La batalla de la opinión pública (II)

Los efectos de las manifestaciones en la política española

Un ejercicio gratuito de violento sopor verbal

En el caso de España, podemos afirmar que hay una percepción mixta de desaliento y cabreo paulatinamente aumentado ante la aparente inutilidad de las manifestaciones para modificar la posición de nuestro Gobierno. La percepción es mixta, y contradictoria en sus dos manifestaciones, justamente por las consecuencias del rechazo: el Gobierno no nos ha hecho caso puede significar “las manifestaciones no sirven para nada”, pero también “¿cómo es posible que un Gobierno representativo haga caso omiso de nuestra protesta?”. Esto, que es una obviedad, genera un doble efecto de deserción (de participar en las manifestaciones, no un cambio de postura a favor del Gobierno) y también de radicalización (lo cual quiere decir ejercer el “terrible acoso” en el que patéticamente se ha refugiado el PP, como si la cosa no fuera con ellos). Conviene plantearse para qué han servido las manifestaciones, qué valoración merece la reacción del Gobierno a las mismas, y hasta qué punto este rechazo de la opinión pública a una guerra recién finalizada tendrá consecuencias en el largo plazo. Vayamos por partes:

1) Efectos en el corto plazo:

– La guerra, a día de hoy, es el eje único de la política y la actualidad españolas, y lo lleva siendo desde hace más o menos tres meses. Esto, desde la perspectiva de un enfrentamiento con el Gobierno, supone un enorme desgaste y pérdida de credibilidad. Los movimientos electorales suelen producirse no mediante cambios virulentos sino a través de tendencias de fondo que evolucionan lentamente a lo largo de varios meses. En este sentido, no puede decirse que ninguno de los errores del Gobierno en solitario haya supuesto un cambio de tendencia electoral que vaya más allá de lo anecdótico, pero la confluencia de todos ellos sí que puede estar conformando una tendencia de fondo en la que más adelante ahondaremos, pero cuyos efectos en unas elecciones son previsibles.

– La guerra ha producido crispación, en buena parte gracias a la irresponsabilidad del PP, criminalizando las manifestaciones y haciendo alusiones totalmente prescindibles a conceptos tales como la Unidad de España. Esta crispación ha provocado paulatinamente una pérdida de credibilidad de la clase política en su conjunto, que sólo ha logrado estar en su lugar en contadas ocasiones, pero sobre todo ha provocado la pérdida de credibilidad del Gobierno, particularmente en uno de los ejes de su política: la lucha antiterrorista. Aunque en el momento actual, con todo el foco de la atención pública puesto sobre la guerra en Irak, no se perciban sus efectos en este asunto particular, no es baladí recordar que los ejes de la crítica de la opinión pública al Gobierno Ánsar son los mismos del discurso político de los proetarras: el acoso a los partidos constitucionalistas, particularmente el PP, en el País Vasco “no es para tanto” y “El PP utiliza tácticas filoterroristas que vulneran la legalidad”, apoyando la guerra e ilegalizando Batasuna (más la clásica retahíla de referencias a la falsedad del sistema democrático en lo concerniente a la acción policial y la soberanía del “Pueblo Vasco”). Es ocioso apuntar que la política del Gobierno no es la misma en ambos casos, y la situación tampoco. Pero perdiendo credibilidad en lo concerniente a la guerra, también lo hace en lo que se refiere al conflicto en el País Vasco.

– La guerra, por último, en cuanto a sus principales efectos, ha generado un movimiento heterogéneo de la opinión pública en la que los actores sociales tienen mucha más importancia que los políticos, que desmiente con firmeza las pretensiones de apatía y desinterés por la política por parte de los ciudadanos, en particular los más jóvenes. Hoy por hoy, la continuidad de este movimiento mediante nuevas manifestaciones es una incógnita, si bien es previsible que en una situación previa a unas elecciones, y con noticias relativas a la posguerra que no cesarán de surgir en los próximos meses, no desaparezca como por ensalmo.

2) Reacción del Gobierno

Ante un rechazo tan mayoritario de la opinión pública no sólo -ni principalmente- ante un asunto de política internacional -la vulneración de la legalidad internacional por parte de EE.UU.-, sino ante la posición destacada de nuestro Gobierno en dicho asunto de política internacional, el Gobierno tiene varias opciones:

– Rectificar, acercándose en mayor o menor medida a la postura de la opinión pública, esto es, no necesariamente rechazar de plano la guerra sino al menos mantener una postura neutral en el proceso, ejercida, por ejemplo, mediante una eventual abstención en el Consejo de Seguridad de la ONU y una acción política movida por la necesidad de recuperar el consenso en la UE.

– Intentar aumentar el apoyo de la opinión pública explicando su postura. Es lo que ha hecho, a grandes línas, Blair en Gran Bretaña, no sólo en el Parlamento sino mediante comparecencias públicas, participación activa en diversos medios de comunicación, … Una postura así requeriría un fuerte esfuerzo pedagógico por parte de los gobernantes, un énfasis continuo en argumentos mínimamente creíbles que apoyen sus razones, y una cierta búsqueda del consenso con la oposición política y la opinión pública (por más que no implicara una rectificación de fondo, sí al menos una moderación en las formas). En este asunto hay que convenir que es una postura muy complicada, a la luz de la aparente ausencia de argumentos convincentes que apoyen el uso de la fuerza para evitar los supuestos peligros que la justifican, pero al menos tiene un efecto positivo: aunque el rechazo de la opinión pública no varíe demasiado, sí se modera, y el desgaste político de los gobernantes es mucho menor.

– En realidad, las dos anteriores resumen las dos posiciones básicas que puede adoptar un Gobierno democrático en relación a su opinión pública. Pero el Gobierno Ánsar ha seguido una particular Tercera Vía que parece sustentarse en dos pilares:

o Firmeza: no rectificar en lo más mínimo los planteamientos del Gobierno, por absurdos que puedan resultar a la opinión pública. Pero además
o Oscurantismo: No intentar explicar las razones en virtud de las cuales se supone que la firmeza del Gobierno tendría justificación, por no haberlas o por considerar que son contraproducentes para defender la posición del Gobierno ante la ciudadanía.

En ambos casos el resultado es el mismo: el divorcio cada vez mayor del Gobierno y una parte sustancial de su opinión pública, resultado de una estrategia genérica de respuesta ante las adversidades basada en el axioma, dicho con crudeza, “el público es tonto”. El Gobierno, en apariencia, está convencido de que a la hora de la verdad el desinterés de los ciudadanos por la política hará olvidar lo ocurrido en los últimos meses, gracias a una estrategia propagandística cada vez más zafia y evidente (cuya eficacia se fundamentaría en el axioma anteriormente referido) a través de los medios de comunicación afines, y en diversas ideas fuerza encaminadas a desviar la atención (la criminalización de los manifestantes sería la más importante) y minimizar el impacto visual de las manifestaciones.

Es, sin duda, un error de bulto, pues ahonda en una de las principales razones de enconamiento de la opinión pública con el Gobierno: la zafia manipulación de la información, de la realidad, e incluso del lenguaje puede que consiga convencer a una parte pequeña de la ciudadanía, pero desde luego indigna a los contrarios al Gobierno, no sólo a los que lo son por convicciones ideológicas anteriores al comienzo del show de la guerra sino también a los que en un momento dado podrían haber vuelto al redil electoral de un Gobierno más sensible a la opinión pública y que en estos momentos, por incompetencia de la oposición, permanece probablemente en la abstención. El Gobierno no sólo minusvalora sistemáticamente la capacidad del ciudadano para interpretar de forma independiente los datos que se le aportan, sino que ni siquiera ha tenido en cuenta que, en cualquier caso, la implicación del grueso de la ciudadanía en este asunto es mucho mayor, y en consecuencia su interés por la información, y por tanto su capacidad de interpretarla de forma contraria a como podría desear el Gobierno, en cuanto receptor, también. Con su actitud el Gobierno no ha operado como alguien que cree en lo que hace y dice y se siente incomprendido por su opinión pública (imagen que sí ha logrado dar Blair), sino como alguien que conscientemente está mintiendo a los ciudadanos y reacciona con irritación al constatar que éstos se han dado cuenta y se movilizan en protesta.

3) Efectos a largo plazo

Si, como defendemos al principio, la oposición a la guerra se convierte en una tendencia electoral de fondo (y el PP, y Ánsar en particular, han hecho todo lo que estaba en su mano para que así fuera), es muy posible que las elecciones del 25 de mayo, particularmente las elecciones autonómicas, sean leídas como una especie de plebiscito al Gobierno; en tal caso, aunque no se produzca un descalabro del PP, bajando por debajo del 30% en intención de voto, sí que es posible encontrarnos una caída importante, con la pérdida del poder en una o dos comunidades autónomas de peso (Madrid y/o Comunidad Valenciana); lo cierto es que a la hora de la verdad la única manifestación de la opinión pública que preocupa realmente a los partidos políticos, y es lógico que así sea, es su representación formal, expresada en el voto: todas las demás representaciones (sondeos, “opinión publicada”, manifestaciones callejeras) preocupan en tanto en cuanto puedan tener un efecto sobre la intención de voto. En este sentido, sería un ejercicio fundamental de salud democrática que, en efecto, las manifestaciones contrarias a la guerra tuvieran un impacto electoral más o menos importante sobre el partido en el poder el 25 de Mayo, y por una razón muy sencilla: lo contrario (un efecto minimizado en las elecciones, una dilución del movimiento social generado a raíz del desafortunado papel de España en el conflicto) sería enviar un mensaje nítido a la clase política: “haced lo que queráis, el público ladra pero no muerde”. Un mensaje que desactivaría de facto el peso de la opinión pública en el debate político español, en la convicción de que, en realidad, la gente es voluble, poco firme en sus convicciones, fácilmente manejable mediante estrategias de propaganda más o menos zafias, etc. Y no debemos leer esto como una estrategia espúrea de debilitamiento electoral del PP, simplemente como la constatación de que, en cualquier democracia mínimamente consolidada, un divorcio entre el Gobierno y la opinión pública tan grande como estamos viviendo en España ha de tener, como simple reflejo de la credibilidad del sistema democrático, una consecuencia en las urnas que además dé pie al Gobierno a rectificar al menos en las formas de su acción política, y a la ciudadanía a presenciar una asunción seria de responsabilidades por parte de sus representantes políticos (a día de hoy en España ni siquiera ha dimitido el Ministro de Fomento pese a su brillante gestión de los dos principales asuntos que han recabado la atención de su ministerio, Prestige y AVE), cosas que hasta ahora no han ocurrido.

III. Conflicto de legitimidades y prospectiva

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