la nuestra es la postura del profeta clamando en el desierto, lo cual, en un terreno tan resbaladizo y difícil de cuantificar como los estudios electorales y la opinión pública, es una posición enormemente cómoda, pues si acertamos “La Página Definitiva fue el único medio de comunicación que supo ver lo que iba a pasar y se lo contó desde un principio”, y si fallamos “los movimientos electorales son impredecibles, los sondeos determinaron el voto” y un largo etcétera.

Esta puta democracia, qué cosas tiene

El resultado de las elecciones es vital no sólo por las razones arriba aducidas, sino porque determinarán la evolución posterior de esta incipiente “toma de conciencia política” por parte de la ciudadanía. Si las manifestaciones contra la guerra tienen un efecto importante sobre la decantación del voto, ocurrirán dos cosas:

– El Gobierno no tendrá más remedio que rectificar, acercando su postura a la de los ciudadanos, y en el futuro tendrá mucho cuidado en atender a su opinión.

– La opinión pública será más proclive a ejercer su derecho a la manifestación, a la acción política, a la discrepancia con sus representantes políticos, en suma, en futuras acciones del Gobierno. ¿Qué ocurrirá si George W. Bush decide atacar Irán en Noviembre, por ejemplo, y el PP ha perdido varios ayuntamientos y comunidades autónomas de peso de resultas de su apoyo en el pasado? Mirará para otro lado, sin duda alguna, una vez exhibidas de forma palmaria las consecuencias de hacer caso omiso del público (y la amenaza de sufrir un segundo envite de la opinión pública con efectos aún más devastadores).

El Nuevo Mundo de la comunicación

Con cierta independencia de lo que ocurra en las elecciones, todo el chapapote prebélico ha puesto de manifiesto la aparición, o más bien el desarrollo, de una nueva forma de ejercer la acción interpersonal, una nueva forma de adquirir información, y una nueva forma de movilizar al público. En todos los casos, el bienvenido “culpable” principal es el nuevo sistema de comunicación desarrollado a través de la Red, que permite no sólo piezas tan excelsas y sublimes como La Página Definitiva, sino que trasciende el ámbito convencional de la acción política y social para ubicarnos en otro nuevo, mucho más rico (y tranquilos por el tono New Age en plan visionario, es intencionadamente exagerado; no acabo de llegar de Raticulín):

– Como ya explicábamos en nuestro análisis de la guerra en el plano mediático, los ciudadanos han tenido ocasión de configurarse un menú informativo a medida, sin necesidad de depender de los grandes medios de comunicación nacionales. La relevancia de TVE en el conflicto, y de las grandes televisiones privadas, ha disminuido enormemente gracias a la existencia de canales temáticos informativos, pérfidas televisiones extranjeras plagadas de hintelectuales, como Fox News, pero también la BBC o Al Yazira.

– La existencia, junto a los medios masivos “convencionales”, de otros medios no convencionales, o no masivos, o ambas “no-cosas”, ha aumentado el pluralismo hasta cotas insospechadas, y si bien en muchos casos la relevancia o veracidad de informaciones que circulaban por la Red podía ser razonablemente puesta en duda, también contribuía a relativizar las informaciones pensadas para el gran público de los medios de comunicación de masas. Los medios de Internet, totalmente incontrolables, han contribuido poderosamente al desarrollo incontrolado de las manifestaciones ciudadanas.

– La Red también generó un efecto importantísimo de cara a la extensión de la discusión ciudadana (y por tanto el interés y la implicación) en el plano de las formas de comunicación interpersonal, o el simulacro de comunicación interpersonal que se da en los chats (“oye pinturerilla soy un marine de los EE.UU. pero estoy en contra de la guerra”, dice José Luis, un tirillas recién escudillado en el Instituto, que atiende al seudónimo de “Robusto”, a lo que “Celeste”, un camionero de 57 años llamado Ramón en la vida real, le contesta: “me dejas cautivada, Robusto. Yo estoy superconcienciada con la guerra, y me parece fatal; ¿quieres que quedemos mañana para dar un paseo por la playa antes de la Mani?”), los foros de debate y, sobre todo, el email, a través del cual se difundieron sin descanso mensajes contrarios al conflicto y que, además, llamaban a la acción ciudadana contra el mismo. La Red, en este sentido, sobre todo la Red como sistema de comunicación interpersonal desarrollado a través de comunidades virtuales, ha llevado la bandera no tanto de la información cuanto de la movilización.

– Todos estos sistemas informativos, peculiares y característicos de las nuevas tecnologías de la comunicación digital, son los que han dado a las movilizaciones de masas su dimensión internacional, que ha elevado la importancia de la opinión pública hasta el punto de situarla como contrapoder de EE.UU., una pretensión obviamente falsa (pese a la innoble, inaudita y terrible violencia que ejercieron todos, toditos los manifestantes contra la pulcra inocencia de los dirigentes del PP, llamándolos asesinos e incluso tirándoles algún huevo, es indudable que su potencial militar, aunque algunos -no todos, pues es sabido que los melenudos antisistema, que en la práctica eran el núcleo de todas las manifestaciones, no se lavan- tengan detergente en sus casas, no alcanca las cotas de “La mayor democracia del mundo”), pero que no es óbice para seguir considerándola una instancia democrática que los gobernantes harían bien en tener en cuenta, sobre todo aquellos que peor supieron vender el producto “Super Sadam Asesino Dominará el Mundo” a sus electorados, como el propio Ánsar, cuyo país fue el primero no musulmán en cuanto a los porcentajes de oposición a la guerra.

El problema: ¿Qué ocurre si un gobernante se vuelve loco?

Como hemos insistido en varias ocasiones a lo largo de este insoportable delirio textual, el problema que se ventila aquí, la cuestión principal, es el voto. Todo lo demás, como ha demostrado de forma palpable el Gobierno con su actitud, sólo sirve en función de su incidencia en la intención de voto, y por tanto, si no tiene incidencia en el voto, no sirve para nada.

Esto es así porque en España, como cualquier ciudadano sabe, la división de poderes no funciona. La lamentable imagen de los 183 parlamentarios del PP votando a favor del presidente del Gobierno es sólo el producto nefasto de un error a la hora de delimitar los ámbitos de actuación, y las interrelaciones, de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Error, claro, desde la perspectiva del buen funcionamiento del sistema democrático, no desde otras menos confesables.

En España la división entre Legislativo y Ejecutivo, sencillamente, no existe, sobre todo en una situación de mayoría absoluta del partido gobernante, y esto es debido a varios efectos perversos:

– Aunque el Parlamento es bicameral, el sistema de elección del Senado favorece en mucha mayor medida a los partidos mayoritarios que las elecciones al Congreso, de tal forma que el partido con mayoría absoluta en el Congreso siempre la tiene también en el Senado. Así, el Senado sólo sirve para alargar innecesariamente lo que ya se ha decidido en el Congreso, introduciendo cuestiones de matiz que no revisten la menor importancia. El Senado no sirve para nada, diluido desde el principio su supuesto carácter de representación territorial – autonómico; y no sirve no sólo porque el sistema sea más favorable a los partidos mayoritarios, sino porque, al votarse al mismo tiempo, en las Elecciones Generales, al Congreso y al Senado, los resultados tienden a ser exactamente los mismos. Sólo con situar las elecciones al Senado dos años después de las elecciones al Congreso, o conjuntamente con las Autonómicas, la cosa cambiaría muchos enteros.

– Con independencia de lo anterior, en España el Poder Ejecutivo, el Gobierno, es escogido por el Parlamento. Esto es, se supone que en España no hay elecciones a la Presidencia del Gobierno, sólo elecciones parlamentarias. Por tanto, todo el poder, la capacidad de elegir al poder Ejecutivo, reside en el Parlamento. Las elecciones parlamentarias no son, en realidad, o no son sólo, parlamentarias. Su importancia reside en que ese Parlamento será el encargado de escoger Gobierno. Y como el candidato de cada partido político suele ser el líder más o menos indiscutido (y mucho menos indiscutido desde el momento en que accede a la presidencia del Gobierno y comienza a ejercer el poder y a repartir prebendas), y muchas veces el responsable, directamente o a través de hombres de confianza, de la configuración de las listas -cerradas, naturalmente- al Congreso, los parlamentarios de su partido son un grupo de hombres agradecidos al gran líder, totalmente incapaces de poner en duda la bondad de sus actos en los asuntos más escandalosos (como la invasión de Irak que nos ocupa); no son correa de transmisión de la ciudadanía, sino del Gobierno, auténtico “intérprete de la voluntad popular”. Si le da por ahí, naturalmente.

– Este defecto estructural de nuestro sistema provoca una gigantesca concentración de poder, cuando un partido tiene mayoría absoluta, no sólo en manos de dicho partido, sino de su líder. Ánsar, hoy por hoy, domina ambas cámaras legislativas y, naturalmente, el Gobierno.

– Sólo el poder judicial, merced a la excentricidad, soberbia, locura (o, llámenme iluso si quieren, “convicciones democráticas”) de sus más fidedignos representantes, atesora cierta indepedencia respecto de los otros dos, que actúan como un todo, y cuyo poder queda diluido más bien por la existencia de “pequeños poderes” (autonomías y municipios no controlados por Ánsar, es decir, controlados por la oposición o por miembros “levantiscos” del PP, esto último algo que sólo se ha dado, por desgracia, en contadísimas ocasiones)

– De esta forma es fácilmente comprensible la frustración de la ciudadanía al estrellarse una y otra vez ante el muro de la mayoría absoluta, nuevo Muro de Berlín enarbolado por Ánsar en una torticera apropiación de la voluntad popular: el pueblo estaría representado en el Parlamento, y sólo en él, todo lo demás es “irresponsabilidad de pancarta”. Frustración, sobre todo, porque para rendir cuentas se les remite exclusivamente al sufragio, es decir, la oportunidad de hablar una vez cada cuatro años, una cada dos como mucho si se utilizan las municipales y autonómicas también para castigar o premiar al Gobierno central (en cuyo caso, a su vez, decaería la calidad de nuestra democracia representativa en el plano local, algo que nosotros creemos que, en la coyuntura actual, es preciso asumir en vista del entusiasmo de Ánsar por la única legitimidad que dice reconocer, el voto).

– Y frustración porque, al aunar en unas solas elecciones generales el poder Ejecutivo y el Legislativo, al concentrarse casi todo el poder en unas manos, ¿a quién acudir? ¿Al poder judicial para denunciar a Ánsar como criminal de guerra? No parece más que un bonito consuelo remitido, en cualquier caso, al largo plazo. ¿Al Monarca? Muchos ojos se giraron hacia el Monarca cuando se constató que Ánsar no tenía ni la menor intención de cambiar de opinión o, al menos, hacer algún gesto de comprensión, de acercamiento hacia las posiciones enarboladas en las manifestaciones públicas. Pero el Monarca, en España, no tiene ningún poder para cambiar las decisiones del Gobierno, ni siquiera para criticarlas. El Monarca, en España, está para dar el toque folklórico. Porque tampoco parece plausible la explicación de algunos voluntariosos exégetas de que, en realidad, Su Majestad, manteniendo un prudente silencio, está enviando el sutil mensaje a la ciudadanía de que “está con nosotros”. Y aunque así fuera, a los efectos de afectar a las decisiones del Gobierno, ¿qué más da? Hemos de congratularnos, y no lamentarnos, de que el Rey no tenga poder efectivo, pues su poder no derivaría de ninguna instancia democrática, sino de la evolución de oscuras e incomprensibles razones histórico – dinásticas (o más bien de una visión idealizada de dichas razones, que justificarían, en todo caso, su ausencia del poder y de España, no por sus grandes fazañas, sino por las de sus brillantes antecesores). El Rey no puede, y no debe, hacer nada en ninguna circunstancia. Y entonces, ¿para qué sirve? ¿Y por qué sigue ahí viviendo del erario público? Buenas preguntas, pero no me las hagan a mi que tengo una boca (la mía) que alimentar. Digamos que el Rey atesora un gran “poder simbólico” y ahí me quedo, que como en el Un Dos Tres “ya no puedo escribir más”.

Urge, en cualquier caso, cambiar de una vez el sistema electoral, por lo menos reformar el Senado para que pueda servir para algo, determinar la conveniencia de separar las elecciones legislativas de las presidenciales (algo que no se puede hacer, como diría Ánsar, “sin complejos”, precisamente por la incómoda posición en que quedaría el Monarca) e incentivar un sistema electoral que favorezca tanto la autonomía de los parlamentarios (las famosas listas abiertas que todo el mundo quiere implantar mientras está en la oposición, hasta que llega al Gobierno y se da cuenta del chollo de la dedocracia parlamentaria) como, sobre todo, que dificulte la aparición de las mayorías absolutas, verdadero desastre, en términos de salud democrática, de nuestro país, tanto en la época del rodillo socialista como en el actual II Gobierno Ánsar.

Para ello bastaría algo tan sencillo como suprimir la actual asignación directa de dos escaños por provincia, con independencia de la población, con lo que las provincias más despobladas están sobrerrepresentadas (y esta asimetría en la representatividad, necesaria para asegurar la “voz de las minorías” en términos geográficos, ya está garantizada por el Senado). Y dado que además estas provincias presentan sólo tres o cuatro plazas en disputa, que van siempre a parar a los partidos mayoritarios, mientras que los minoritarios son minimizados por el “voto útil” que sólo desaparece -parcialmente- en las provincias más pobladas, como Madrid o Barcelona, podría plantearse directamente la sustitución de las circunscripciones provinciales por las regionales, que en todos los casos reducirían los efectos del voto útil, beneficiando a los partidos minoritarios (sobre todo a los de alcance nacional, como IU -el único “minoritario” que queda en términos nacionales, precisamente por las dificultades de superar el voto útil, pero también a los regionalistas o nacionalistas) y aumentando la representatividad democrática del Parlamento. El problema, claro, es que todas estas medidas dificultan la aparición de mayorías absolutas y son muy perjudiciales para los señores a los que se les llena la boca hablando del Parlamento como única fuente de legitimidad, sobre todo porque, en el momento actual, las disposiciones de los parlamentarios, legítimos depositarios de la voluntad nacional, son las que dice Ánsar. Es decir, Ánsar es el pueblo, y el pueblo es Ánsar. Todo lo demás son irresponsables, compañeros de viaje de “los violentos”.wedding sketchпосуда на заказ


Compartir:

Nadie ha dicho nada aún.

Comentarios cerrados para esta entrada.